Entre 1980 y 1996, el Distrito Federal y el estado de México, donde se asienta la Zona Metropolitana del Valle de México, tuvieron una tasa de crecimiento anual promedio del producto interno bruto (PIB) local, inferior a la nacional (1.50, 1.73 y 2.07 por ciento, respectivamente).

Este crecimiento menor fue aún más notorio en la industria manufacturera: -0.34, 1.50 y 2.00 por ciento. Por ello, la participación de ambas entidades en el PIB nacional cayó de 25.15 y 10.84 a 22.98 y 10.37 por ciento; y en el PIB manufacturero, de 29.46 y 18.07 a 20.34 y 16.72 por ciento. La pérdida de peso económico e industrial podría mostrar un saludable proceso de desconcentración de la economía nacional.

Pero la caída del dinamismo de la economía y la manufactura de las dos entidades, con 33.35 por ciento de la población nacional en 1995, tuvo efectos negativos sobre el empleo, los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes.

El DF es el más afectado por el estancamiento económico e industrial. Ha sufrido una intensa desindustrialización, mostrada por la caída de la participación de la industria en el PIB local, de 32.02 a 19.09 por ciento entre 1970 y 1996. Esto es resultado de la crisis económica de larga duración; la inadecuación de gran parte de su industria, orientada al mercado interno, a la apertura comercial; la ausencia de política industrial federal y local; y la convicción, poco sustentada, de que la ciudad debe especializarse en el sector terciario (comercio y servicios).

En la práctica se ha perdido un gran número de empresas industriales, sobre todo medianas y grandes, que quebraron o se relocalizaron en otras partes del país; y las zonas fabriles capitalinas se vacían, cambian de uso o se deterioran estructuralmente.

Efectivamente, la ciudad se ha terciarizado, pero en forma polarizada: el sector moderno comercial y financiero ha crecido, pero por su naturaleza crea poco empleo, sobre todo de alta calificación y bien remunerado; la mayor expansión se ha dado en el sector informal, con trabajo precario de baja productividad, que absorbe a una gran masa de trabajadores poco calificados, sin estabilidad laboral y con muy bajos salarios.

En 1996, 41.8 por ciento de la población ocupada en el Distrito Federal se ubicaba en el sector informal y el trabajo precario. Esta terciarización informal no puede ser la base de sustentación del desarrollo económico y social de la metrópoli, ubicada en el segundo lugar de la jerarquía mundial de ciudades.

Urge, por tanto, redefinir el perfil económico futuro del DF y, en forma concertada, de la zona metropolitana, y aplicar una activa política de desarrollo económico con equidad distributiva de mediano y largo plazos que garantice al mismo tiempo la viabilidad económica de la gran ciudad, la creación suficiente de empleo estable, durable y bien remunerado para sus habitantes, que reduzca los costos sociales de la informalidad, permita elevar la recaudación fiscal para ampliar el gasto público en inversión y operación de infraestructura y servicios de calidad, y que vaya eliminando las causas socioeconómicas de la delincuencia.

Aunque la política económica y social depende básicamente del Ejecutivo federal, los gobiernos del DF y del estado de México --si unen sus voluntades y esfuerzos-- cuentan con instrumentos y fuerza para negociarla y orientarla en su ámbito territorial: el papel nodal que juega la metrópoli en la relación de México con el proceso de mundialización económica e informática; el gran peso relativo de su economía en el contexto nacional y la capacidad de negociación que le confiere; su alta participación tributaria a la federación; las ventajas comparativas, economías de aglomeración y externalidades que concentra en su territorio, incluyendo infraestructura y servicios de calidad; la concentración financiera, de servicios a la producción y nodos informáticos; la formación universitaria y la investigación científica; y el manejo de la regulación e intervención sobre el desarrollo urbano, referido al asiento territorial de toda actividad económica.

No será posible garantizar la superación de la pobreza, que afecta a cerca de dos tercios de la población capitalina y metropolitana, y el mejoramiento durable de su calidad de vida, si en los dos ámbitos territoriales no se aplica una activa política coordinada de promoción del crecimiento económico sostenido y sustentable con equidad, creación de empleo durable, calificado y productivo, recuperación sostenida de salarios e ingresos, y garantía universal y permanente de los derechos a la alimentación, la vivienda, la educación y la salud de los trabajadores de la megaciudad.

El patrón actual de crecimiento económico producirá más pobres que los que pueda atender cualquier política de asistencia social y combate focal a la pobreza.