MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Arrastra a Menem el caso del tráfico de armas
Versión de que habrá cambios en el gabinete De la Rúa
Ť Nombra Guido di Tella defensor ante posible enjuiciamiento
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 12 de septiembre Ť El escándalo por el presunto cobro de sobornos en el Senado argentino continúa mientras se acentúan los rumores de cambios en el gabinete luego de que el presidente Fernando de la Rúa regrese de su viaje a China.
Mientras, se agrava la situación del ex presidente Carlos Saúl Menem, quien es imputado, según el artículo 73 del Código Penal, en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995, y los rumores de una reunión secreta mantenida recientemente con De la Rúa envenenan el ambiente.
El ex presidente Raúl Alfonsín volvió a ratificar este día que si se comprueban los sobornos, "en lo que no creo", no seguiría en la política activa.
A su vez, el vicepresidente Carlos Alvarez, se mostró molesto por las versiones de la posible reunión De la Rúa-Menem y se negó a aceptar que esto haya sucedido, "primero porque nadie necesita a Menem en esto, y segundo porque la asociación entre delito y política fue la herencia que nos dejó el gobierno pasado y esta crisis revela el daño hecho al país".
El avance en las investigaciones llevó al ex canciller Guido di Tella --quien conjuntamente con Menem, los ex ministros Erman González y Domingo Cavallo y el ex titular del ejército Martín Balza están imputados en caso del tráfico de armas-- a nombrar al ex camarista León Arslanián para que lo defienda ante la justicia.
El juez federal Julio Speroni desde el principio apuntó hacia Menem, quien firmó los decretos para vender armas supuestamente Panamá y a Venezuela, por lo cual el ex mandatario puede quedar procesado.
En la causa ya están detenidos el ex director de Coordinación Empresarial de Fabricaciones Militares coronel retirado Edberto González de la Vega, y el ex gerente de la empresa Rodolfo Sarlenga.
Precisamente, De la Vega declaró que los verdaderos responsables del contrabando de armas y pólvora son Menem, los ex ministros mencionados y Balza.
Fabricaciones Militares nunca podría haber exportado armas sin autorización de las secretarías de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, y sin que el ex mandatario peronista pusiera su firma para realizar las operaciones.
En tanto, el juez Carlos Liporaci, que lleva la investigación por los presuntos sobornos, que desde hace semanas mantiene en vilo al Senado, citó para testimoniar al ex presidente Raúl Alfonsín y a Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En el primer caso, sólo para saber qué habló el ex presidente Alfonsín con el vicepresidente Alvarez antes de que éste se presentara como denunciante para exigir la investigación en el Senado.
Todas estas acciones contribuyen a una mayor confusión aquí y el supuesto encuentro secreto entre De la Rúa y el ex presidente Menem no hace sino acentuar las dudas sobre una jugada política, que ya ha sido mencionada y que involucran "acuerdos en sombras" de algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical, el mayor partido de la Alianza, y los seguidores de Menem para deshacerse del socio político aliancista, el Frente País Solidario.
En este marco, el periódico Clarín informó que el tercero en jerarquía en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Román Albornoz, renunció a raíz de un enfrentamiento entre el ministro del Interior, Federico Storani, y el titular de la Side, Fernando Santibáñez.
El ministro se habría quejado de que funcionarios de la Side hicieron circular versiones de que el dinero de los sobornos provino de la cartera del Interior.
Mientras los sindicatos exigen derogar la ley de reforma laboral marcada por la sospecha, Izquierda Unida realizó una movilización esta noche ante la casa del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, al que se acusa de ser parte del caso de sobornos.
Por otra parte los presos por el copamiento del cuartel La Tablada, en 1989, ya cumplieron una semana de la nueva huelga de hambre --y presentan un preocupante estado de salud-- en demanda de que el Parlamento trate la ley para habilitar una segunda instancia judicial en la causa, ya que se comprobaron graves irregularidades en el juicio, tal como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En julio pasado los presos del movimiento Todos por la Patria fueron hospitalizados después de cumplir 46 días de huelga de hambre, pero la Cámara de Diputados sigue postergando el tratamiento de la ley.
Los diferentes organismos de derechos humanos exigen el trato urgente de esta situación y el cumplimiento de las exigencias internacionales.