MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Analiza Batlle exhortación argentina sobre ocho militares uruguayos
Piden tribunal del Cono Sur para juzgar a represores
Ap, Reuters, Afp y Dpa, Río de Janeiro, 12 de septiembre Ť La cruzada para enjuiciar a los responsables de la Operación Cóndor cobró hoy un nuevo impulso con una iniciativa lanzada aquí para formar un tribunal regional que juzgue a los líderes de ese plan, al tiempo que en Montevideo el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, analiza a fin de definir esta semana la respuesta a una exhortación de un fiscal argentino que pidió a su gobierno información sobre la actividad de ocho militares uruguayos entre 1976 y 1982.
El ministro uruguayo de Defensa Nacional, Luis Brezzo, dijo que ya entregó al presidente Batlle la respuesta elaborada por esa secretaría de Estado a la solicitud de información de la justicia argentina sobre los ocho militares acusado de haber estado vinculados con la Operación Cóndor, nombre con el que se conoció el mecanismo de coordinación represiva entre las dictaduras que gobernaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en la década de los años 70 y 80.
El fiscal argentino Miguel Osorio solicitó al gobierno uruguayo que le informe a qué fuerzas pertenecían ocho oficiales presuntamente involucrados en crímenes de lesa humanidad en Argentina, con el propósito de acumular pruebas suficientes para un eventual pedido de extradición.
Brezzo señaló que el tema está ahora en manos del presidente uruguayo, y posiblemente esta semana estará pronta para enviarla a la justicia argentina.
En Río de Janeiro, mientras tanto, el ex prisionero político paraguayo Martín Almada, quien descubrió en 1992 los archivos del horror que abrieron el camino para las investigaciones sobre la Operación Cóndor, sostuvo que los crímenes contra la humanidad no pueden considerarse un asunto interno de un país, por lo que que es indispensable crear un tribunal de derechos hu- manos en el Mercado Común del Sur.
Indicó que no "podemos escapar a la realidad: no se puede combatir a nivel nacional una acción cumplida con una estrategia internacional".
Durante una conferencia que se celebra en Río de Janeiro y que tiene como tema central los archivos de los organismos de represión en países sudamericanos, Almada lanzó la campaña para la creación de un tribunal que se dedicará a investigar a las dictaduras del Cono Sur en los 70 y la red de cooperación que instauraron para reprimir, torturar y eliminar a sus enemigos.
El abogado y defensor de los derechos humanos añadió que pedirá a jueces en Brasil, Argentina y España que juzguen a Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay durante 34 años hasta su derrocamiento en 1989 --exiliado en Brasil, desde entonces--, posición con la que coincidió el vicepresidente paraguayo, Julio César Franco, quien intervino en la misma confe- rencia sobre la Operación Cóndor.
Tiene que haber un momento, dijo Franco, en que "todas las personas que hayan cometido delitos y atropellos en relación a los derechos humanos y que son responsables del sufrimiento de nuestros pueblos, deben rendir cuentas".
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, por su parte, presentó una solicitud a la Procuraduría de la Nación el pasado 13 de junio para que abra un proceso a Stroessner, de 88 años de edad, y en las próximas semanas deberá decidir si el ex dictador paraguayo puede ser juzgado en este país por genocidio, crímenes de desaparición forzosa y tortura.