MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Plantea el PRD destinar 8% del PIB a educación
Proponen panistas deducir de impuestos las cuotas escolares
Ť Discutirán las iniciativas con el paquete económico de Fox
Ciro Pérez Silva Ť Las bancadas de PAN y PRD en la Cámara de Diputados promoverán sendas iniciativas para hacer deducibles de impuestos las colegiaturas y garantizar que se destine a la educación el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB). Ambas propuestas se integrarán a la discusión del paquete económico que enviará al Congreso el presidente electo, Vicente Fox, una vez que tome posesión.
Ayer se presentaron en el pleno dos iniciativas y dos puntos de acuerdo. El grupo parlamentario del PRD propuso reformar los códigos local y federal de Procedimientos Penales para tipificar como delito la "desaparición forzada" de personas. En caso de que esta iniciativa sea aprobada, este delito no prescribirá ni será sujeto de perdón al ser considerado de lesa humanidad.
La otra propuesta consiste en establecer nuevas reglas y plazos para agilizar el procedimiento de juicio político, adecuando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a la nueva estructura del Congreso.
En lo que se refiere a los puntos de acuerdo, en uno se planteó cambiar los horarios de transmisión de los llamados talk shows, y en otro formar una comisión que vigile los comicios en Tabasco, ante las acusaciones de los propios priístas acerca del desvío de recursos oficiales para asegurar el triunfo del candidato del gobernador Roberto Madrazo.
Respecto de la propuesta para deducir de impuestos las cuotas escolares, los panistas revisarán y adicionarán una iniciativa que presentó el pasado 9 de diciembre su correligionario José Armando Jasso Silva, diputado a la 57 Legislatura, en el que se establece que si bien, conforme al artículo tercero constitucional, el Estado debe garantizar la educación primaria y secundaria gratuita, es claro que los planteles oficiales no son suficientes para dar cabida a toda la población estudiantil.
"Se sugiere que las colegiaturas sean deducibles del impuesto sobre la renta (ISR), con apoyo en la propia fracción quinta del artículo tercero, donde se establece el compromiso del Estado de promover y atender todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior y apoyando la educación científica y tecnológica", necesarias para el desarrollo de la nación y evitar que se acentúen o perpetúen los rezagos y las deficiencias.
Esta iniciativa, rechazada en su momento por legisladores de PRI y PRD con el argumento de que se trataba de beneficiar la impartición de la educación privada, será revisada por la 58 Legislatura. "Buscaremos todas las posibilidades que permitan una mejor educación y al mismo tiempo incentiven el ahorro, el crédito y la inversión", aseguraron los panistas.
La propuesta anterior compara la legislación tributaria estadunidense con la mexicana en materia de educación. Precisa que mientras en Estados Unidos existe un acreditamiento de 500 dólares para educación por cada hijo y hasta 2 mil dólares cuando es necesario enviar a alguno de ellos a estudiar a un estado diferente al de residencia, "con mayor razón debe permitirlo la legislación mexicana, ya que está muy lejos de alcanzar el nivel educativo de ese país".
Y advierte que el financiamiento que el gobierno otorga a las escuelas oficiales es insuficiente para mantenerlas en buen estado. En la mayoría de los planteles no se da el mantenimiento básico necesario y se tiene que optar por las "cuotas escolares", que sirven para cubrir esa falla. "Por tal motivo, los gastos que por concepto de cuotas escolares hace el padre o tutor también deben ser deducibles".
La bancada del PRD presentará este jueves una iniciativa para que el gobierno federal destine el 8 por ciento del PIB a educación. Esta propuesta, que tiene como fin acercar el presupuesto otorgado a educación al que marca como mínimo la Organización de Naciones Unidas, forma parte de los cambios que el PRD pretende introducir en el Presupuesto de Egresos del 2001.
La bancada del PAN ha señalado que este cambio no podrá darse en el primer año de gobierno, pero sostiene que es una meta "alcanzable" en el largo plazo.
Desaparición forzada y talk shows
Antes de la comparecencia del secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, la perredista Petra Santos Ortiz presentó una iniciativa para tipificar como delito la desaparición forzada. Sostuvo que el marco jurídico del país presenta "graves deficiencias" para evitar la detención arbitraria, por lo que se propone establecer como delito la detención o encierro de personas fuera de los supuestos constitucionales, y la retención, cuando esta persona se presente voluntariamente.
El orden jurídico, dijo, debe comprender medidas preventivas de la afectación de los bienes que busca proteger, y en este sentido se propone desincentivar la detención arbitraria mediante una sanción procesal consistente en decretar la nulidad de todas las actuaciones procesales que sigan a una detención ilegal.
Enfatizó que la libertad personal, que es el bien más preciado, es frecuentemente violentado "pues a la fecha se habla de más de 500 personas desaparecidas" y esos ataques van desde la detención arbitraria hasta la desaparición forzada.
"En medio de la total impunidad, quienes deberían proteger a las personas y observar rigurosamente sus derechos, los violan brutalmente. Al mantener oculta la detención impiden que las personas, sus allegados e incluso las instituciones públicas encargadas de tutelar los derechos, puedan actuar, se elimina cualquier posibilidad de defensa, no hay acusación, no hay juez, no hay procedimientos, no hay sentencia, simplemente se desaparece a la persona", enfatizó.
Antes, el panista José Francisco Blake Mora presentó una iniciativa que modifica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para adecuarla a la nueva estructura del Congreso y agilizar el juicio político contra funcionarios públicos.
La perredista Rosalinda López Hernández presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue, observe y denuncie irregularidades por el uso de recursos federales en el próximo proceso electoral de Tabasco.
Secundado por PAN, PVEM, CD y PAS, la exposición de motivos del punto de acuerdo incluye la denuncia que hiciera el aspirante a la candidatura priísta, Arturo Núñez Jiménez, contra el gobernador Roberto Madrazo, a quien acusó públicamente de desviar recursos oficiales para beneficiar al otro aspirante, Manuel Andrade, y de no honrar los "mínimos compromisos necesarios" para ser garante de un proceso imparcial.
Enrique Herrera y Bruquetas, de Convergencia por la Democracia, propuso un punto de acuerdo para hacer una "enérgica petición" a la Secretaría de Gobernación para que los llamados talk shows dejen de transmitirse en horas de la tarde, "contribuyendo con ello a disminuir en horarios infantiles la proliferación del síndrome de fecalismo visual".
Las iniciativas y puntos de acuerdo fueron turnados a diversas comisiones para su análisis y dictamen.