MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť José Luis Manzo Ť
Capital privado en electricidad: hacia una propuesta
La propaganda que impulsa la des-aparición del servicio público de electricidad a cargo del Estado mexicano para que sea sustituido por un servicio prestado por particulares con fines exclusivamente de lucro, promete mayores niveles de competencia empresarial, libertad de acceso de los diversos productores a la red de distribución y mayores opciones de los consumidores para contratar el servicio. Según esa propaganda, quitar las empresas estatales y poner privadas se traducirá en mayor eficiencia y calidad en el servicio y en menores precios para los consumidores.
Este discurso es falso, pero se utiliza para tratar de justificar que unos cuantos se apropien de un negocio altamente rentable para explotarlo en su beneficio y a costa de los usuarios. Lo sucedido en otros países muestra que cuando el suministro de electricidad a la comunidad es realizado por empresas privadas, se registran prácticas monopólicas que las entidades reguladoras gubernamentales no pueden evitar y sucede exactamente lo contrario a lo que se prometió: empeora la calidad del servicio y se incrementan las tarifas. Algunos ejemplos ilustran lo anterior.
1. Los consumidores de electricidad de San Diego, California, son de los primeros en Estados Unidos que pagan tarifas que no regula el gobierno, y que fijan libremente los monopolios privados que prestan el servicio. En estos momentos, un millón 200 mil habitantes de San Diego se mantienen en abierta rebelión contra la decisión del proveedor, San Diego Gas and Electric, que de la noche a la mañana incrementó la tarifa al doble (La Jornada, septiembre 2, 2000). Y nadie puede impedírselo, ni el propio gobierno, pues ahora todo se resuelve mediante "la libre acción de la oferta y la demanda".
2. Cuando en Guatemala la empresa estatal de electricidad pasó a manos privadas, durante el primer año los nuevos dueños mantuvieron el precio a los grandes consumidores (6 centavos de dólar por kilowatt-hora). Pero al renovar el contrato, al año siguiente, el precio subió casi al doble, a 10 centavos de dólar por kilowatt-hora. Irremediablemente, los consumidores debieron pagar el nuevo precio.
3. La Oficina Reguladora de los Mercados de Gas y Electricidad del Reino Unido (OFGEM) realizó una investigación sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, a varios años de que se entregó a manos privadas. Encontró que los productores privados limitaron la generación de electricidad e incurrieron en otras prácticas desleales para incrementar artificialmente los precios. Ante la imposibilidad de evitar estos abusos y de regular las acciones de las empresas cuando se opera bajo condiciones de "libre mercado", dicho organismo sólo pudo proponer que se incluyesen cláusulas de "buena conducta" en los permisos que se otorgan a los generadores. Pero en los hechos, las cláusulas de buena conducta no impiden los abusos.
4. En Estados Unidos, algunos de los productores o generadores de electricidad adquirieron redes de transmisión, lo que les permitió discriminar a otros productores y desarrollar prácticas monopólicas. Por ello, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) les ordenó salir del negocio de la transmisión e instruyó a los propietarios de líneas de transmisión para que formasen nuevos organismos regionales independientes, prohibiendo, aunque con poco éxito, que en ellos participen generadores de electricidad.
5. En Buenos Aires, Argentina, el servicio de electricidad empeoró cuando pasó a manos privadas. Se registraron constantes cambios de voltaje e interrupciones cortas en el suministro, y hubo un apagón general que duró varios días. La razón fundamental es que los inversionistas privados no estuvieron dispuestos a invertir para contar con una capacidad instalada adicional que pudiera utilizarse en las horas de alta demanda. Visto como negocio, a los inversionistas privados no les resultaba conveniente incrementar la capacidad de generación para utilizarla solamente durante unas horas, las de mayor demanda, y sólo para garantizar un buen servicio a los usuarios. Frente a consumidores cautivos, los inversionistas privados prefieren sacrificar la calidad del servicio antes que realizar inversiones adicionales, que resultan poco rentables para ellos.
Lo narrado hasta aquí no debe extrañar a nadie. Simplemente muestra con nitidez la lógica con la que se conduce cualquier inversionista privado en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Cuando le dejan las manos libres aprovecha cualquier oportunidad o resquicio para incrementar sus ganancias, fuera de consideraciones éticas, de equidad o justicia social.
La lección es clara: en ningún país del mundo puede ponerse todo el sector eléctrico en manos de particulares, dejar que lo manejen libremente como un negocio privado y al mismo tiempo pretender que no aprovechen la manga ancha que se les da para abusar de los consumidores. Esperar lo contrario equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero pensando que no se comerá las gallinas.
ƑDeben conducirnos estas experiencias a rechazar cualquier tipo de participación de capitales privados en la industria eléctrica de México? De nin- guna manera. La inversión privada ya viene participando y debe ser considerada en la necesaria restructuración del sector eléctrico nacional. No es necesario modificar la Constitución para facilitar esa participación, pero sí establecer reglas más claras que la normen. El marco legal vigente ofrece a los particulares una variada gama de posibilidades para invertir en la generación de electricidad, ya sea para operar como "socio productor" de las empresas estatales en el ámbito del "servicio público" de electricidad, o para asociarse con medianos y grandes consumidores a fin de suministrarles electricidad bajo el esquema de "servicio privado".
La responsabilidad de suministrar electricidad a la población en condiciones adecuadas, es decir, la prestación del "servicio público" de electricidad, debe mantenerse como una obligación irrenunciable del Estado. Y para ello requiere controlar y administrar parte de la infraestructura de generación y, en forma exclusiva, la de transmisión y distribución; campos en los que no debe permitirse la inversión privada, a la luz de los resultados obtenidos en otros países.
En el próximo artículo abordaré las modalidades específicas de esta coexistencia de empresas estatales y privadas, algunas de las cuales ya están operando, y que es viable impulsar en condiciones benéficas para todos.