MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť El magistrado propone al gobierno de España hacer la petición correspondiente


Garzón oficializa la solicitud para que México extradite a Cavallo

Ť Defiende la competencia de los tribunales españoles y aporta pruebas de los delitos cometidos

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 12 de septiembre Ť El juez español Baltasar Garzón giró hoy la orden de extradición contra el presunto genocida y torturador Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México e implicado en 423 actos delictivos cometidos cuando fue capitán de corbeta en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), uno de los principales centros de represión de la última dictadura argentina (1976-1983).

El auto judicial girado por Garzón, de 231 páginas, ''propone al gobierno español que solicite a las autoridades mexicanas competentes la extradición de Ricardo Miguel Cavallo''. En la petición, el magistrado defiende la competencia de los tribunales españoles en este proceso, además de aportar pruebas y testimonios de los delitos cometidos por Cavallo, también conocido por los alias de Marcelo, Sérpico o Miguel Angel.

Garzón remitió el auto judicial al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, quien a su vez lo entregó al Ministerio de Justicia, que planteará el caso en el Consejo de Ministros del próximo viernes, que estará presidido por el Ejecutivo español, José María Aznar.

Una vez estudiada la petición del juez, el gobierno español comunicará y entregará el auto a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de las vías diplomáticas, en este caso la embajada de España en México.

La identidad del ex militar, plenamente acreditada

Cavallo fue detenido por agentes mexicanos el pasado 24 de agosto en Cancún, mientras intentaba viajar a Argentina, donde los represores de la dictadura militar gozan de impunidad en virtud de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

Cavallo, ex director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), está acusado ante los tribunales españoles de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura, y tiene en su contra un alud de testimonios y acusaciones vertidos ante el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El magistrado español señala que la identidad de Cavallo está acreditada, de acuerdo con el testimonio de 22 personas, así como su participación en las atrocidades cometidas por la Esma ''entre 1976 y 1980''. Garzón afirma que ''dado su grado de oficial y la responsabilidad jerárquica que ostenta, es claro que (Cavallo) participó en todo el sistema de represión, desaparición y eliminación de personas, delitos contra la propiedad, y allanamientos que se desarrollaron en la Esma''.

Garzón asegura que Cavallo fue uno de los miembros de la sección de inteligencia de la Esma, del llamado Centro Piloto de París y uno de los creadores de los campos de trabajos forzados, donde los prisioneros eran utilizados ''como mano de obra esclava para cubrir las tareas dentro del campo de concentración''.

Cavallo, según las pruebas recopiladas por Garzón, está implicado en 423 actos delictivos perpetrados en la Esma, y de forma directa en 15 casos, entre ellos el secuestro del periodista Juan Gasparini ųquien testificó ante Garzón hace un par de semanasų, de Thelma Jara de Cabezas y en la desaparición de Carlos Alberto Chiappolini, entre otros.

Carlos Slepoy, abogado de la acusación particular y popular, explicó a La Jornada que Garzón añade 70 nuevos casos contra Cavallo, fundamentados en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), que se elaboró en Argentina en 1984, y con base en una querella que interpuso en su día el fiscal Strassera.

''En definitiva, los casos imputados contra Cavallo son 423, de los cuales 15 son delitos en los cuales fue partícipe directo; hay 16 casos de mujeres secuestradas y niños nacidos en cautiverio, en donde se atribuye responsabilidad criminal en el grado que luego se determine, y el resto de personas desaparecidas y secuestradas'', informó Slepoy.

En cuanto a la argumentación jurídica establecida por Garzón para defender la competencia de los tribunales españoles en este proceso judicial, el auto señala que ''el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos y todos los demás son tributarios de él''. Además, el magistrado establece que los tribunales españoles tienen competencia para la persecución de determinados delitos en la medida que afectan a la comunidad internacional y son calificables como crímenes contra la humanidad, como es el caso del genocidio, el terrorismo y las torturas.

En su auto, Garzón también expone que ''los delitos son acogidos por el principio de justicia universal y por tanto son de obligada persecución en España''. El juez exige a las autoridades políticas que ''no interfieran'' en un ''tema judicial''.

A este respecto, el jurista argentino (Slepoy) señaló que ''si hay razones políticas que interfieran en el proceso serán razones espurias, que se opondrán a la independencia del Poder Judicial. Aquí de lo que se trata no es que los gobiernos ayuden a esto, lo que deben hacer es acatar las decisiones judiciales. Nosotros sostenemos que en estos casos de crímenes contra la humanidad y de delitos de derecho internacional, los gobiernos no deben intervenir en absoluto sino que deben canalizar las peticiones judiciales. Es el único modo de acorralar a estos criminales".

Sobre el principio de territorialidad que ha alegado el gobierno del presidente argentino Fernando de la Rúa, Slepoy se limitó a señalar que se trata en realidad ''del principio de la impunidad; una mera excusa y una antigualla''.

 

Un paso más en el principio de justicia universal

Manuel Olle, representante judicial de las Madres de la Plaza de Mayo, valoró la orden de Garzón como ''tremendamente positiva, pues es un paso más en el principio de justicia universal y para evitar que continúe la impunidad en diferentes países del mundo. Eso se ha acabado y es un paso más en la defensa de todos los derechos humanos de toda la humanidad. No cabe duda que hoy está más vigente, patente y eficaz el principio de justicia universal''.

Para Slepoy, la decisión de Garzón ''es muy buena en la medida en que ha salido con bastante celeridad'', por lo que señaló que ''no hay ningún motivo jurídico ni mucho menos moral para que la extradición no prospere. Pensamos que esta vez sí vamos a lograr que un genocida del pueblo argentino sea sometido a enjuiciamiento''.

El gobierno español no pondrá obstáculos: Rajoy Brey

Víctor Ballinas Ť Mariano Rajoy Brey, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia del Reino de España, aseguró ayer que en el caso de la solicitud de extradición de Ricardo Miguel Cavallo, tradicionalmente lo que se ha hecho en este tipo de casos es no obstaculizarlos.

En conferencia de prensa efectuada en Palacio Nacional, aseguró que España es firme partidaria de la creación del tribunal penal internacional, para que sancione delitos como la desaparición forzosa de personas y la tortura.

-ƑLa posición de su país actualmente?

-No obstaculizar la decisión de los jueces.

-ƑEl gobierno español va a solicitar la extradición como lo establecen los tiempos, antes de 60 días?

-Nuestra posición es no obstaculizar la decisión de los jueces -reiteró.

El viceministro fue entrevistado al término de una reunión con el presidente Ernesto Zedillo. Aseveró que en dicho encuentro no se tocó el tema de la extradición de Cavallo, porque ese es un asunto que no estaba en su agenda política al llegar a México, y tampoco es su propósito tratarlo con ningún funcionario.