MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Experto de la UNAM

Pagan contribuyentes el combate a la pobreza en el campo

Karina Avilés Ť El presupuesto destinado al combate a la pobreza en el sector agropecuario costó el año pasado a cada contribuyente 7 mil 550 pesos. Entre 1994 y 1999, se calcula que en importaciones de maíz y trigo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó de percibir alrededor de 11 mil millones de pesos, equivalente a casi la mitad del presupuesto total de la Sagar en este año, indicó Javier de Jesús Aguilar, especialista en economía agrícola y académico de la Facultad de Economía de la UNAM.

Al hacer un análisis del sector en el sexenio que termina, el especialista expresó que de acuerdo con el Informe presidencial más de 60 por ciento del gasto programable se destinó al combate a la pobreza, ''lo cual debería de avergonzarnos, ya que en lugar de haber creado ese 60 por ciento como gasto social habría sido deseable que la pobreza no se hubiese producido y esos recursos se destinaran a proyectos productivos. Esto no quiere decir que la pobreza no deba combatirse; sin embargo, si los recursos se usaran de una mejor manera se evitaría que el problema se incrementara'', aclaró.

Indicó que el presupuesto federal para el sector agropecuario ''ha venido decreciendo, representando un porcentaje cada vez más pequeño con respecto al PIB durante los noventa''. En ese sentido, explicó: ''De 1999 a 2000 aumentaron los recursos de 13 mil millones a casi 25 mil millones de pesos, pero si consideramos el efecto de la inflación y del dólar, en realidad no se ha aumentado el presupuesto''.

Señaló que, de 1995 a 1999, al contribuyente le ha costado más el presupuesto destinado a la pobreza en el sector agropecuario, pues de un costo de 7 mil 220 pesos pasó a 7 mil 550 en 99. Y en general a cada contribuyente le cuesta la política agropecuaria más de 4 mil 500 pesos.

Ante el panorama de abandono al sector, el académico propuso el establecimiento de un contrato territorial de explotación, en el cual se demanden derechos y obligaciones del gobierno con las organizaciones y los productores.