MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Activistas exigen castigo para Acosta Chaparro

Presentan hoy iniciativa contra desaparición forzosa de personas

Ť Diputados del PRD impulsarán el proyecto en San Lázaro

Blanche Petrich Ť Las familias de unos 500 detenidos-desaparecidos que registra la historia nacional entre 1971 y 1987, agrupados en varias organizaciones, esperan -"con la esperanza a flor de piel", expresó Rosario Ibarra- que la 58 Legislatura "tenga la sensibilidad que en el pasado no hubo" y apruebe una nueva iniciativa para reformar los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo para que el delito de desaparición forzosa de personas sea castigado.

La propuesta, que será presentada hoy ante el pleno por la fracción perredista, prevé entre otros cambios la definición de este delito como un crimen de Estado, lo que evitaría que funcionarios responsables de desapariciones forzosas argumenten, como lo han hecho militares genocidas en Argentina, obediencia a órdenes superiores. También sería "imprescriptible", lo cual permitirá a los jueces considerar las demandas interpuestas en estos casos como hechos presentes, sin que tenga validez el principio de retroactividad.

El abogado José Roldán Xopa, del ITAM, explicó en rueda de prensa que con el código reformado "será posible que los responsables de las desapariciones sean sancionados por tratarse de una conducta presente".

A su vez, María Guadalupe Muñoz, asesora jurídica del Comité Eureka, indicó que a partir de que entren en vigor los códigos reformados, los familiares de desaparecidos podrán interponer nuevas demandas o reclamar la reactivación de viejas averiguaciones previas en contra de los ex presidentes Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid; todos los procuradores generales y titulares de la Secretaría de la Defensa de esos tres sexenios; procuradores estatales y una larga lista de jerarcas militares a quienes señalan como responsables, en algún grado, de las desapariciones forzosas registradas. La jurista, que junto con Xopa asesoró al PRD en la elaboración de las reformas a los códigos, es hermana del teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz, desaparecido el sexenio pasado de la zona militar de Ciudad Juárez.

En la rueda de prensa en la que el líder de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, Martí Batres, anunció la iniciativa que se presentará hoy, estuvieron presentes decenas de familiares de desaparecidos, incluidos varios guerrerenses de Atoyac que el domingo anunciaron que presentarán demanda penal en contra del general Arturo Acosta Chaparro, a quien responsabilizan tanto de la desaparición de sus parientes como de tortura y asesinato de varios más.

Respecto a un posible alegato de retroactividad, Andrés Nájera, hermano del maestro Jacob Nájera Hernández, desaparecido en septiembre de 1974 en San Jerónimo, Costa Grande, subrayó que la mejor prueba de que ésta no podrá ser una coartada válida "es el hecho de que estamos aquí sufriendo todavía ese delito de la desaparición y reclamando justicia". Propuestas similares de reformas a los códigos penales del Distrito Federal y del estado de Guerrero fueron aprobadas en semanas recientes por la Asamblea Legislativa capitalina y el Congreso de esa entidad sureña.

Al presentar la nueva iniciativa, Batres aludió a dos hechos recientes que volvieron a poner el foco de atención sobre el tema de los desaparecidos: el arresto del hombre de negocios argentino Miguel Angel o Ricardo Miguel Cavallo, conocido torturador y genocida en los años de la guerra sucia en su país, y la detención de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós, acusados por narcotráfico.

Por ello, añadió, "éste nos parece un momento adecuado para poner en el centro de la discusión este asunto". Dijo también que "en la hora de la transición a la democracia, de completar la reforma del Estado, no puede faltar el tema de la desaparición forzada".

La sombra del pasado

Por su parte, Octaviano Santiago Dionisio, actualmente diputado en Guerrero, ex militante del Partido de los Pobres y dos veces desaparecido y preso político, apuntó que la detención de los generales "reanimó" a muchas víctimas de la represión que habían guardado sus expedientes y testimonios en lo más profundo de sus cajones, por la ausencia de una acción de la ley, "y nos ha hecho recomponernos como una fuerza reclamadora de justicia"

Otro de los desaparecidos rescatados, Arturo Gallegos Nájera, acapulqueño, refiere que su primera reacción al conocer la detención de Acosta Chaparro, el hombre que dirigió personalmente las torturas a las que fue sometido en la cárcel clandestina en las ruinas de un campo aéreo (hoy en activo nuevamente) en Pie de la Cuesta, en 1974, fue pensar: "A ver si ahora se deciden limpiar la casa por lo más sucio, antes del cambio de poderes". Pero en un segundo impulso resolvió que era el momento de buscar por todos los medios que el general, que era capitán en los años de la guerra sucia en Guerrero, sea juzgado por todos los delitos que cometió. El, que fuera activista de una pequeña guerrilla urbana de Acapulco, las FAR, considera que la acción de la justicia no debe ejercerse sólo en contra de Acosta Chaparro, "porque los hay igual o más responsables más arriba".

Rosario Ibarra informó que en el Comité Eureka, además de reclamar por la presentación con vida de los desaparecidos, también se tienen casos de reclamos de niños nacidos en cautiverio y desaparecidos, casos muy similares a los registrados en la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, que en los setenta dirigió el ex director del Renave. Se tienen documentados al menos tres casos: Teresa Torres Mena, de Guerrero, embarazada de tres meses al momento de su detención y vista con vida en el Campo Militar número 1. Cristina Rocha de Herrera, detenida por el coronel de caballería Zarrollo Hurtado en Culiacán, con cuatro meses de embarazo. Y Violeta Tecla Parra, que estaba detenida junto con su madre Ana María y su hermana Artemisa en el Campo Militar número 1, también embarazada.

Rosario Ibarra, madre de un desaparecido, Jesús Piedra Ibarra; fundadora del Comité Eureka y diputada en dos ocasiones, advirtió que el futuro presidente Vicente Fox heredará de Zedillo y sus antecesores el grave problema de los detenidos- desaparecidos. "Lo tendrá que resolver. Vamos a ver si tiene voluntad política para hacerlo. Si no lo hace, será cómplice".