VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť En disputa, 20 mil hectáreas con cultivos de coca
Se enfrentan las FARC con paramilitares; 15 muertos
Ť Informa la policía sobre matanzas en Tuluá y Buenaventura
Afp, Ap, Dpa y Reuters, Santafé de Bogotá, 7 de septiembre Ť Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares de extrema derecha sostenían fuertes enfrentamientos en una zona rural de La Gabarra, con saldo hasta el cierre de esta edición de 15 muertos entre ambos bandos.
El diario El Espectador, que citó como fuentes a un vocero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otro del ejército, indicó que aparte de la cifra mencionada de bajas, los escuadroneros admitieron la recuperación de 12 cuerpos de sus filas contra ocho de las guerrillas.
Sin embargo, otros reportes indicaron que al menos otros siete cadáveres habrían sido arrojados al río Catatumbo.
El vocero paramilitar dijo que en estos enfrentamientos, iniciados en la madrugada del miércoles, participan mil 100 efectivos de las AUC y unos 400 rebeldes de las FARC, en cuya zona de la Gabarra, departamento de Norte de Santander, existen más de 20 mil hectáreas de cultivos de coca que ambos grupos se disputan.
Añadió que los guerrilleros comenzaron a llegar desde el domingo pasado luego de cruzar un sitio conocido como Vetas de Oriente, provenientes de Venezuela, y que desde allí habrían planificado su infiltración a las selvas del Catatumbo, donde se localiza La Gabarra, que depende del municipio de Tibú.
Pobladores de la región aseguraron mantenerse en alerta porque en el Catatumbo se libra una intensa guerra, y que ésta se ha recrudecido desde hace un mes cuando llegaron columnas de las FARC para recuperar la zona, hoy en manos de los paramilitares.
Por otra parte, la policía dio a conocer la muerte de 10 personas en sendas matanzas ocurridas en Tuluá y Buenaventura, departamento del Valle.
A su vez, organizaciones humanitarias calificaron como "insuficiente" el compromiso del gobierno del presidente Andrés Pastrana con la protección de los derechos humanos. En el contexto de un seminario sobre derechos humanos, con representantes de 30 organizaciones no gubernamentales, se alertó sobre la escalada de violencia que desencadenará el llamado Plan Colombia y el agravamiento del conflicto interno, ante la falta de una defensa real de los derechos de las personas.
El defensor del Pueblo de Colombia, Eduardo Cifuentes, delineó un oscuro panorama en la materia, al señalar que tienden a aumentar los secuestros, los desplazamientos de campesinos y los ataques contra la población civil en medio del conflicto armado interno.
A todo esto, la Organización de Naciones Unidas alertó sobre un posible éxodo de refugiados a países vecinos, mientras la parlamentaria sueca Eva Cerballo estimó que el Plan Colombia intensificará la guerra.
La seguridad de Panamá anunció el decomiso de un importante cargamento de armas y municiones procedentes de Centroamérica, al parecer con destino a las FARC, e informó sobre la detención de seis colombianos, dos panameños y un venezolano.
El arsenal consiste en 271 fusiles AK-47, 397 cargadores, 318 propulsores de lanzagranadas RPG-7, más de 8 mil granadas, 8 mil balas de AK-47, poco más de 54 mil municiones de ametralladora M-60, 2 mil 59 municiones para ametralladoras, y otros tipos de granadas y explosivos.
En tanto, en Lima el Congreso peruano rechazó cuatro peticiones de la oposición para formar una comisión que investigue posibles nexos del gobierno de Alberto Fujimori con la red de tráfico de armas de Jordania a la guerrilla colombiana.
A su vez, alcaldes y prefectos de cinco provincias de Ecuador, colindantes con Colombia, exigieron a Quito declarar la zona territorio neutral ante la próxima aplicación del antidrogas Plan Colombia, ante el temor de un desborde del conflicto del país vecino.
Por último, el segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García manifestó su confianza en que la muerte de un conductor venezolano a manos de su organización no afecte las buenas relaciones con el gobierno del presidente Hugo Chávez, el partido socialdemócrata Acción Democrática abogó porque García aclare el caso.