VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Gilberto López y Rivas Ť
Improvisación y maniqueísmo en política cultural
La manera como Vicente Fox y su equipo de colaboradores han venido asumiendo las eventuales reformas a la política cultural constituye una muestra más de la superficialidad con la que los administradores de empresas conciben el ejercicio del poder público. En esta ocasión, el presidente electo, sin tomar en cuenta los debates y las consultas llevados a cabo sobre este tema en el Congreso de la Unión y en los ámbitos académico y social, ha convocado a una apresurada encuesta en torno al desempeño de los organismos culturales, cuya elaboración, tiempos y formas de aplicarse pecan de parcialidad y mala fe.
En efecto, la "encuesta" difundida por algunos medios de comunicación somete a consideración de una minoría de personas, que cuenten con fax o computadora, dos preguntas que técnicamente podrían ser consideradas como "orientadas", "inducidas" o "cargadas de valor" para recoger una opinión de tendencia a todas luces negativa sobre los organismos culturales.
Así, la primera de ellas --"Ƒcuál es su opinión de los organismos culturales del gobierno federal?"-- da a escoger seis opciones, de las cuales sólo una puede ser favorable. De las otras cinco, una refiere a una "opinión intermedia"(Ƒ?), mientras las cuatro restantes son desfavorables, al grado que una de ellas apoya la desaparición de la institución de referencia. En los organismos que se ponen a juicio de la elite modernizada en comunicación, supuestamente pertenecientes al gobierno federal, se mezclan incomprensiblemente desde una Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SA de CV, pasando por Educal, SA de CV, Estudios Churubusco Azteca, SA, hasta llegar al INAH, el INBA, el Canal Once y Radio Educación.
La segunda pregunta que se plantea en dicha "consulta" es igualmente maniquea y exhibe una pésima redacción: "ƑQué cosas (sic) buenas para la cultura no está (sic) haciendo ninguno (sic) de los organismos anteriores?". Está por demás detenerse en el sentido abiertamente descalificador al que induce este interrogante, pero lo que indudablemente debe subrayarse es la intención subyacente en la aplicación de este cuestionario de legitimar la desaparición o la reforma autoritaria de instituciones culturales de carácter rector y nacional como el Instituto Nacional de Bellas Artes y, particularmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El contexto de esta consulta no puede ser separado de una iniciativa de ley, presentada el 28 de abril de 1999 por el senador panista Mauricio Fernández Garza, que concitó el rechazo de la mayoría de los colegios, áreas científicas y de investigación del INAH, y de los trabajadores de la cultura en general, la cual fue derrotada en el debate público y, finalmente, enviada al "congelador legislativo" en el Senado de la República. Esta iniciativa, como se demostró en su momento, no buscaba una descentralización o una mayor participación social ni la obtención de mayores recursos para mejorar el desempeño institucional en el campo de la cultura, sino simple y llanamente privatizar el patrimonio cultural de la nación.
El problema radica en que detrás de una práctica supuestamente democrática de consulta pública, apoyada incluso por personas de buena voluntad, se oculte nuevamente la intención de la alta burocracia de los organismos culturales, en contubernio con algunos empresarios del ramo, coleccionistas y especuladores, de golpear a instituciones que han constituido un coto para los propósitos de colocar en el mercado, como una mercancía más, el patrimonio cultural de los mexicanos.
Una política cultural no se impone ni se decreta a partir de encuestas de popularidad entre un público heterogéneo y con conocimientos muy diversificados sobre una realidad de la cual no se da más información que los presupuestos globales de algunos organismos culturales.
Más que una convicción democrática de poner a discusión la política cultural del nuevo presidente de la República, la encuesta parece estar dictada por intereses ya conocidos que pretenden quitar la rectoría del Estado sobre la salvaguarda del patrimonio cultural para fines privados y corporativos.
En un país con una riqueza cultural tan vasta y compleja como lo es México, donde hay tantas voces que escuchar, tantas expresiones por reconocer; donde nunca terminaremos de indagar los misterios de la Otredad, una consulta realmente democrática debiera partir de una amplia convocatoria para llevarla a cabo, discutiendo a fondo sus términos no entre un grupo reducido de personalidades, sino entre un abanico plural de representantes de pueblos, trabajadores de la cultura, investigadores, especialistas, usuarios y consumidores culturales. En política, pero particularmente en política cultural, no siempre el camino corto es el mejor medio para llegar a los consensos necesarios.