VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Si hubo denuncias, tal vez fueron quemadas las pruebas, señaló


Ningún archivo en Guerrero contra el brigadier: Morlet

La Jornada / El Sur, Chilpancingo, Gro., 7 de septiembre Ť El subprocurador general de Justicia de Guerrero, Gustavo Morlet Berdejo, informó que en esa dependencia no existe ningún archivo de antecedentes penales en contra del general brigadier acusado de narcotráfico, Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien familiares de más de 500 desaparecidos durante la guerrilla de los años 70 lo culpan de estos hechos.

Sostuvo que si hubo denuncias de secuestro u homicidio contra el ex director de la Policía Judicial del Estado durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, "a la mejor ya fueron incineradas, porque de lo que se acusa a Acosta Chaparro ocurrió hace 30 años, y ahorita un delito que él haya cometido ya prescribió, ya no se podría iniciar una averiguación previa en su contra".

Morlet Berdejo puso como ejemplo al presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, quien durante su estancia como catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a principios de los años 80, asesinó a tiros a dos estudiantes en la población de Zumpango Neri, pero el delito que cometió en esas fechas ya prescribió.

Señaló que en estos momentos el general detenido está acusado de delitos contra la salud, "pero si hubiera otros crímenes que no hayan prescrito, pienso que la Procuraduría General de la República va a investigarlo".

En opinión del subprocurador Morlet, la postura del Congreso local de pedir a la PGR que investigue los abusos de Acosta Chaparro "fue más política que jurídica".

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Octaviano Santiago Dionisio, declaró que se requiere que en Guerrero se integre una comisión de la verdad que investigue y recabe información de la gente que fue afectada por el general Mario Arturo Acosta Chaparro.

"En estos días vamos a recabar testimonios y documentos que prueban la culpabilidad del general cuando estuvo en Guerrero en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa", sostuvo el ex guerrillero y uno de los sobrevivientes de la guerra sucia que aplicó el gobierno en la década de los 70.

Señaló que el gobernador René Juárez Cisneros debe exigir a la Procuraduría de Justicia del estado que investigue los antecedentes penales de Acosta Chaparro.

Mientras, el dirigente estatal del PRD, René Lobato Ramírez, desestimó las declaraciones del subprocurador de Justicia, Gustavo Morlet, y dijo que si a Augusto Pinochet se le juzgó después de más de 20 años de que cometió asesinatos en su país, entonces no ve por qué no se pueda actuar de la misma manera en contra de Acosta Chaparro.

Por su parte, Rosalío Wences Reza, quien fuera tres veces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, informó que alrededor de 60 estudiantes, trabajadores y maestros de la institución fueron desaparecidos durante la época de la guerra sucia en la que tuvo una participación destacada Acosta Chaparro.

Propuso que se inicie una profunda investigación de aquellos años de represión generalizada, para saber el paradero de aquellos que murieron "sin temerla ni deberla, que fueron perseguidos o desaparecidos, para que no se diga ya pasó, no pasó nada".

El ex rector consideró que la detención de Acosta Chaparro se da dentro de una coyuntura apropiada, "sobre todo por el cambio de partido en la Presidencia de la República".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el priísta Héctor Apreza Patrón, informó que el Poder Legislativo solicitó esta semana a la PGR un informe de la situación jurídica que guarda el caso Aguas Blancas para analizar "si fue una cosa juzgada".

En caso de que no sea así, dijo, se reunirán los elementos necesarios para analizar si la Comisión de Gobierno presenta un punto de acuerdo parlamentario para solicitar que se reabra el caso.