VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Participó en una reunión que presidió Figueroa

Desde 96 se acusó a Acosta de la masacre de Aguas Blancas

Ť Samuel del Villar y Ranferi Hernández presentaron una denuncia

Triunfo Elizalde y Matilde Pérez U. Ť El 6 de enero de 1996, el actual procurador capitalino, Samuel del Villar, y el diputado Ranferi Hernández acusaron ante el juez tercero de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Tabares, en el estado de Guerrero, al general brigadier Arturo Acosta Chaparro Escapite de haber participado en la preparación y ejecución de la masacre de Aguas Blancas.

De acuerdo con la causa penal 82-2/95, ambos aseguraron al juez Adolfo van Meeter que Acosta Chaparro -en ese momento en vacaciones del servicio público federal en la planta de inspección y contraloría general del Ejército y la Armada- participó en la reunión que presidió el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, en palacio de gobierno. El encuentro se llevó a cabo dos días antes del asesinato de 17 campesinos de Tepetixtla, Atoyac de Alvarez y Coyuca de Benítez.

"La reunión -abundaron- tuvo por objeto anticipar, dar un pretexto y generar consenso entre los asistentes para la operación criminal que perpetró el mandatario estatal el 28 de junio de 1995. El pretexto utilizado fue la presunta intención de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de levantarse en armas haciendo suyas las demandas del EZLN, según informes de inteligencia militar".

Hilario Mesino y Aurelia Pérez, integrantes de la OCSS, demandaron a la Procuraduría General de la República reabra el caso de Aguas Blancas, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos( CNDH) le exigieron detenga su campaña de desistimiento entre los familiares y sobrevivientes de secuestros producto del combate a la guerrilla, a través de la llamada Brigada Blanca, en la década de los 70, y cuya estrategia fue diseñada y aplicada por Acosta Chaparro.

Al militar, dijeron, hay que juzgarlo por delitos de lesa humanidad, ya que sólo en Guerrero participó en la desaparición de 600 personas. Acosta Chaparro también debe informar sobre los 800 detenidos, secuestrados y desaparecidos en Sinaloa, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo y Veracruz, así como de los de casos presuntamente vinculados con el narcotráfico en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Hilario Mesino y Aurelia Pérez, de la OCSS; Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, y Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, se pronunciaron por la instalación de una comisión de la verdad para recabar los testimonios de los familiares de los desaparecidos y víctimas de tortura a manos de Acosta Chaparro, y posteriormente instalar un tribunal para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Decisión presidencial equivocada

El acuerdo del Congreso de Guerrero para que se investigue el historial del general Mario Arturo Acosta Chaparro como torturador, "es un signo más de la equivocada decisión presidencial de que el Ejército participe en tareas civiles, como son las de inteligencia y seguridad pública", señaló Rafael Alvarez, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Recordó que "el papel del Ejército, de acuerdo con la Constitución General de la República, es el de vigilar la soberanía y la integridad territoriales, y no el de estar inmiscuido en asuntos que competen exclusivamente a las autoridades civiles, pues, como ahora revela el propio instituto armado, la participación de algunos militares de alto grado en asuntos de narcotráfico y delincuencia organizada puede incluso convertirlos en violadores de derechos humanos".

Acosta Chaparro tiene un historial de torturador ampliamente conocido y denunciado públicamente desde los años 70. "Ha cometido delitos como tortura, ejecuciones extrajudiciales o sumarias, desapariciones forzadas, incomunicación y todos ellos de manera permanente y masiva.

"El procurador militar olvida que las violaciones a derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y todos los atropellos que el Ejército comete en contra de la sociedad son delitos del fuero común, y es ante tribunales civiles donde se han presentado las denuncias", dijo.