VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Cinco funcionarios han optado por el suicidio este sexenio

En el sexenio que termina, el suicidio ha sido la salida para cinco funcionarios y ex funcionarios, eventuales testigos de irregularidades o presuntos cómplices de ilícitos en la administración pública federal y de la capital del país.

Inició con los casos de Manuel Velázquez de la Parra y Luis Miguel Moreno Gómez, vinculados al ex secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, hoy prófugo de la justicia.

Como director de la empresa Dictaminadora de Valores (Dicta), Velázquez ''alteró'' el valor de los papeles con que cotizaba el grupo financiero Havre en el mercado de valores; su ''calificación'', sin embargo, sirvió para que el entonces director de Nacional Financiera, Oscar Espinosa, le concediera diversos préstamos para la compra de microbuses que fueron vendidos a los concesionarios del servicio público de transporte. Al descubrirse el fraude, el falsificador se quitó la vida el 13 de septiembre de 1994.

Moreno, en tanto, en los últimos años de su vida apareció como colaborador de Espinosa. Al momento de su muerte (3 de abril de 1995) fungía como secretario de Transporte y Vialidad del DDF, a donde había llegado por recomendación de su amigo, el recién nombrado regente Espinosa Villarreal. Desde su puesto, puso al descubierto la venta ilegal de más de mil 500 juegos de placas a concesionarios de taxis y microbuses, y encabezó la investigación por el desvío de 26 millones de pesos de la ex Ruta 100 hacia el sindicato.

Otro caso fue el de Mario Ruiz Massieu, ex subprocurador general de la República, que se quitó la vida en Estados Unidos sin que jamás revelara sus conocimientos de la relación del narcotráfico con el poder político en México. El 15 de septiembre de 1999, apareció muerto en el domicilio donde se encontraba arraigado, en espera de ser juzgado por el delito de fomento al narcotráfico.

En las mismas circunstancias, el 8 de marzo de este año, el oficial mayor de la PGR, Juan Manuel Izábal Villicaña, se disparó a la cabeza, supuestamente presionado al haberse involucrado en el desvío de bienes asegurados a la delincuencia organizada. En sus cuentas bancarias había depósitos hasta por 700 mil dólares.

Finalmente, ayer, fue encontrado muerto el subsecretario de Comercio, Raúl Ramos Tercero, responsable de la normatividad y puesta en marcha del Renave. El funcionario se suicidó a dos semanas de haberse descubierto que la operación y cobro del registro fue concesionado a la empresa Talsud, dirigida por Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio, terrorismo y torturas por la Audiencia Nacional de España. Cavallo estaría asimismo involucrado en el tráfico internacional de vehículos; aquí en México, este ilícito está considerado como el que más ganancias deja a la delincuencia organizada, sólo detrás del tráfico de drogas.

En todos los casos, las autoridades federales y capitalinas se apresuraron a determinar el ''suicidio'' como la causa de muerte. (Juan Manuel Venegas)