JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Ex titular de Finanzas, acusado de enriquecimiento ilícito y daño por $17 millones
Investigan en Nayarit a altos ex funcionarios
* Quien fuera subprocurador, prófugo; se le vincula al robo de automóviles; venganza política: Ochoa
Jesús Narváez Robles, corresponsal, Tepic, Nay., 6 de septiembre * Cuando en 1993 Gilberto Martínez López tomó posesión como secretario de Finanzas de Nayarit en el gobierno del cetemista Rigoberto Ochoa Zaragoza, declaró bienes por 2 millones 800 mil pesos. En los seis años siguientes, él y su cónyuge obtuvieron ingresos legítimos por 2 millones 400 mil pesos. Sin embargo, al terminar su gestión se descubrió que sus bienes sumaban 20 millones y ahora se encuentra preso acusado de enriquecimiento ilícito y daños al patrimonio gubernamental por un monto cercano a los 17 millones de pesos.
Considerado uno de los "hombres fuertes" (como lo llamaba la prensa local) del gobierno del cetemista Rigoberto Ochoa Zaragoza, Martínez López permanece en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad capital. Hasta el momento se le han decomisado en la capital (Tepic) cuatro casas, igual número de lotes y un inmueble utilizado como estacionamiento público; asimismo, dos lotes en la cabecera municipal de Jalisco (en la zona conurbada de Tepic); una finca y tres lotes en fraccionamientos residenciales de la zona turística de Bahía de Banderas; una finca y un predio baldío ubicados en Guadalajara, Jalisco; ocho vehículos de modelo reciente, además del rancho Maralta, en el municipio de Compostela. Este último, valuado en 5 millones de pesos, cuenta con una laguna privada, ganado de registro y un sofisticado sistema de riego.
Desde la aprehensión de Martínez, en fuentes policiacas ha corrido la versión extraoficial de que podrían ser detenidos también el ex gobernador cetemista Rigoberto Ochoa Zaragoza y quien fuera su secretario general de Gobierno, Sigfrido de la Torre Miramontes.
El encarcelamiento del ex secretario de Finanzas Martínez López, así como una orden de aprehensión en contra del ex subprocurador de Justicia, Jorge Arturo Chávez, quien se encuentra prófugo, son sólo una parte de la investigación que realiza el actual gobierno nayarita y que podría llevar a prisión a decenas de funcionarios de la anterior administración estatal presuntamente involucrados en actos de corrupción.
En las indagaciones que el gobernador Antonio Echevarría Domínguez califica como "el más importante ataque a la corrupción en Nayarit", son investigados desde Ochoa Zaragoza, hasta el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, José Luis García Basulto, al igual que otros funcionarios.
Al señalar que la Contraloría General del estado (CGE) "dejó de ser un elefante blanco", el contralor Salvador Muñoz Hernández refirió que hace un año, cuando tomó posesión el nuevo gobierno y él del cargo, no encontró en la dependencia procedimiento alguno de investigación iniciado por sus antecesores, "aun cuando había muchos elementos para actuar legalmente contra diversos funcionarios involucrados en actos ilegales".
La cadena de presuntos fraudes se extiende ųademás de las oficinas de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicialų a dependencias como las secretarías de Educación Pública, de Salud, y de Agricultura y Ganadería, por lo cual la CGE ha llamado a declarar hasta la fecha a 126 funcionarios "por su presunta participación en anomalías detectadas".
Tras señalar que existen 27 personas con denuncias penales, cuyos nombres no han sido revelados "para no entorpecer la acción de las autoridades", Muñoz Hernández enfatizó que los procesos legales siguen su curso, pero que hasta ahora ha habido seis trabajadores inhabilitados hasta por tres años, mientras que 11 funcionarios han sido destituidos en definitiva y decenas más han tenido que regresar recursos "faltantes" en el erario de diversas dependencias.
Bonos de hasta 100 mil pesos
Tras iniciar la gestión de la actual administración estatal (el 19 de septiembre de 1999), el primer caso de corrupción detectado fue el de la Secretaría de Salud del estado (SSE), donde se encontraron desvíos por más de 2 millones de pesos, que habían sido "repartidos" entre 40 empleados a quienes ilegalmente se les entregaron bonos especiales como "premio de fin de sexenio", que fluctuaban entre los 40 mil y los 100 mil pesos.
A muchos, entre ellos el ex titular de Salud, Benjamín Cortina, se les obligó a devolver el dinero, pero aún restan otros involucrados en este "fraude" que se han negado a devolver el dinero. En este caso, con los nombres aún en reserva, el actual secretario de Salud, Leopoldo Domínguez González, señaló que se les obligará a reintegrar los recursos, o de lo contrario se presentará denuncia penal.
Ya en marzo pasado, mientras la Contraloría daba a conocer que se investigaba por presuntos desvíos de recursos al ex subprocurador de Justicia, Jorge Arturo Chávez Alvarez, el juzgado primero penal emitió una sorpresiva orden de aprehensión contra él, bajo el cargo de robo calificado. Chávez Alvarez, considerado una de las personas más influyentes en el gobierno de Ochoa Zaragoza (de quien es ahijado), se encuentra prófugo aunque presentó un amparo en el juzgado segundo de distrito en contra de las acciones de los juzgados penales de ésta ciudad.
Buscado por la Interpol
De acuerdo con la Policía Judicial del estado (PJE), Chávez Alvarez fue encontrado responsable de utilizar el cargo para comprar y vender automóviles robados. Ahora, el procurador de Justicia, Jorge Bañuelos Ahumada, indicó que con apoyo de la Interpol se le busca en más de cien países, en tanto la Contraloría continúa reuniendo datos respecto a presuntos desvíos de recursos realizados por Chávez".
En mayo pasado un nuevo caso de corrupción de las anteriores autoridades fue difundido. Se trató de 3 millones de pesos "desviados" en los Servicios de Educación Pública del estado de Nayarit (Sepen), donde además desaparecieron computadoras y otros materiales. Asimismo, fueron despedidos más de 200 aviadores que cobraban sin laborar con plazas de maestro y de trabajador administrativo a un mismo tiempo. Según el actual secretario de Educación, Martín Carrillo Salas, una de las denuncias penales por estos hechos fue presentada contra el ex funcionario Andrés Muñoz Vallejo, quien habría desviado recursos por más de 600 mil pesos.
El caso del ex secretario de Finanzas
El asunto más trascendente hasta ahora es la presunta corrupción que privaba en la Secretaría de Finanzas del gobierno anterior, por lo cual el 14 de junio fue detenido en una de sus casas de Tepic su ex titular, Gilberto Martínez López.
La orden de aprehensión fue girada por el juez segundo de primera instancia del ramo penal, bajo el expediente número 224/2000, mediante la denuncia que presentó la Contraloría General del Gobierno del estado. Al explicar los cargos, el procurador de Justicia, Jorge Bañuelos Ahumada, indicó que cuando "el infractor" tomó posesión del cargo en 1993 presentó una declaración de bienes por 2 millones 800 mil pesos; y cuando finalizó el periodo gubernamental en el que colaboró, llegó a acumular bienes y capital por una cuantía superior a los 20 millones de pesos, "por lo que existe una diferencia entre el valor de los bienes de que disponía, sus ingresos durante su gestión y los bienes adquiridos durante la misma".
Al respecto, el ex mandatario Ochoa ha señalado que "se trata de venganzas políticas y ni yo me siento seguro en esta persecución". En tanto, el procurador Bañuelos ha matizado que sí existen investigaciones por corrupción contra el cetemista y su ex secretario de Gobierno, Sigfrido de la Torre, pero "no se puede determinar nada hasta que las indagaciones terminen".
Otra denuncia penal dada a conocer por la Procuraduría fue la presentada contra el ex asesor del ex gobernador Ochoa, Miguel Angel Cantú Mendoza, quien estaría involucrado en un desvío de recursos a través de la construcción del edificio del Poder Judicial, en el cual "se gastaron 10 millones de pesos más, y actualmente se está agrietando a causa de la mala calidad con la que fue hecho".
En ese contexto, fuentes de la Procuraduría dieron a conocer en días recientes que el ex presidente del mismo Poder Judicial, José Luis García Basulto, fue llamado a declarar respecto a presuntos actos de corrupción en el manejo de la justicia, aunque el asunto se maneja con hermetismo.
Respecto a presuntos desvíos realizados en la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, el contralor estatal indicó que "ahí se manejaron en forma conjunta recursos del estado y la federación, por lo que ambas partes participan en la investigación".