JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Empresarios financian a paramilitares: Bogotá


Derriban avión con municiones para la guerrilla colombiana

Ť Podría derivar el plan antidrogas en otro Vietnam, alerta el ELN

Ap, Afp y Dpa, Santafé de Bogotá, 6 de septiembre Ť La fuerza aérea de Colombia se adjudicó este miércoles el derribamiento de un avión con municiones para la guerrilla, al tiempo que el gobierno del presidente Andrés Pastrana y los paramilitares de extrema derecha admitieron que esos grupos armados cuentan con el apoyo de empresarios y civiles.

El comandante de la fuerza aérea, general Héctor Velasco, afirmó que dos aviones de esa institución atacaron y destruyeron una nave que llevaba munición para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando se hallaba en tierra en Barranco Minas, en el selvático departamento de Guainía, procedente de Brasil.

Indicó que este operativo no tenía relación con el tráfico de armas recientemente denunciado por Perú, mientras que el comandante de las fuerzas armadas, Fernando Tapias, sostuvo que esto confirma lo que siempre ha dicho su institución, en el sentido de que la mayor guerrilla del país sudamericano sigue introduciendo armas a cambio de drogas.

El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, abrió por su parte en el Senado el expediente del paramilitarismo al quejarse y calificar de "hipócrita" que organizaciones no gubernamentales y el Congreso sólo acusen a las fuerzas armadas de tener nexos con los escuadroneros, cuando hay empresarios y civiles que los apoyan.

Señaló que había una "gran tolerancia y silencio cómplice sobre la gran cantidad de civiles y de todos los órdenes que están financiando el paramilitarismo".

El funcionario les preguntó a los legisladores dónde estaban los empresarios y los civiles que auspician dicha práctica, por lo que se quejó de que sólo se implique a los militares. "Hay soldados --dijo-- que están pagando penas de prisión más altas que los narcotraficantes", por sus nexos con los grupos paramilitares.

Sin embargo, emplazó a las organizaciones no gubernamentales a que que presenten pruebas para demostrar la vinculación de policías y militares con los grupos armados de la extrema derecha colombiana.

Si bien varios militares han sido puestos a disposición de la justicia por su participación en algunas masacres realizadas por los paramilitares, el procurador general Jaime Bernal calificó de "graves" las denuncias del ministro Ramírez, e indicó que "deben tenerse en cuenta y ser investigadas por las autoridades competentes" para terminar con la impunidad.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Fernando Davis, admitió ante radioemisoras locales que "es cierto que civiles financian a los grupos paramilitares en Colombia", y consideró se trata de una respuesta de éstos "al derecho que tienen las personas del campo a proteger su vida, ya que el Estado no cumple con ese deber".

De inmediato, los mismos paramilitares congregados en las Autodefensas Unidas de Colombia enviaron un comunicado al Congreso para reafirmar que son financiados por civiles que "se defienden del único enemigo del país: la guerrilla".

Incluso los paramilitares dijeron tener el apoyo de empresas nacionales e internacionales, que no mencionaron, que están contra el terrorismo y los secuestros de empresarios y hacendados colombianos.

Señalaron que las empresas ven constreñidas sus inversiones ante "el terrorismo y la barbarie" de la guerrilla, y que la "hipocresía" citada por Ramírez también está dentro del Estado colombiano, por lo que pidieron que se castigue a los funcionarios y líderes de la nación y del Estado que "toleran e incluso apoyan el cinismo y la mentira de la subversión".

Por su parte, Washington reiteró su temor de un fuerte aumento de las cosechas de hoja de coca en Colombia, acorde con fotos de satélites y verificaciones de la Agencia Central de Inteligencia.

Por último, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia, afirmó que hay posibilidad de que el antidrogas Plan Colombia transforme al país en un nuevo Vietnam, por lo que se prepara militarmente.

El jefe militar del ELN, Antonio García, declaró en Venezuela ante corresponsales extranjeros que su organización está dispuesta a luchar "en igualdad de condiciones" si el componente militar del plan incrementa la infraestructura bélica.

"Frente a la infraestructura bélica que viene entrenando Estados Unidos para el gobierno colombiano... nosotros sí tenemos preocupación por ese tipo de infraestructura y tecnología, lo que nos coloca a buscar también un tipo de infraestructura que nos permita confrontar en igualdad de condiciones la intervención estadunidense", dijo.

En una cita clandestina con algunos corresponsales extranjeros en la capital venezolana, García expuso los peligros del antidrogas Plan Colmbia, sobre todo "por la desviación que a nivel internacional se está asumiendo" sobre el proyecto impulsado la semana pasada por los presidentes Bill Clinton y Pastrana.

En declaraciones al diario bogotano El Tiempo, García pidió a los cinco países facilitadores del proceso de paz con Bogotá propiciar una solución negociada al conflicto armado interno que "vaya en contravía del Plan Colombia".