JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Identidad y cambio
* Sami David *
Resultado de luchas y esfuerzos sociales, las instituciones mexicanas, aun las más estables, son susceptibles de ser redefinidas o adecuadas a la actual circunstancia que se vive. Lograr la estabilidad y la convivencia pacífica dentro de un marco legal es el papel fundamental de las instituciones en nuestro país. Acción y pensamiento que concilien aspectos materiales e ideológicos con un sentido práctico, pero preservando el tejido social, es lo conducente.
El presente pluripartidismo debido a la participación ciudadana, así como la preponderancia de los medios de comunicación, han cuestionado el papel y funcionalidad de estos organismos; por lo mismo, las siguientes reflexiones van, justamente, encaminadas a observar la vigencia --o insuficiencia-- de las mismas, partiendo de la circunstancia de que modernizar presupone distinguir entre identidad y cambio: es decir, hasta dónde es válido adecuar las instituciones para que realicen su acción dentro del actual contexto, o bien irrumpir en un movimiento de variación, articulando objetivos históricos fundamentales.
La situación presidencial, en principio, cuestionada incluso por el propio titular del Ejecutivo. Sus acciones metaconstitucionales fueron acotadas motu proprio para dar margen al equilibrio entre los poderes republicanos. La sucesión misma ha logrado un giro de 180 grados en virtud del sufragio y de los organismos electorales que dieron cauce a la expresión democrática. La nueva correlación de fuerzas que el país vive representa la certeza de que todo está en movimiento. La interrogante sería: Ƒqué es válido preservar y qué es conveniente modificar o adecuar a los tiempos presentes?
El problema de las instituciones sociales en México, por ejemplo, es que involucran la normalidad de la vida del país. El cambio, o adecuación, no debe darse hacia el vacío. O caer en lo que algunos denominan gatopardismo: cambiar para que las cosas sigan igual. Inclusive el ejercicio de una serie de facultades constitucionales en un sistema político en evolución ha quedado superado. La transmisión pacífica del poder a través del voto ya es un hecho, aunque habría que cuidar la observancia de formas concretas de acción y articulación políticas para determinar programas sociales viables.
Situaciones inéditas nos llevan a expresiones políticas inéditas. La pluralidad del Congreso de la Unión, la titularidad del Ejecutivo en poder de otro partido diferente al PRI; el gobierno del DF en manos del PRD y la diversidad ideológica de las delegaciones y la Asamblea Legislativa prefiguran un ámbito novedoso, de discusión y diálogo. Aunque todavía hay pendientes en la agenda nacional: el conflicto chiapaneco, la restructuración de la UNAM, la reforma del Estado, la seguridad pública, entre otros aspectos capitales.
Lo anterior nos lleva a otra institución: la estabilidad social, aunque, obviamente, aquí hay un sustento histórico, no la simple situación inercial para preservar esta institución, aunque adecuándola a la realidad presente. Un Ejecutivo opositor frente a un Legislativo que está obligado a reivindicar sus facultades y atribuciones, apoyándose en la actual composición de fuerzas políticas, mismas que el PRI se encargaba en su momento de integrar y conservar. Equilibrio que, sin duda alguna, no representa la forma más acabada de democracia, puesto que para legislar los partidos deben procurar interés común y soslayar a veces el respaldo del sufragante para conformar alianzas. *