JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* Solicitud del Congreso de Guerrero a la PGR

Piden investigar denuncias en contra de Acosta Chaparro

* Acuerdo de PRI, PRD, PAN y PRS en la Permanente local

La Jornada/ El Sur, Chilpancingo, Gro., 6 de septiembre * El Congreso del estado aprobó ayer un punto de acuerdo para demandar a la PGR inicie una investigación que conduzca a determinar la participación del general Mario Arturo Acosta Acosta Chaparro y del notario público en Iguala, Carlos Ulises Acosta Viques, "en los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, perpetrada en agravio de más de 500 guerrerenses en los setenta".

La sesión de la Comisión Permanente, convocada a las once de la mañana, empezó a las tres de la tarde, debido a que en la Comisión de Gobierno los coordinadores de las fracciones parlamentarias de PAN, PRI, PRD y PRS no lograban acordar los puntos del orden del día.

Uno de los puntos sustanciales de la sesión fue el referente a fijar la posición de las fracciones parlamentarias sobre la detención por narcotráfico de Acosta Chaparro, a quien sobrevivientes y familiares de la guerra sucia en los setenta lo responsabilizan de torturar y desaparecer a cientos de ciudadanos guerrerenses.

Si bien en la sesión no hubo debate sobre el tema, y cada una de las fracciones sólo llevó a la tribuna sus posiciones, en el cónclave de la Comisión de Gobierno pesó la alianza entre PAN, PRI y PRS para evitar que el coordinador de los diputados perredistas, Octaviano Santiago Dionicio (una de las víctimas del general Acosta Chaparro), presentara el punto de acuerdo parlamentario que él mismo había propuesto.

"Nadie debe sentirse heredero del dolor"

Cuando en la sesión se llegó al punto tres en el apartado de iniciativas del orden del día, a tribuna subió el diputado perresista Demetrio Saldívar Gómez, para dar lectura a su propuesta de punto de acuerdo, que más tarde sería aprobado por el resto de las fracciones parlamentarias, con un agregado sugerido por el PRD.

Antes de dar lectura a su documento, y en franca referencia al perredista Santiago Dionicio, Saldívar Gómez dijo que nadie "debe sentirse heredero del dolor de las víctimas de la guerra sucia en los setenta", y que tampoco debería ser utilizado por algún partido u organización política.

Luego, ya en la lectura del punto de acuerdo, dio a conocer que después que el 31 de agosto fueron detenidos los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, en Guerrero se han sucedido "una serie de reflexiones" acerca de sus participaciones en la guerra sucia de los setenta, "que fueron de gran controversia y causaron gran impacto entre los guerrerenses".

Las implicaciones del general Acosta Chaparro "en la desaparición y represión de más de 500 guerrerenses que tomaron posiciones contrarias al régimen político", y porque a la desaparición forzada y a la tortura "se les considera como delitos de lesa humanidad, se hace necesario que la PGR lleve a cabo las indagatorias que determinen la participación real" de aquél en esos hechos.

No habrá impunidad

En seguida, el diputado del PRI, Eugenio Ramírez Castro, dio lectura a la posición de su partido. Dijo que "el fin supremo de todo gobierno es la preservación de la paz, de la justicia y la promoción a la vida democrática que garantice oportunidades de progreso y realización para todos".

Además ųen una postura inusualų, el priísta argumentó que "es importante luchar de manera decidida y frontal contra quienes atenten contra la integridad y los derechos de los ciudadanos".

Pero no sólo eso, como si fuera una advertencia para casos como las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, indicó: "Todo funcionario, sin importar su jerarquía, su rango o posición social, debe sujetar su conducta a lo establecido por nuestras normas legales y guiar su proceder con honestidad, responsabilidad y ética".

Enérgica la posición priísta, Ramírez Castro agregó: "Quien no lo haga así, sin distinción de ninguna índole, debe ser sometido a los procesos y juicios que nuestro mismo estado de derecho establece en contra de los que mal usan y abusan de los cargos que les son conferidos".

La fracción priísta considera que la detención de los militares "es un mensaje de que no puede ni debe existir impunidad para nadie, mucho menos intocables, porque ni el cargo ni la investidura, por más alta que sea, pueden liberar a quien los ostenta de la responsabilidad, el juicio y la sanción que las mismas normas jurídicas prevén, por la comisión de conductas al margen de la ley, que atenten contra la vida, la libertad, la libertad, la salud, la dignidad o el patrimonio de terceros".

Por eso se manifestaron "por la estricta aplicación del derecho en contra de todos aquellos que atentan contra el mismo y a favor de la construcción de una sociedad más justa y democrática en la que unifiquemos trabajo y esfuerzo para erradicar la impunidad".

Obligada, la investigació de parte de las autoridades

Por el PAN, un cauteloso diputado Angel Pasta Muñúzuri consideró que ante la detención de Acosta Chaparro "diversos grupos políticos y sociales del estado lo señalan de haber sido el principal responsable de la desaparición forzosa de múltiples ciudadanos".

Todo ello, asume, "obliga a la realización de una investigación de las autoridades abocadas a ello, dentro del marco de la legalidad, en donde todo aquel que se sienta ofendido en su integridad y en sus derechos políticos y civiles, tenga la oportunidad de aportar las pruebas que considere necesarias para fundar su dicho".

Escueto, el panista exhorta "a las autoridades a la realización de una verdadera investigación de todos y cada uno de los delitos que se le imputan al ya mencionado, sin violentar en ningún momento el marco legal que caracteriza a las instituciones que imparten la justicia en el país".

Acosta Viques, responsable de la tortura en el gobierno de Figueroa

El PRD entregó su posición por escrito a los medios de comunicación y a la mesa directiva de la Comisión Permanente, pero Octaviano Santiago improvisó para responder al perresista Demetrio Saldívar.

Comentó que esa sesión parlamentaria le parecía lo mejor que le había ocurrido en su vida, que concretaba la esperanza que le nació luego que a principios de año en Inglaterra, a petición del gobierno español, fue detenido el dictador chileno Augusto Pinochet.

Dijo que el punto de acuerdo parlamentario que se aprobaría posterior a su intervención "era una expresión esperada por los guerrerenses". Luego le dijo a Demetrio Saldívar que no era heredero de por vida del dolor de familiares y víctimas de la guerra sucia, porque toda su vida ha luchado y no ha culminado.

Propuso entonces que la justicia militar y civil "actúen a fondo" en contra de Acosta Chaparro y pidió incluir en el punto de acuerdo que también se investigue al actual notario público y ex procurador general de Justicia en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, Carlos Ulises Acosta Viques, a quien responsabilizó de ser el "principal torturador" durante la guerra sucia.

Consideró que de iniciarle la indagatoria a Acosta Viques, se podría conocer la ubicación de la cárceles clandestinas y el paradero de los desaparecidos, además de saber quién las administró y manejó, dónde dejó o dónde perdió de vista a los ahora desaparecidos.

Más incisivo, Octaviano Santiago demandó que el Congreso local no sólo se manifieste por exigir a la PGR investigar a Acosta Chaparro y Acosta Viques, sino que se le diera seguimiento al proceso.

Asimismo, insistió que el punto de acuerdo se extendiera a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al gobierno del estado, al Congreso de la Unión y al Poder Judicial de la Federación, para que no "esquiven u obstruyan" las investigaciones.

Recordó que no sólo están los desaparecidos de los setenta, sino también en la actualidad está pendiente la presentación con vida del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, "por nombrar a alguno".

Al final, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Ramiro Avila Morales, se le olvidó incluir la propuesta del perredista, y sólo sometió a votación el punto de acuerdo presentado por Demetrio Saldívar.

Sin embargo, el también perredista Juan Adán Tabares le recordó a Avila que había una propuesta del Partido de la Revolución Democrática de incluir el nombre de Carlos Ulises Acosta Viques para que se le investigara junto a Mario Arturo Acosta Chaparro.

No hubo objeción del presidente ni del PRI en general, menos de Demetrio Saldívar. Así, el Congreso local, en una inusitada votación, acordó solicitar a la Procuraduría General de la República que investigue las denuncias contra los dos personajes que son responsabilizados de la desaparición de 500 guerrerenses.

Busca el PRI una nueva relación con los guerrerenses

Esta posición priísta la explicó más tarde el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón, como la apertura a una nueva relación política de su partido y del Congreso local hacia la sociedad guerrerense, ante temas que dañan la dignidad humana.

Destacó que es una responsabilidad del Congreso local asumir la exigencia de justicia de los guerrerenses para que se investiguen, con apego a derecho, las denuncias sobre los desaparecidos, pero acotó que pierden validez si sólo "son presunciones".

Dejó entrever que si existe alguna propuesta de los grupos parlamentarios para integrar una comisión que coadyuve en la conformación del expediente en contra de Acosta Chaparro y Acosta Viques, junto con los organismos no gubernamentales, las víctimas y familiares de los desaparecidos, cabría la posibilidad de que fuera aprobada.