JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* España tiene prioridad en la extradición del ex marino: Mansilla
Apelación de la fiscalía española en el caso Cavallo
* El recurso no tiene ningún efecto suspensivo a la causa que sigue el juez Baltasar Garzón
Armando G. Tejeda, corresponsal, y Jesús Aranda * La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España interpuso ayer un recurso de apelación al auto del juez Baltasar Garzón, emitido el pasado primero de septiembre, en el que dictó el procesamiento de Ricardo Miguel Cavallo, presunto genocida durante la última dictadura de Argentina (1976-1983).
Este recurso no tiene ningún efecto suspensivo a la petición de extradición que presumiblemente presentará el magistrado español la próxima semana ante las autoridades mexicanas. Fiel a su tradición, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el jurista conservador Eduardo Fungairiño, presentó un nuevo recurso contra el proceso judicial que pretende sentar en el banquillo de los acusados a Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio, terrorismo y torturas ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Por su parte, la directora del Seminario de Derecho Internacional de la UNAM, María Elena Mansilla, afirmó que Miguel Angel Cavallo debe ser extraditado a España en caso de que el juez Baltasar Garzón demuestre que legalmente procede su entrega, ya que ante la petición del gobierno argentino de que el ex marino sea entregado a su país de origen, debe prevalecer el principio de que ''primero en tiempo, primero en derecho'', y fue España quien inicialmente pidió la entrega del ex director del Renave.
En entrevista, la doctora Mansilla dijo además que con la eventual extradición de Cavallo a la Península Ibérica se evitaría que se cometiera una burla, como en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, a quien las autoridades británicas le permitieron regresar a su país debido a su precario estado de salud, cuando en realidad era todo lo contrario.
Sin embargo, la doctora en derecho internacional reconoció que el asunto es legalmente complicado por la vigencia de un tratado de extradición con España y por la firma de la Convención de Montevideo sobre extradiciones, en la que México y Argentina acordaron los procedimientos para estos casos.
El tratado con España, firmado en 1980, establece que procede la extradición ''en disputa con otro país'', cuando éste fue el primero en solicitarlo y por tratarse de acusaciones por delitos contra la humanidad.
De acuerdo con la especialista, el que nuestro país esté obligado por ambos convenios a entregar a un extraditable complica el proceso judicial que deberá resolver en primera instancia un juez de distrito; una vez que el juzgador envíe su recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cancillería tendrá que decidir si extradita o no a Cavallo, y a qué nación.
Al respecto Mansilla dijo que, según el derecho internacional, los acuerdos particulares ųen este caso el tratado de extradición con Españaų prevalecen sobre los acuerdos generales ųla Convención de Montevideoų, por lo que el argentino tendría que ser entregado al juez Garzón.
En España, el proceso puede durar varios meses
Con el recurso interpuesto por Fungairiño, suman dos los que ha presentado la fiscalía en el caso Cavallo ųel primero fue contra el auto de detención con fines de extradición, dictado el pasado 26 de agosto por el juez Guillermo Ruiz de Polanco. Ambos recursos serán resueltos por el propio juez Garzón; posteriormente la fiscalía, ante la desestimación de Garzón, presentará los mismos recursos ante la Sala de lo Penal, que una vez se haya pronunciado serán finalmente archivados.
Este proceso puede durar varios meses, si bien no tiene efectos suspensivos en el proceso judicial de extradición en el que entrará en los próximos meses el caso de Ricardo Miguel Cavallo, también conocido como Sérpico y Marcelo.
La fiscalía sostiene que los tribunales españoles no son competentes en este tipo de juicios, por lo que a cada auto que dicta Garzón se sucede un recurso de apelación de la máxima autoridad de la propia Audiencia Nacional.
Este recurso ha sido rechazado en todos los casos por la Sala de lo Penal, al basarse en una resolución que emitieron por unanimidad los pasados 3 y 4 noviembre, en la que explicaban con una detallada argumentación jurídica la competencia de la Audiencia desde dos ópticas: la de la ley nacional y la de los tratados internacionales firmados por el Estado español.
Pese a esto, y con la convicción de que serán rechazados, la fiscalía presenta sistemáticamente sus recursos de apelación.
La fiscalía ha seguido idéntico procedimiento en los procesos abiertos contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y a raíz de la querella criminal presentada por la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, contra los genocidas guatemaltecos, entre ellos Fernando Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores.
Manuel Olle, abogado de la acusación popular y representante jurídico, ante la Audiencia Nacional, de las Madres de la Plaza de Mayo, explicó a La Jornada que ''la sorpresa hubiera sido que la fiscalía no hubiera presentado recurso. Estamos acostumbrados a que la fiscalía desde el primer momento del procedimiento ha recurrido absolutamente todo. Nosotros entendemos que lo que debe de hacer es dejar de recurrir todo y ponerse a perseguir a los delincuentes, a los genocidas, a los terroristas y a los torturadores, pues no olvidemos que los delitos por los que está imputado el señor Cavallo son delitos de lesa humanidad, es decir son los más graves y más horrendos que jamás se pudieron haber cometido''.
Asimismo, Olle informó que la acusación popular presentó hoy ante Garzón una petición formal para que se presente lo antes posible la orden de extradición contra Cavallo; en este rubro indicó que ''sin el tratado bilateral no habría extradición, pero no nos olvidemos que tanto México como España o Argentina han suscrito el Tratado para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y Tortura, es decir, que si se cumplen todos los requisitos exigidos en el tratado bilateral, no puede haber ningún obstáculo ni de derecho procesal, ni de derecho sustantivo para que Cavallo sea extraditado cuanto antes''.
En cuanto al principio de territorialidad defendido por el presidente argentino Fernando de la Rúa, señaló que ''le diría que primero repase su propia Constitución, en la que se establece el principio de justicia universal y, en segundo lugar, que cuando firmen los tratados, que sepan que no son papel mojado sino que están para cumplirse''.