MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Crisis política por el escándalo de los sobornos para la reforma laboral
Adelantar comicios para renovar el Senado, plantean en Argentina
* Carlos Liporaci, el juez que lleva la causa, es investigado por enriquecimiento ilícito
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 4 de septiembre * El escandaloso affair sobre los presuntos sobornos que habrían cobrado algunos senadores, la mayoría del opositor Partido Justicialista (peronista), para aprobar la resistida ley de reforma laboral, se ha convertido en una crisis política en la cual no se esperan decisiones de la justicia para lanzar temerarias propuestas.
Hay quienes piden el remplazo de todo el Senado mediante el voto popular, otros solicitan la renuncia de distintos funcionarios, pero nadie sabe aún si los sobornos existen y si hay responsables. Algunos sindicalistas incluso hablan de que el presidente Fernando de la Rúa debería renunciar "si está involucrado", mientras los sectores sindicales ortodoxos se defienden de acusaciones de haber pagado los supuestos sobornos.
Si algo faltaba en esos momentos, cuando el presidente inició una gira que comienza en México, el Consejo de la Magistratura pidió hoy a la Corte la declaración jurada del juez Carlos Liporaci, quien lleva la causa de los sobornos pero que, a su vez, es investigado por enriquecimiento ilícito. Además, sobre Liporaci ųquien dice estar convencido de que los sobornos exisitieronų pesan cinco pedidos de juicio político.
El vicepresidente Carlos Alvarez propuso este lunes adelantar los comicios de 2001 para la renovación del Senado debido al escándalo, que comenzó con una nota periodística sobre la versión de los sobornos y mensajes anónimos, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Carlos Ruckauf, así como el ex gobernador y también miembro del partido Eduardo Duhalde, pidieron esta tarde el remplazo del Senado mediante el "voto popular".
Además, Ruckauf reclama al presidente que se concrete un acuerdo de todas las fuerzas políticas, en lo cual es apoyado por el senador Antonio Cafiero, cuyos testimonios desataron la investigación, pedida a la justicia por el propio gobierno de la socialdemócrata Alianza.
Pero aun cuando coincidieron en el remplazo del Senado, los peronistas salieron a golpear al vicepresidente Alvarez, también titular del Senado. Por ello causó sorpresa que el propio Cafiero ųquien nunca dio nombres ni precisiones en su testimonioų haya dicho que Alvarez no hizo lo debido a tiempo, cuando fue precisamente el vicepresidente quien impulsó la investigación.
Esto hace presumir un plan que nadie sabe lo que puede desatar y que denuncia la revista Noticias, según la cual el objetivo es deshacerse de Alvarez, quien al parecer es un escollo para muchos, no sólo opositores peronistas, sino sectores de derecha de la Unión Cívica Radical, centenario partido que forma la Alianza gobernante junto con el centroizquierdista Frente País Solidario, al que pertenece el vicepresidente. De la Rúa, sin embargo, renovó su confianza en Alvarez antes de partir.
Todos estos juegos políticos dejan al descubierto que lo que comenzó como denuncias anónimas sobre presuntos sobornos, sobre los cuales aún no hay ninguna prueba a la vista, puede ser en realidad algo mucho más grave. El propio senador Cafiero, interrogado sobre cómo funcionaría el gobierno con todo el Senado suspendido, dijo que no tenía "mucha importancia, hay que buscar alguna fórmula".
El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente, Hugo Moyano, reclamó a su vez la salida de funcionarios como el ministro de Trabajo y los senadores, pero hasta ahora son sólo presuntos implicados y no existen pruebas. Moyano convocó además a una movilización para el miércoles contra la reforma laboral, que era reclamada por sectores empresariales.
En tanto, senadores acusados de corrupción en el pasado por la prensa, ahora se transforman en líderes de la "necesaria honestidad", mientras el justicialista Héctor Maya, quien ha sido vinculado a represores de la última dictadura, solicitó esta tarde un "desafuero masivo", que incluya al vicepresidente Chacho Alvarez.
Ruckauf también pidió la renuncia del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, quien le recordó que el ahora gobernador debe dar cuenta del uso de fondos reservados en el Senado, cuando fue vicepresidente del mismo.
Todos acusan en este peligroso juego político, que podría dispararse en cualquier dirección y terminar golpeando a todos y no sólo a la gobernante Alianza, que asumió en diciembre pasado con promesas de transparencia tras una década de gobierno menemista plagada de escándalos de corrupción.