MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Criticaron la fuerte concentración del ingreso y el aumento de la pobreza
Bienestar social, la mayor deuda que deja Zedillo: académicos
* El sector rural, estratégico para reactivar la economía; allí sobreviven 70% de los pobres
Karina Avilés * Economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron una severa crítica al último Informe del presidente Ernesto Zedillo, al señalar que no sólo deja un país con una alta concentración del ingreso y un aumento de la pobreza que se elevó de 40.5 a 45.5 millones de mexicanos, sino que también transfiere instituciones públicas de beneficio social desmanteladas.
La maestra Ifigenia Martínez resumió: "Se adoptó un modelo de crecimiento para México completamente contrario a nuestra historia social, a nuestras luchas, a nuestra Constitución, y esto es el resultado de haber abandonado un proyecto nacional''.
En una conferencia convocada por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, los especialistas destacaron la carencia de información del Informe presidencial y la agudización de problemas sociales, producto del modelo neoliberal impuesto en México desde 1982.
El investigador Adolfo Sánchez Almanza señaló que de acuerdo con datos del Congreso del Trabajo el salario real de los trabajadores muestra una pérdida acumulada del 72 por ciento entre 1970 y 2000, ''y la administración de Zedillo sería responsable de alrededor del 40 por ciento'' de ese deterioro.
De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, entre 1994 y 1998 la pobreza habría aumentado de 36 a 38 por ciento del total de los hogares, es decir, de 45 a 47 por ciento de personas en pobreza, lo que significa un aumento de 40.5 a 45.5 millones de pobres considerando la población media de cada año, añadió.
''De manera esquemática, y con base en cifras de la Cepal y del diagnóstico del Progresa, formalmente se estaría cubriendo aproximadamente a 89 por ciento de la población en 'pobreza extrema', sin embargo, la cobertura de los servicios de salud, educación y alimentación son desiguales entre los beneficiarios, y el conjunto de recursos todavía es insuficiente ante la magnitud del fenómeno. Otras estimaciones hablan de la pobreza extrema hasta en 26 millones de mexicanos'', apuntó.
En el contexto de la continuidad del modelo económico, cuyo parteaguas fue el año de 1982 con el arribo al poder de Miguel de la Madrid, hizo la siguiente comparación: mientras en el periodo 1964-1981 el PIB por habitante creció 3.4 por ciento en promedio anual, en el periodo 1982-2000 el crecimiento fue apenas del 0.3 por ciento anual. Pero también subrayó que entre los ''errores'' políticos se encuentran el desmantelamiento de un Estado benefactor que ha traído ''graves consecuencias'' para la población. De hecho, ''la mayor deuda'' que deja Zedillo es en materia de bienestar social y familiar.
En su turno, la maestra Ifigenia Martínez calificó en principio de ''desafortunada'' la declaración del Presidente al autoproclamarse como un ''liberal'' en lo económico y en lo político, pues señaló que el liberalismo económico representa ante todo la libertad de comercio pero sin proyecto nacional.
''Un rechazo a este proyecto (del liberalismo económico) fue la Revolución, el documento de la Constitución, donde están inscritos los principios de una política económica de Estado, sobre la base de una economía mixta, donde el desarrollo económico está basado en la expropiación racional de nuestros recursos naturales con preferencia a nuestros campesinos...
''Los gobiernos neoliberales que hemos tenido, primero, el de Miguel de la Madrid, luego Carlos Salinas y Ernesto Zedillo no han seguido esos propósitos, al contrario, han empobrecido al pueblo, han creado una fábrica de pobres, los pobres lo son ahora más que nunca, han desmantelado todo lo que era la economía pública, han acabado con el sistema financiero nacional, le han quitado atribuciones al Banco de México, institución donde está la raíz del Fobaproa, en la desregulación, en que se siguió una política de dejar en el mercado a un sector tan delicado como es el sector bancario y financiero'', manifestó.
El investigador Arturo Ortiz Wadgymar afirmó que el Informe fue dirigido como un triunfo de la sumisión aceptada hacia el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Estados Unidos ''por un gobernante que celosamente vigiló que se cumplieran al pie de la letra las disposiciones en materia económica salidas de las oficinas del exterior''.
Por su parte, la investigadora Isabel Rueda Peiro cuestionó que se pueda hablar de ''grandes avances democráticos, cuando la mayoría de la población se muere de hambre. ƑEs que la democracia se limita a lo electoral cuando no hay la posibilidad de la inmensa mayoría de los mexicanos de incidir en las decisiones que nos atañen a todos?''.
La investigadora María del Carmen del Valle hizo especial énfasis en el olvido en que se encuentra el sector agropecuario: ''La agricultura no ha podido salir de la crisis que se presenta en su punto más crítico en 1995''. Sin embargo, la importancia de este sector ''es innegable y estratégica para reactivar la economía. El 25 por ciento de la población es rural. Alrededor del 70 por ciento de los pobres se encuentran en el sector rural''.
Video-conferencia
En la primera videoconferencia vía Internet desde la Facultad de Economía (FE), investigadores del IPN y de la UNAM se manifestaron al respecto. El académico de la FE, Arturo Huerta, le recordó al Presidente que todavía no hay ''constatación empírica en el mundo'' donde haya sucedido que la libertad económica ''es el medio más poderoso para incrementar la riqueza'' y que la economía de mercado es el medio ''para alcanzar el progreso económico de cualquier país''. En el mandato de Zedillo, el Estado no desempeñó la función de intervenir para alcanzar la justicia social y, por el contrario, fue intervencionista pero en favor de los intereses del gran capital financiero, añadió.
El investigador del IPN, Humberto Martínez Brizuela, afirmó que la mejoría de los salarios y bienestar para la familia no llegó. Indicó que el juicio de la población a este Informe se produjo desde antes, el 2 de julio. También se refirió a las omisiones del texto presidencial, entre ellas el caso Fobaproa. Previó que en los próximos meses la situación será más complicada porque pueden incrementarse las privatizaciones, por lo que señaló que las fuerzas progresistas tendrán que aglutinarse para hacer una defensa de lo público.