MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* 60 días para entregar pruebas hacia la extradición

Advierte Green que Cavallo podría recobrar la libertad

* Los peores criminales también tienen derechos, recuerda la canciller

Elizabeth Velasco C. y José Gil Olmos * Ricardo Miguel Cavallo saldría en libertad a finales de octubre si por alguna razón "falla" el juez español Baltasar Garzón y no entrega en un plazo de 60 días todas las pruebas que son necesarias para la extradición del ex militar argentino, advirtió ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green.

Insistió en que la acusación contra el ex integrante del grupo de inteligencia de la Escuela Mecánica de la Armada argentina (Esma) tiene que "completarse y probarse; no se puede extraditar nada más porque alguien lo solicita sin bases y sin apoyo legal. Somos países gobernados por leyes no por caprichos, y cuando finquen la detención procederemos conforme a derecho".

Rechazó que, de resultar liberado Cavallo, el gobierno mexicano pudiera ser sancionado o cometer alguna violación contra los principios internacionales de cooperación adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en torno a extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. En este caso, dijo, "el único convenio que se aplica es el bilateral de extradición que tenemos con el reino de España... La ONU no obliga a ningún país a nada".

En tanto, Gustavo Carvajal Moreno, ex presidente nacional del PRI, dijo que su partido no será instrumento para que Cavallo no sea deportado a España. "šCómo vamos a servir para esto si nosotros estamos en contra del Renave (Registro Nacional de Vehículos)!", exclamó el político veracruzano, que rechazó las versiones de que el tricolor pueda ayudar al ex militar argentino.

En extensa rueda de prensa en Tlatelolco, Green subrayó que "ni constitucional ni legalmente" el gobierno mexicano podría mantener preso al ex director general del Renave si no se comprueban los delitos de terrorismo, genocidio, tortura y otros que se le imputan.

Así que "la pelota está en la cancha de los españoles", aseguró Green, al tiempo que deslindó al gobierno mexicano de este caso, argumentando que Cavallo "ha sido juzgado fuera de la jurisdicción (mexicana) y este es un debate que se está dando en España; México no participa ni participará".

Fue más explícita al señalar que aun cuando se cumpliera con ese plazo de 60 días y el juez séptimo de distrito en materia penal federal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano ųquien lleva el caso en Méxicoų, determinara que existen elementos para la extradición del militar argentino, éste tiene todavía "una serie de recursos legales para su defensa".

La canciller refirió que alguna vez como "miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enfrentaba el hecho de que los criminales también tienen derechos" y aun cuando "sea el peor de los peores (criminales), Cavallo tiene a su alcance recursos legales que puede utilizar y no podemos quitárselos porque estaríamos convirtiéndonos en un país de aplicación selectiva de las leyes, lo cual sería contrario a derecho".

Green respondió a pregunta expresa que hasta el momento México no ha sido objeto de presiones por parte del gobierno de Argentina ni ha recibido alguna petición para la deportación de Cavallo a esa nación sudamericana, donde está catalogado como "impune por la Ley de Punto Final".

Sobre el procedimiento a seguir, explicó que por la vía diplomática el gobierno de España tendrá que presentar la solicitud de extradición del ex director general del Renave para que, a su vez, la cancillería mexicana presente tal petición y la documentación correspondiente al juez séptimo de distrito, quien además debe "abrir el espacio para que los abogados de Cavallo armen sus propios argumentos". Cuando el juez Luna haga una recomendación a la SRE, entonces "la cancillería podrá pronunciarse en un sentido o en otro".

Debido a que Cavallo podría apelar si la sentencia le es desfavorable, Green avizoró que el caso del capitán de corbeta en retiro podría convertirse en un "procedimiento largo y a veces tedioso". Ilustró con casos de mexicanos radicados en otro país y cuya extradición no se ha logrado en virtud de que "han tenido el beneficio del amparo y esto nos hace la vida complicada a las autoridades involucradas en el proceso". Por tanto, previó que el caso Cavallo pudiera "tardar algún tiempo", si procede la extradición.

Por último, comentó que aun cuando ese asunto no fue incluido en la agenda de conversaciones entre los presidentes de México, Ernesto Zedillo, y de Argentina, Fernando de la Rúa, sin duda el tema habría sido abordado.