LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* PARABOLA
La verdadera herencia de Zedillo
* Emilio Lomas M. *
El blindaje financiero por 24 mil millones de dólares y los prepagos realizados a los organismos internacionales, como el anunciado el jueves pasado por 3 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, son la clara expresión de la buena voluntad del gobierno zedillista de lograr una transición sin presiones internacionales. Bien por el saliente mandatario, que de esta manera heredará al próximo gobierno una situación desahogada en cuanto a compromisos con el exterior se refiere, sólo que no habría que olvidar que la herencia el presidente Zedillo también incluye la gran presión que el servicio de los pasivos del rescate financiero ejercerá sobre las finanzas públicas en el mediano plazo.
De acuerdo con los pagos que se deberán realizar anualmente se tendrán que presupuestar, en promedio, 39 mil millones de pesos o el equivalente a 0.6 por ciento del producto interno bruto, al menos durante los próximos ocho años.
Pero si las autoridades financieras se propusieran servir el total del costo financiero de los pasivos del IPAB, la cifra que se tendría que destinar a los pagos ascendería a 87 mil millones de pesos cada año, es decir, 1.4 por ciento del PIB, pero todo esto en el supuesto de que la tasa real de interés baje de 5 por ciento en este año a 3 por ciento a partir del 2002.
Los economistas prevén que a 30 años, y sólo bajo condiciones excelentes para el país como tasas reales de crecimiento del 2 por ciento, inflación del 4 por ciento y crecimiento del 3.5 por ciento --ya ni siquiera del 7 por ciento, como se propone el próximo mandatario--, se podría ir disminuyendo la carga fiscal de estos pasivos. Así, aparentemente en el largo plazo si la economía marcha bien los pasivos del rescate bancario son manejables.
Sin embargo, es preocupante la situación del mediano plazo. Los especialistas calculan que el reembolso de 55 por ciento de los pasivos totales del Fobaproa es fundamental para evitar el deterioro de las finanzas públicas en los siguientes años y podría reducir el costo fiscal para el contribuyente del 64 al 30 por ciento del total de los pasivos del IPAB.
Pero de no ser así, como lamentablemente se prevé, la presente administración habrá heredado al próximo gobierno una gran cantidad de compromisos sobre las finanzas públicas y muchas insuficiencias en la atención de las demandas más sentidas de la población.
Y es que finalmente la prioridad de los temas financieros en la agenda gubernamental, disolvió la posibilidad de elaborar una reforma fiscal integral que consolidara fuentes estables de recursos fiscales en el sexenio que concluye, de modo que los compromisos y demandas que deberá enfrentar Fox serán múltiples, y con una débil estructura fiscal incapaz de financiar las funciones básicas del Estado.
Así balanceada la herencia, si bien México iniciará un nuevo periodo gubernamental sin crisis sexenales y sin compromisos con el exterior, también lo hará con una quiebra fiscal, y con el antecedente de que en el 2000 se registró el gasto público más bajo en 18 años.
Melée
Los cooperativistas defraudados del tabloide La Prensa no sólo avanzan en lo penal sino en lo civil en el prolongado proceso de su defensa.
Ahora los españoles Antonio Ruano Fernández y Manuel Sabido Durán, copropietarios del diario madrileño El País, además del multimillonario empresario Carlos Abedrop Dávila y su representante, el licenciado Adolfo Muñoz Lara, copartícipes en el megafraude en contra de más de 400 cooperativistas, deberán dar respuesta a la denuncia de colusión con Mario Santaella de la Cajiga, Mario Santaella Herrera, Carlos Peláez Fuentes y Augusto Emilio Corro Ortiz, para realizar la simulación de una operación de compraventa del total de las cien acciones que formaban el capital de Editora La Prensa, en 100 mil pesos --leyó usted bien--, que incluyeron además el cabezal de La Prensa, más 17 títulos cuyos derechos de autor pertenecían a los cooperativistas.
Por un lado, Ruano Fernández y Sabido Durán y, por el otro, Carlos Abedrop y Adolfo Muñoz, integraron con fecha de 26 de julio del 1993 la firma Impulsora de Empresas Periodísticas con un capital inicial de 400 mil pesos y así llevaron a cabo el engaño, la simulación, ahora clasificada como delito grave.
En breve, y luego de que el juez cuarto de distrito en materia penal, José Rafael Vázquez Hernández, considerara que aún no estaban agotadas las instancias en este asunto, calificado como fraude genérico, se prevé que la Tercera Sala del Primer Circuito Colegiado confirmará en breve que hubo los delitos que se le imputan a estos nueve indiciados. Asimismo, el tribunal de Justicia del Distrito Federal concedió como rotunda una prueba más que demuestra contablemente los montos que les fueron despojados a quienes ahora luchan contra enemigos en otros tiempos invencibles.