LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Una explicación urgente y necesaria
* Iván Restrepo *
Guadalcázar, pequeño municipio enclavado en una de las zonas más pobres del estado de San Luis Potosí, se convirtió la semana anterior en noticia internacional. No porque ahí se hubiese hallado algún vestigio arqueológico importante o una especie que refrende la riqueza biológica de México, sino debido a que un tribunal constituido en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) condenó al gobierno mexicano a pagar 16 millones de dólares a la empresa estadunidense Metalclad Corporations.
La sentencia es resultado del litigio que entabló esa corporación hace tres años debido a la negativa que recibió del gobierno de San Luis Potosí para permitir la apertura de un confinamiento de residuos peligrosos en el municipio mencionado.
En Guadalcázar existe un valle semidesértico conocido como La Pedrera. Ahí se localiza un predio de 800 hectáreas en una parte del cual la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología autorizó, en 1990, a la empresa COTERIN a operar una estación de transferencia de residuos peligrosos. Fue clausurada un año después porque dispuso indebidamente de 20 mil toneladas de desechos. Posteriormente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) autorizó una auditoría con el fin de identificar los posibles problemas ambientales y de salud ocasionados y la forma de remediarlos. Entre otras cosas, la auditoría reveló incumplimiento de 18 normas ambientales, por lo que se ordenó restaurar el sitio a fin de garantizar la protección de la salud pública y el ambiente. Cabe señalar que en otra parte del mismo predio se hicieron obras destinadas a un confinamiento de residuos peligrosos.
COTERIN aceptó observar las recomendaciones de la auditoría ambiental y en 1993 obtuvo licencia local y federal de uso del suelo para establecer un depósito de desechos y un confinamiento controlado de los mismos sujeto a 37 consideraciones y las más estrictas medidas de seguridad. Poco después, Metalclad Corporations compró las acciones de COTERIN y se comprometió a remediar la contaminación causada en la estación de transferencia establecida en 1990 y a instalar el nuevo confinamiento de acuerdo con larga lista de condiciones fijadas por el Instituto Nacional de Ecología (INE).
Al respecto, todos los estudios encargados a diversas instituciones de reconocida capacidad científica antes de otorgar esas licencias, demostraron que La Pedrera era un sitio apropiado para construir dicho confinamiento y cumplía con los requisitos ambientales vigentes. Sin embargo, varios grupos ecologistas cuestionaron en un dictamen ciudadano los resultados de la auditoría ambiental realizada años antes por mandato federal y se opusieron a la construcción del confinamiento en La Pedrera.
Aunque inicialmente los gobiernos estatal y municipal apoyaban la instalación del confinamiento, en lo cual concordaban con los permisos concedidos por las instancias federales, en 1996 se declararon opuestos y, como resultado, Metalclad tuvo que suspender obras, pese a contar con las licencias respectivas expedidas por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) a través del INE. La empresa consideró que esa negativa la perjudicaba ya que había invertido millones en acondicionar el sitio para que funcionara como confinamiento.
Así que demandó por 90 millones de dólares al gobierno mexicano ante instancias creadas dentro del TLC. Su demanda fue atendida y resuelta favorablemente, pero por 16 millones de dólares.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sostiene que se cuenta con elementos suficientes para exigir la revisión, desecho y anulación del laudo arbitral --primero que México pierde dentro del TLC. Mientras tanto, es necesario clarificar lo ocurrido en torno a este asunto tanto para saber los motivos verdaderos que movieron al entonces gobernador de San Luis Potosí, Horacio Sánchez Uzueta, a oponerse de última hora al proyecto de confinamiento, como para conocer el alcance de los desacuerdos que esto trajo con la Semarnap.
Hay, por un lado, la sospecha de que esa oposición no tuvo que ver con la defensa del ambiente, sino con los intereses de otro confinamiento ubicado en Nuevo León, y no falta quien sostenga que las licencias federales se concedieron indebidamente. Un poco de luz sobre todo este asunto caería muy bien ahora que se habla tanto de transparencia, democracia y de entregar cuentas claras a la próxima administración. *