LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Hay más de 3 mil órdenes de captura pendientes
La PGR, casi con los mismos retos de inicio de sexenio
* Cabos sueltos en los casos Colosio, Posadas y Ruiz Massieu
Gustavo Castillo García / I * Al iniciarse los festejos por los 100 años de su existencia y próximo el fin de la gestión del presidente Ernesto Zedillo, la Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta casi los mismos retos que al principio del sexenio y más.
Elementos de la Policía Judicial Federal (PJF) involucrados en el tráfico de estupefacientes, asesinatos de personajes políticos y religiosos sin resolver, falta de credibilidad en actuaciones, masacres derivadas de la disputa de territorios entre bandas de narcotraficantes en Baja California, Chihuahua y Sinaloa, y por la existencia de grupos paramilitares en Chiapas.
Más de 30 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse, personal policiaco, ministerial y pericial sin preparación para cumplir con su labor, juicios instruidos en contra de ex funcionarios de la propia dependencia, la captura del ex gobernador Mario Villanueva Madrid y el desmembramiento de nuevas organizaciones de narcos son algunos de los retos que subsisten en una PGR condenada a desaparecer en la administración de Vicente Fox Quesada.
Durante el mandato de Ernesto Zedillo, la dependencia ha tenido dos titulares. Dos historias, la del panista Antonio Lozano Gracia, y la de Jorge Madrazo Cuéllar.
Una historia de dos partes
La diferencia con el gobierno de Carlos Salinas consiste en que durante la gestión del ex mandatario se nombraron cinco procuradores: Enrique Alvarez del Castillo, Ignacio Morales, Jorge Carpizo, Diego Valadés y Humberto Benítez.
En tanto que en la era zedillista sólo hubo dos. Sin embargo, las designaciones de un panista y un apartidista no bastaron para sanear la institución, incluso cuando se decidió habilitar a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como agentes de la Policía Judicial Federal (PJF).
Lozano Gracia salió a los dos años y un día de haber sido nombrado (3 de diciembre de 1996), en medio del escándalo y el fracaso. Varios de sus más cercanos colaboradores fueron encarcelados o sujetos a proceso penal en los meses posteriores a su remoción. El mismo ex procurador tuvo que comparecer ante los tribunales para defender a sus subalternos.
José Pablo Chapa Bezanilla, "investigador estrella" en los casos Colosio y Ruiz Massieu, huyó del país en febrero de 1997. Tres meses después se le detuvo en Madrid, España, acusado de haber fabricado pruebas, pagado a testigos falsos y utilizado videntes en el caso Ruiz Massieu. En los tribunales respondió por los delitos de exhumación clandestina, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos, pero fue exonerado por una supuesta falta de pruebas y hoy goza de libertad.
José Antonio Gándara Terrazas, uno de los principales colaboradores de Lozano Gracia, y quien fungió como oficial mayor de la PGR, debió comparecer ante un juez y aceptar que autorizó pagos ilegales a testigos. Entre ellos, a la vidente de Raúl Salinas de Gortari, Francisca Zetina, mejor conocida como La Paca, y a Fernando Rodríguez González, involucrado en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
Roberto José Barrios Gaxiola y José de Jesús Cortés Osorio, coordinadores operativo y administrativo de la investigación del asesinato del que fuera secretario general del PRI, fueron encarcelados como copartícipes de la "siembra" de la osamenta en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas.
Arturo Germán Rangel, integrante del grupo de abogados que coordina Lozano Gracia, enfrenta un juicio por la vía civil, luego de que ser acusado, junto con el ex procurador y Chapa Bezanilla, de daño moral y perjuicios cometidos en contra de Othón Cortés Vázquez, a quien se acusó falsamente de ser el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Otro caso de un funcionario que en la administración de Lozano Gracia tuvo una actuación destacada y posteriormente se vio involucrado en problemas judiciales, es Daniel Aguirre Luna, quien se desempeñó como director de procesos y quien durante su gestión exoneró a Abraham Rubio Canales, otro involucrado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Aguirre Luna, luego de ser despedido de la PGR, laboró en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a principios de 1997, pero fue acusado de dirigir una banda de ladrones de vehículos y privación ilegal de la libertad. Hoy, está libre.
El caso Ruiz Massieu fue la gota que derramó el vaso y causó el cese del primer funcionario federal de alto nivel de un partido de oposición. Llegó entre aplausos y salió en medio del descrédito, pero posteriormente se convirtió en secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), en la época en que Felipe Calderón Hinojosa fue líder nacional.
Con Lozano Gracia y Chapa Bezanilla las investigaciones del caso Colosio tomaron otro rumbo, no era un solo tirador; sin embargo, ante los jueces no acreditaron sus acusaciones, y el indiciado, Othón Cortés, quedó en libertad luego de 11 meses de cárcel.
El ex procurador identificó al subcomandante Marcos como Rafael Sebastián Guillén Vicente. En su gestión se detuvo a narcotraficantes como Héctor Luis El Güero Palma, los hermanos Pedro y Gerardo Lupercio Serratos y el más importante de la época, el líder del cártel del Golfo, Juan García Abrego, quien fue extraditado a Estados Unidos, bajo el argumento de que era originario de aquel país y no nacido en México.
Un hecho espectacular aconteció el 28 de febrero de 1995. El suceso conmocionó los círculos políticos del país. Raúl, el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas, fue detenido y trasladado de su casa al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, acusado de ordenar el asesinato de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu.
Pero todo se le fue cayendo a Lozano Gracia. En el caso Colosio, la mayoría de los inculpados quedaron absueltos. Tranquilino Sánchez Venegas, Othón Cortés y Vicente y Rodolfo Mayoral, supuestos cómplices en el asesinato, fueron absueltos. Fernando de la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa, acusados de falsear declaraciones sobre los hechos de Lomas Taurinas, también fueron dejados en libertad.
La osamenta
El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu ocupó los mayores esfuerzos y dio también los más sonados fracasos. El 9 de octubre de 1995, José Pablo Chapa Bezanilla dio a conocer el hallazgo de restos óseos en la finca El Encanto, aseguró que se trataba de Manuel Muñoz Rocha, supuesto cómplice de Raúl Salinas en el asesinato del político guerrerense.
Después se conocería que la osamenta fue "sembrada", que correspondía al consuegro de la vidente Francisca Zetina, La Paca, y que ésta había hecho el "enterramiento" en colaboración con María Bernal, amante del hermano del ex presidente, y Ramiro Aguilar Lucero, yerno de La Paca.
Antonio Lozano también fracasó en la extradición de Mario Ruiz Massieu. En tres ocasiones jueces federales de la Unión Americana negaron, debido a inconsistencias jurídicas, su envío a México, y con ello cancelaron la posibilidad de abundar más sobre el caso.
Posteriormente se supo que a El Güero Palma lo detuvieron efectivos del Ejército Mexicano, al mando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces comandante de la quinta Región Militar con sede en Jalisco, luego de que una falla en el avión en que viajaba el narcotraficante hiciera que la aeronave se precipitara a tierra.
Asimismo, sobrevino información en el sentido de que la captura de García Abrego fue obra de pesquisas desarrolladas por agentes de la DEA y durante mucho tiempo se cuestionó la legalidad de extraditarlo a Estados Unidos, porque se aseguraba que en México existía un acta de nacimiento que demostraba plenamente su nacionalidad, y que su traslado a Estados Unidos fue una salida política para no juzgarlo en nuestro país.
Eso no fue todo. Al panista se le acusó de vender plazas. En julio de 1996, Ricardo Cordero Ontiveros afirmó haber pagado 3 millones de dólares a cambio de su nombramiento de comandante de la PJF y ser asignado a la plaza de Tijuana, centro de operaciones de los hermanos Arellano Félix.
Poco después, el 1o. de agosto de ese mismo año fue detenido y sujeto a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones y cohecho.
En ese contexto, las acciones emprendidas por Lozano Gracia, tales como el cese de 800 agentes por supuestos actos de corrupción, a la postre se vieron revertidas por determinaciones judiciales, por lo que vía juicio de amparo, lograron retornar en su mayoría a las filas de la PJF y algunos continúan laborando en la administración de Jorge Madrazo.
El primero de diciembre de 1994, la promesa presidencial de Ernesto Zedillo de "intensificar las investigaciones" respecto de los "brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública", "hasta su conclusión", no han dado los resultados que esperaba el mandatario cuando asumió el cargo.
Los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el del ex secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu y del malogrado candidato del tricolor a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, aún tienen cabos sueltos.