CHIAPAS: UNA HERIDA QUE HAY QUE CERRAR

Aunque en el Informe presidencial el problema de Chiapas brilló por su ausencia, al igual que el tema de los paramilitares y de la violencia en ese estado de la República, la voluntad de cambio expresada por el electorado el 2 de julio y refrendada el 20 de agosto por las elecciones chiapanecas tiene sin duda una de sus principales motivaciones en el amplio repudio a la anulación de los derechos constitucionales en vastos sectores del territorio nacional y en la transformación de las fuerzas armadas en una especie de policía. Da la impresión de que el Presidente, responsable principal de una política que dio como resultado la proliferación de bandas paramilitares fuertemente armadas y las matanzas de civiles desarmados, así como la utilización de las tropas en una tarea indecorosa para las fuerzas armadas y que suprime libertades constitucionales, como, por ejemplo, la de circulación, ha escogido dejar el caso chiapaneco como legado a su sucesor, en vez de facilitarle la tarea abriendo la puerta a un diálogo entre las autoridades y los zapatistas en armas.

Ante las declaraciones del secretario de Defensa sobre la desazón que causa a los militares su intervención en Chiapas, y ante la inquietud de la comunidad internacional por la continuación de un grave problema político y de derechos humanos que los resultados de las elecciones nacionales y locales indican querer cerrar, parece surgir una oportunidad de reiniciar el diálogo para encontrar una solución política a la rebelión indígena eliminando la amenaza de las armas. En ese sentido, el gobernador electo de Chiapas por el PAN, el PRD y otros partidos y grupos de oposición, así como el senador panista en la Cocopa, Felipe de Jesús Vicencio, plantean el desarme de los paramilitares y el retorno de las fuerzas armadas a las posiciones que ocupaban antes del 1Ɔ de enero de 1994, como condición previa para la reanudación del diálogo, congelado por el gobierno central y por su representante chiapaneco. Estas declaraciones son oportunas, dado que la imagen de México en el exterior se ve continuamente manchada por la ocupación militar en Chiapas y en otros estados que constituye, además, una hipoteca para la democratización del país.

La solución pacífica del problema chiapaneco depende sólo de la voluntad política gubernamental pues el Ejército, que declara considerar con dolor su papel en ese estado, necesita órdenes para retirarse y normalizar la situación chiapaneca, así como para desarmar a los paramilitares. El presidente electo Vicente Fox, que ha considerado que el Informe presidencial de Ernesto Zedillo calló sobre problemas graves, entre ellos el de esta herida abierta en la vida política mexicana, aún no puede ofrecer soluciones a ninguno de dichos problemas, pero sí puede sugerirlas y hacer pesar la fuerza política que le ha otorgado la mayoría de los electores para abrir el camino a inmediatas negociaciones con el EZLN, cumpliendo con sus promesas y con el mandato de quienes lo votaron.