DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť De la Rúa, dispuesto a tomar medidas para esclarecer el presunto soborno
Podría pedir Liporaci desaforar a otros 12 senadores
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 2 de septiembre Ť El juez Carlos Liporaci, quien investiga los presuntos sobornos que involucran a varios senadores, la mayoría del opositor Partido Justicialista, podría pedir el desafuero de otros 12 legisladores de la Cámara alta, que se agregarían a los ocho que solicitó la víspera, mientras el presidente Fernando de la Rúa aseguró estar dispuesto tomar las medidas que considere necesarias para esclarecer el asunto.
"No me va a temblar el pulso para llegar hasta el hueso y sancionar a cualquiera que aparezca con responsabilidad" en el escándalo, dijo el presidente sobre los presuntos sobornos pagados a senadores para favorecer la aprobación de la polémica reforma laboral, en alusión a los funcionarios de su gobierno sospechosos de haber mediado en el pago de coimas a los justicialistas que rechazaban la reforma laboral, y que la aprobaron sorpresivamente en abril pasado.
En las últimas horas ha surgido una ola de versiones sobre dimisiones en el gabinete presidencial, dentro de lo que podría considerarse una salida política a la situación, sin embargo el mandatario socialdemócrata aseguró este día que "no hay renuncias" en referencia particular a su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
Pero el presidente encontraría varios caminos abiertos dada la gravedad de la situación: continuar a la espera de una rápida acción de la justicia que confirme o desmienta el presunto soborno, y de esta manera castigar a los responsables, o desactivar acusaciones como la posible renuncia de todo el Senado, ante lo cual debería buscar un acuerdo con los gobernadores para acudir a decretos de necesidad y urgencia por la paralización de la Cámara.
El juez habría mencionado tener indicios de que los fondos para pagar los sobornos serían públicos, y en este caso podrían proceder de los gastos reservados, ante lo cual fue citado a declarar el secretario de Hacienda, Mario Vicens.
Por su parte, los senadores justicialistas Augusto Alasino y Ricardo Brandas, este último mencionado en la lista de legisladores a desaforar, podrían recusar al juez, sobre quien pesan dos pedidos de juicio, además de que hay reclamos para que el Consejo de la Magistratura lo investigue a raíz de una denuncia sobre sus bienes.
Por si el panorama no fuera de por sí complicado, la diputada Alicia Castro, de la Alianza gubernamental, entabló una demanda judicial para que la ley de reforma laboral sea suspendida, mientras existen ya varios juicios en los que se declara ilegal e inconstitucional la legislación debido a la corrupción que medió para su aprobación por parte del Senado.
Por su lado, nueve de cada 10 argentinos creen que los sobornos son tan habituales en la política que sólo así pueden amasarse las fortunas exhibidas sin vergüenza en las crónicas de ricos y famosos, al tiempo que ocho de cada 10 personas creen que al final el escándalo terminará en nada.