DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Cavallos y modernidades

* Guillermo Almeyra *

México puede enorgullecerse con razón de haber sido siempre una tierra de asilo para los perseguidos políticos y un bastión de las luchas libertarias. Es también país fundador de las Naciones Unidas, cuyas primeras posiciones fundamentales ųfrescos aún los horrores nazisų fueron en favor de los derechos humanos y de clara condena a las dictaduras y a los crímenes de éstas, base sobre la cual se asientan todas las leyes posteriores contra la tortura o el genocidio, también firmadas por México.

Es oprobioso, por lo tanto, siquiera pensar que sea posible aceptar la tesis de la llamada "territorialidad" en el caso del procesamiento de culpables de crímenes contra toda la humanidad y la civilización misma, los cuales por definición tienen alcance internacional. Es también monstruoso que asesinos, torturadores y ladrones, con el dinero manchado de sangre que robaron a sus víctimas, encuentren refugio en México para sus actuales y futuras fechorías, desvirtuando así la tradición progresista mexicana en materia de derecho de asilo y tratando de convertir a las autoridades mexicanas en cómplices indirectas de su impunidad.

La tesis de la territorialidad sostiene que sólo los tribunales locales pueden juzgar a un nacional que cometió delitos en el territorio de su país nativo. Esa tesis la esgrimen los defensores de Pinochet, sean ellos pinochetistas, democristianos o "socialistas", la sostienen los hombres de la ex dictadura argentina y sus cómplices y defensores, así como los supuestos centroizquierdistas liberales defensores del orden y temerosos de los militares y, por supuesto, la hacen suya todos los que aprobaron las torturas y la guerra sucia en cualquier otra parte del mundo y aún tienen poder en sus respectivos países. Pero dicha tesis presupone que la justicia de esos países sea un ejemplo de pureza jurídica y de incorruptibilidad, cuando es sabido que las dictaduras y sus agentes no se limitaron a violar las leyes y la Constitución sino que reformaron profundamente el aparato judicial, al que transformaron en siervo de la represión y del poder.

Dicha tesis presupone igualmente que el orden jurídico nacional puede estar en contradicción con el reconocimiento de los derechos humanos y de las leyes antigenocidas firmados en las Naciones Unidas por los mismos gobiernos que se niegan en los hechos a reconocerlos y que lo particular se puede oponer a lo universal jurídico. Con el mismo criterio en las sociedades caníbales la antropofagia es legal y nadie tiene derecho a oponerse a ella, tal como serían legales las mutilaciones de las mujeres, como la ablación del clítoris, o de los ladrones, que se siguen perpetrando en algunos países islámicos.

A los criminales nazis se les juzgó sin embargo en Nüremberg, en un tribunal internacional, el criminal de guerra nazi Priebke está preso en Roma, no en Alemania, la justicia británica entregó al asesino Pinochet a Chile no porque reconociese la "territorialidad" sino porque fingió ser humanitaria ante un demente senil y la justicia francesa condenó a cadena perpetua al torturador y asesino capitán de fragata argentino Alfredo Astiz y reclama ahora, por los mismos crímenes de éste, al torturador y asesino Ricardo Miguel (o Miguel Angel, Marcelo, Sérpico) Cavallo.

Los crímenes contra la humanidad, repetimos, pueden y deben ser perseguidos y condenados por el tribunal penal de la opinión pública internacional, todavía no constituido, pero que se basa en los principios de la civilización y se ejerce en los países más sensibles y democráticos. México, por lo tanto, para incorporarse realmente a la modernidad debería asegurar plenamente los derechos de las víctimas de los torturados extranjeros que se infiltren en el país, extraditando a éstos para que la justicia que los reclama los condene. Las leyes de amnistía e impunidad para los torturadores y criminales militares como la de Obediencia debida dictadas por el ex presidente argentino Carlos Menem son aberrantes y desprecian y anulan los derechos de las víctimas de esos genocidas. Por consiguiente, ante la eventualidad de que el actual presidente argentino, bajo la presión castrense, insulte a las autoridades mexicanas pidiéndoles que dejen de cumplir con su deber ante la historia y violen la democracia defendiendo y liberando a un torturador al entregarlo de hecho a sus pares argentinos, habría que oponer un rotundo No.

Ni el gobierno saliente ni el entrante podrían mancharse con la complicidad con crímenes atroces por omisión de justicia y hablar de democracia. Se trata de la posibilidad, como dijo el procurador Madrazo, de que México aporte a la construcción de una jurisprudencia internacional en el problema de la defensa de los derechos humanos. Cavallo no es un ladrón de autos: es sólo un genocida y como tal debe ser extraditado. *

galmeyra@jornada. com.mx