DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Secuestro, tortura y asesinato, entre sus crímenes
Cavallo estaría implicado en unos 350 delitos, según Garzón
Ť "Pasa por todas y cada una de las acciones" ocurridas en la Esma
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 2 de septiembre Ť Ricardo Miguel Cavallo, el presunto genocida argentino detenido el pasado 24 de agosto en Cancún, está directamente implicado en más de 350 delitos documentados por el juez español Baltasar Garzón en el sumario abierto contra las juntas militares argentinas (1976/1983) en la Audiencia Nacional de España, el máximo tribunal de este país.
En el auto de procesamiento, girado ayer contra el ex director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), Garzón explica que Cavallo "es uno de los pocos oficiales que pasa por todas y cada una de las acciones" cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), uno de los centros más activos de la dictadura argentina.
Garzón justifica el procesamiento contra Cavallo por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas en un texto de unas 200 páginas, repleto de testimonios de víctimas del sistema represor argentino del que Cavallo era parte importante, al participar bajo la impunidad del aparato militar en asesinatos, robos de bebés, desapariciones y venta ilegal de vehículos.
Garzón dice, con la frialdad de los números, que Cavallo está implicado en al menos 248 secuestros ocurridos entre 1976 y 1983, cuyas víctimas aún figuran como desaparecidas. Sérpico habría participado también en la detención y tortura de otras 110 personas que después fueron liberadas. Asimismo está relacionado con los casos de 16 mujeres que, tras ser detenidas y torturadas en la Esma, dieron a luz a bebés que fueron entregados a familias simpatizantes de la dictadura argentina.
Garzón tomó esta semana el testimonio de tres personas que fueron víctimas de Sérpico, entre ellas el periodista Juan Gasparini, quien estuvo secuestrado durante 20 meses después de que un comando, bajo las órdenes de Cavallo, acribilló a su esposa, Mónica Jáuregui, y a su amiga Elba Aldaya, en su propia casa.
Susana Burgos prestó su segunda declaracion a Garzón; la primera la hizo en 1997, cuando relató al magistrado los pormenores de su secuestro, en el que también participó Cavallo.
El último testimonio recabado por Garzón fue el de la ciudadana española Cristina Bárbara Muro, quien fue vejada y torturada por un comando que, al mismo tiempo, asesinó a su marido. "Debo decir con total certeza que él es la persona que entró en mi domicilio. El sabe que entró. El sabe qué pasó con mi marido torturado. Sabe todo lo que sucedió en la Esma porque él era el jefe de los operativos allí", relató Bárbara Muro en una extrevista publicada hoy por el diario El Mundo.
El auto de procesamiento es el paso previo a la petición de extradición en este proceso judicial, similar al que interpuso Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Manuel Olle, abogado de la acusación particular, calculó en unos siete meses el tiempo para que Ricardo Miguel Cavallo sea extraditado a España y sometido a juicio por terrorismo, genocidio y torturas, con lo que se convertiría en el primer militar argentino sometido a un proceso judicial internacional por delitos de lesa humanidad fuera de las fronteras de su país, donde los represores son protegidos por el gobierno y la justicia.
El caso Cavallo ha ocasionado otra vez un enfrentamiento de recursos y apelaciones entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y Garzón, pues en el Poder Judicial español imperan dos posturas en estos procesos judiciales de carácter internacional: la de los altos mandos de la Audiencia Nacional y la de la Fiscalía General del Estado, cuyos titulares, Eduardo Fungairiño y Jesús Cardenal, han insistido en que lo sucedido en Argentina, Guatemala y Chile "no puede ser tipificado como genocidio, sino como asesinatos y homicidio", y niegan que haya habido algún tipo de persecución por razones étnicas, ideológicas o religiosas.
Los dos fiscales, que fueron nombrados por el presidente español José María Aznar, sostienen que los tribunales españoles no son competentes en estos casos, frente a la postura de otros magistrados y jueces, que contaron con el voto unánime de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en las repetidas sentencias que dan luz verde a estos procesos.
Sin embargo, el caso de Cavallo se encuentra en el sumario contra 99 militares argentinos, que ya fue aprobado por la Sala de lo Penal el 30 de octubre de 1999, y que mantiene la competencia de los tribunales españoles en estas causas.
En cuanto a la postura del gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, reiteró que "respetará las decisiones judiciales", tal y como dijo respecto del caso del ex dictador Augusto Pinochet su predecesor en el cargo, Abel Matutes.