DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť En Guerrero, demandan investigar a Gutiérrez Barrios y Cervantes Aguirre
Exigen castigo para responsables de desapariciones
La Jornada/El Sur, Acapulco, Gro., 2 de septiembre Ť La detención de Mario Arturo Acosta Chaparro, responsable de la guerra sucia en los años setenta, motivó que el Comité Eureka y dirigentes sociales y políticos guerrerenses demandaran al gobierno federal reabrir los casos de centenares de personas desaparecidas e iniciar investigaciones en torno al ex gobernador Rubén Figueroa y otros implicados en torturas y asesinatos de luchadores democráticos.
Exigieron que se investigue también al ex secretario de Gobernación y senador priísta Fernando Gutiérrez Barrios, y al actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.
Andrés Nájera Hernández -cuyo hermano Jacobo desapareció hace 26 años-, representante en Guerrero del Comité Eureka; el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Octaviano Santiago Dionisio; la catedrática de la UAG Alejandra Cárdenas Santana; la esposa de Jacobo, Celia Piedra de Nájera, y el dirigente del PRD en Atoyac, Wilebaldo Rojas Arellano, insistieron en que además de la acusación de estar involucrado en el narcotráfico, el general detenido es responsable de la desaparición forzada de cientos de personas y debe responder por ello.
Santiago Dionisio consideró que Acosta Chaparro "es el general más implicado en hechos criminales que yo recuerde. Y esto es algo que algunos de los que estamos vivos podemos sostener en cualquier tribuna. Hasta hace poco, tocar a los generales representaba algo terrible, había miedo y por eso muchas familias nunca presentaron querella ante los órganos jurisdiccionales, pero ahora seguramente muchos van a hablar".
Indicó que uno de los nombres que saldrán a relucir es el de Carlos Ulises Acosta Viques, procurador de Justicia durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa y que ahora tiene una notaría pública como premio a su desempeño como represor, papel que también desempeñaron Acosta Chaparro y el propio Cervantes Aguirre.
Con la detención de Acosta Chaparro, dijo Octaviano Santiago, se abren expectativas para esclarecer los crímenes y desapariciones. "Un castigo ejemplar a un personaje de esa magnitud sería un ejemplo para evitar una represión en el futuro dentro de las fronteras de nuestro país", aseveró.
En el municipio de Atoyac de Alvarez se prepara un movimiento para exigir al gobierno que caiga todo el peso de la ley contra el general encarcelado, considerado principal responsable de más de 500 desapariciones en este municipio. Desde ayer iniciaron las movilizaciones de perredistas, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos Políticos y Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos para formar un frente común.
El campesino Mariano Arroyo Vázquez recuerda que el 4 de octubre de 1973 efectivos del 50 batallón de infantería catearon la comunidad de El Rincón de las Parotas y se llevaron detenidos a 11 campesinos, acusados de ser guerrilleros, entre ellos a su padre, Alberto Arroyo Dionisio, quien hasta la fecha sigue desaparecido. Arroyo dijo que en esa operación participó Acosta Chaparro, "me acuerdo como si fuera ahorita".
El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos Políticos y Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos, Isaías Martínez Gervasio, recalcó que todos los asesinatos cometidos en los años setenta se atribuyen a ese general, porque era él quien mandaba.
El hijo de Isaías Martínez fue desaparecido el 7 de marzo de 1978 por el capitán Elías Alcaraz (que en 1998 y 1999 fue coordinador de seguridad en la campaña por la guberrnatura del candidato del PRD, actual diputado federal Félix Salgado Macedonio), bajo órdenes de Acosta Chaparro.
El ex candidato a diputado federal por el PRD en el distrito 3, Mario Valdez Lucena, dijo que durante su pasada campaña la gente le pedía que si llegaba a la Cámara de Diputados gestionara la presentación con vida de los desaparecidos.
La presidenta de la fracción de la OCSS en Coyuca de Benítez, Virgilia Galeana García; el fundador de esa organización, Marino Sánchez Flores, y el asesor de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, también exigieron un castigo ejemplar para el "genocida".
Sánchez Flores acusó al Ejército de continuar intimidando a la gente de la Sierra del Sur y denunció que la semana pasada fue instalado un puesto de revisión permanente precisamente en el lugar donde fueron asesinados los campesinos.
"A nosotros no nos tienen que cuidar, porque si es por el narcotráfico, nosotros no somos. Ya saben que los traficantes son los que están coludidos con el gobierno estatal y federal", expresó.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Florentino Cruz Ramírez, indicó que la posición oficial de la casa de estudios sobre la detención de Acosta Chaparro "se fijará en la sesión del Consejo Universitario que se realizará este mes".
"Hay demasiados señalamientos contra esta persona, que le hizo mucho daño a la ciudadanía guerrerense", planteó. Como ciudadano, manifestó, "me sumo a la propuesta de que se investiguen estos hechos que llenaron de luto a las familias guerrerenses".
Entre tanto, Alejandra Cárdenas Santana, profesora de la UAG, consideró que "tal vez la universidad no puede tomar una decisión como institución, pero el rector Florentino Cruz Ramírez fue un defensor de los derechos de los ciudadanos en sus tiempos de estudiante , y por lo tanto debe asumir una postura personal".