SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Los hispanos, "terriblemente afectados"
Protestas en San Diego por el aumento de tarifas de electricidad
Roberto Bardini, corresponsal, San Diego, 1o. de septiembre * Elena Torres, de 69 años y habitante de San Ysidro, un suburbio del sur de San Diego, acostumbraba comer en la Casa Familiar de la iglesia del Carmen a 2.50 dólares el plato. Ella recibe un cheque mensual de 400 dólares como ayuda del gobierno y gasta más de la mitad en pagar la renta de su casa.
No tenía pensado adelgazar pero se verá obligada a comenzar una dieta: en julio pasado su cuenta de electricidad aumentó de 14 dólares a 28, lo cual no le deja otra alternativa que recortar gastos en alimentos.
"ƑQué otra cosa puedo hacer?", le comentó la mujer a Enlace, un semanario local que a mediados de agosto dedicó su nota central al aumento de 100 por ciento en las tarifas de energía en San Diego.
Mientras Torres se resignó al incremento, algunos pequeños comerciantes comenzaron a hacer cuentas y a morderse las uñas. Ese fue el caso de Gabriel Rodríguez, propietario del restaurante mexicano Chiquita's: acostumbrado a pagar entre mil 200 y mil 500 dólares por mes, casi sufre un infarto cuando a fines de junio le llegó una factura de electricidad por 3 mil dólares.
"ƑY ahora qué hago?", le preguntó al semanario Enlace. "ƑDespido a una empleada que es madre soltera y necesita mantener a su hijo? ƑO al hombre que sabe poco inglés y cuya vida depende de su trabajo?"
Robert Villarroel, director ejecutivo de la Cámara Hispana de Comercio de San Diego, asegura que sus casi 900 afiliados fueron "terriblemente afectados" por el aumento de las tarifas.
El 30 de julio pasado, vecinos encabezados por Michael Shames, director de la Red de Acción de Consumidores de Servicios Públicos, organizaron una protesta frente a las oficinas en San Diego del gobernador demócrata de California, Gray Davis.
Los ciudadanos quemaron en una fogata sus cuentas de electricidad. "Así arderá San Diego muy pronto", vaticinó Shames.
La empresa San Diego Gas and Electric (SDGE), que tiene el monopolio energético en la región, divulgó un comunicado que rozaba el cinismo: "Estamos extremadamente preocupados y trabajamos con autoridades estatales, con proveedores de energía y vendedores al menudeo de la misma para identificar soluciones a corto y largo plazo a los crecientes costos de electricidad que todos estamos experimentando".
Claro que la "extrema preocupación" por los "crecientes costos" se padece de distinta forma entre usuarios y compañía monopólica. Sempra, firma matriz de SDGE, anunció el 27 de julio que en el segundo trimestre del año sus ganancias aumentaron de 82 millones a 110 millones de dólares.
En 1996, la legislatura de California aprobó una propuesta que liberaba a la industria de la electricidad de los controles de precios. A partir del verano de 1999, la desregulación benefició a las grandes empresas, que tienen más ventajas en un mercado abierto y sin restricciones.
Bajo el nuevo plan, que se extenderá desde el sur de California hacia el norte, un millón 200 mil sandieguinos son los primeros habitantes de Estados Unidos que pagan precios sin regulación gubernamental.
El 25 de julio pasado, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y el Concejo Deliberante de la ciudad declararon el "estado de emergencia" en la región.
El gobernador Davis solicitó ayuda económica al presidente Bill Clinton, porque "los incrementos afectaron severamente los negocios y residencias del área, especialmente a aquellos con bajos ingresos".
El mandatario respondió inmediatamente con un fondo de emergencia de 2.6 millones de dólares y solicitó al Congreso que promueva una ley que permita el desarrollo de más productores de energía. La iniciativa trata de apoyar a los californianos que ganan menos de 30 mil dólares anuales.
Davis, con fama de astuto y cauteloso, está en el medio del torbellino y trata de conciliar a los indignados usuarios y a la poderosa industria eléctrica, que lo respaldó con fuertes donaciones de dinero.
Según el diario La Opinión, de Los Angeles, el gobernador "no quiere que le pongan en el escritorio una propuesta de ley que le exija apoyar o vetar una reducción de las tarifas a su nivel original".
Si firma la aprobación del proyecto, sostiene el periódico, Davis afectará los intereses de empresas muy poderosas. Si lo veta, puede irritar todavía más a miles de usuarios que ya están indignados.
Por otro lado, el gobernador podría provocar la enemistad de integrantes de su propio partido, concentrados en una beligerante campaña electoral en San Diego: los ciudadanos tienen una tenaz memoria política cuando les afectan sus bolsillos, y a la hora de votar ellos suelen "pasar la factura".
Analistas sostienen que Davis hará una de sus "jugadas típicas": le dará al usuario un alivio inmediato pero se asegurará que la SDGE no pierda dinero, y citan palabras textuales del gobernador: "Vamos a celebrar audiencias para recoger evidencias sobre deficiencias, pero también vamos a asegurarnos de que la SDGE quede íntegra".