SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Giro de 180 grados en el caso de sobornos
Solicita juez el desafuero de ocho senadores argentinos
* Dimiten tres legisladores a sus cargos a la espera de decisiones
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 1o. de septiembre * El escándalo estalló finalmente en el Senado, cuando el juez Carlos Liporaci, en un giro de 180 grados, solicitó el desafuero de ocho senadores, siete del opositor Partido Justicialista (PJ), y uno de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido mayoritario de la Alianza gobernante, por el caso del presunto soborno pagado para lograr la aprobación de la ley de reforma laboral, el pasado 26 de abril.
Esto provocó también que otros tres senadores renunciaran a sus cargos hasta que la Cámara tome decisiones, mientras corren versiones sobre el alejamiento de algunos ministros como Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem, y de Jorge Yoma, ambos del PJ, así como de Raúl Galván, de la UCR, que aunque no están mencionados como involucrados tomaron esta decisión para aliviar la tensión.
Existen involucrados en forma directa y otros que habrían encubierto la situación, y en la lista de señalados figuran algunos senadores que fueron claves en el anterior gobierno justicialista.
El magistrado identificó a los legisladores de la Cámara alta René Constanzo, de Río Negro; al ex gobernador y ex candidato presidencial Ramón Ortega, de Tucumán; Eduardo Bauzá, ex jefe de gabinete de Menem, de Mendoza; Emilio Cantarero, de Salta; Ricardo Branda, de Formosa; Angel Pardo, de Corrientes, y Alberto Tell, todos del PJ, y al senador Javier Meneghini, de la Alianza, quien ocupa una banca por la provincia de Santiago del Estero.
El jueves, Liporaci dijo que no existían pruebas suficientes sobre el caso de los sobornos, pero esta noche desdijo su declaración anterior al afirmar que hay indicios graves y concordantes sobre la compra de votos, por lo que tomó la decisión de solicitar los desafueros.
Detrás de esto estuvo la posición del fiscal del caso, Eduardo Freiler, quien advirtió al juez que "la investigación quedaría trunca mientras los sospechados no fueran sometidos a declaración indagatoria", para lo cual debían despojarse de sus fueros.
Las primeras versiones surgieron hace semanas a través de un columnista del periódico La Nación, y luego llegó al Senado un anónimo sobre el mismo tema; en este mismo esquema, el senador justicialista Antonio Cafiero sostuvo que sabía de los sobornos, pero la sospecha quedó tendida cuan- do sindicalistas, que lucharon contra la ley, dejaron entrever lo que estaba sucediendo.
El vicepresidente, Carlos Alvarez, quien también debe presidir el Senado, decidió de inmediato tomar cartas en el asunto, y abrió el juego al leer en una sesión el anónimo, y luego fue a la justicia.
En Brasilia, donde participó en la cumbre de mandatarios sudamericanos, el presidente Fernando de la Rúa dijo, en relación a los funcionarios del gobierno involucrados, que las posiciones "no se determinan poniendo las manos en el fuego, sino actuando dentro de la ley", y añadió que "si hay sobornos, sin duda alguien repartió el dinero o los favores, es la conclusión general".
En la mira de la justicia
Las miradas están sobre algunos ministros del gobierno, como el de Trabajo, Alberto Flamarique, y el jefe de la inteligencia, Fernando de Santibáñez. Ambos debían declarar hoy, pero Liporaci suspendió las declaraciones testimoniales al argumentar que faltan elementos para citar a funcionarios.
El senador Cafiero, quien hace dos días se alejó del bloque justicialista, dio nombres al juez Liporaci, en tanto que otros legisladores justicialistas, encabezados por Augusto Alasino, firmaron una carta en la que advertían sobre el escándalo como un "golpe de Estado institucional".
Alvarez resaltó esta tarde la necesidad de apoyar el avance de la justicia, y dijo que esto demuestra que el gobierno no dejará pasar ningún caso de corrupción y que hará todo lo posible para que se recupere la credibilidad de la sociedad en los políticos.
Pero el golpe es muy fuerte, y castiga a ambos lados, e incluso terminará alineando en diversos frentes al justicialismo, que ha sufrido otro golpe vital.
El senador por San Luis, Alberto Rodríguez Saa, también dijo hoy que tiene indicios de los sobornos. El también se ha separado hace tiempo del bloque justicialista.
Empero, los legisladores y el propio juez Liporaci señalaron esta noche que no se pueden sacar conclusiones aún y hay que esperar que la justicia deslinde responsabilidades con pruebas muy concretas.
El gobierno hizo saber que si algún funcionario esta involucrado será sancionado por el mandatario y por la justicia.
Al presidente De la Rúa, a su regreso de Brasil, también le espera otra andanada de problemas debido al pedido de extradición del ex marino Ricardo Miguel o Miguel Angel Cavallo, detenido en México y acusado de crímenes de lesa humanidad por la justicia de España.
Mientras, abogados de familiares de presos argentinos por el copamiento en 1989 del regimiento La Tablada pidieron a la justicia que detenga los trabajos en ese predio militar para construir un centro comercial, pues se habrían encontrado restos humanos durante las excavaciones.