SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* Miguel Concha *

México y la justicia internacional

El vergonzoso caso Cavallo en nuestro propio país, y los bochornosos casos de Pinochet y demás militares torturadores, genocidas y terroristas en el Cono Sur, a los que en un proceso de transición democrática no podemos permanecer ajenos, ponen en evidencia la urgencia de que México firme ya, por lo menos ad referendum y antes del 31 de diciembre, el estatuto que el 17 de julio de 1998 creó en Roma la Corte Penal Internacional, con el voto positivo de 120 naciones, y luego de más de 50 años de penosas marchas y contramarchas de la comunidad internacional. Una ocasión propicia podría ser la próxima visita a Nueva York del Ejecutivo federal, con motivo de su participación en la Cumbre del Milenio, y con ello el país se sacaría de paso la espina de haber sido una de las 21 naciones en todo el mundo que se abstuvieron de votar a favor en la fecha señalada, cuando aquí en México se había anunciado que nuestro país lo haría, si había un amplio consenso en la comunidad de las naciones. En conformidad con el derecho internacional, México simplemente se obligaría por el momento a no llevar a cabo ningún acto que pudiera frustrar el objeto o el fin de este tratado, y se sumaría honrosamente al grupo de 98 países que hasta la fecha ya lo han firmado.

Tal es la principal conclusión que en mi opinión emanó del seminario sobre la materia convocado acertadamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y la sección mexicana de Amnistía Internacional los días 28 y 29 de agosto pasados, cuanto más que hoy en día tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Procuraduría General de la República y desde luego la CNDH se muestran favorables para ello, por poderosas razones de protección y defensa actualizada de los derechos humanos, de seguridad nacional frente al crimen organizado y de política y prestigio internacionales.

Con ello el gobierno daría también por fin una respuesta positiva a las organizaciones no gubernamentales mexicanas de derechos humanos, que en alianza con más de 800 organizaciones civiles en todo el mundo, entre ellas grupos tan reconocidos como la Comisión Internacional de Juristas, Amnistía Internacional o la Federación Internacional de Derechos Humanos, desde hace años han pugnado por el establecimiento de esa corte, con el propósito de no dejar en la impunidad --y con seguridad jurídica-- crímenes tan horrendos como los de guerra, genocidio y lesa humanidad. No existe en nuestra legislación disposición alguna que hoy por hoy se lo impida, y procedería con la práctica llamada de doble tracto, es decir de firma y posterior ratificación por el Senado, que ha sido utilizada por México en múltiples ocasiones.

Es de esperarse que posteriormente a la firma, el Congreso haga en efecto cuanto antes las reformas pertinentes a nuestra Carta Magna y a sus leyes secundarias, ya sea adecuándolas a la normatividad internacional, o adoptando a ésta en nuestro marco jurídico constitucional, como muchos en México desde ahora lo deseamos, y de la manera en que ya lo están haciendo naciones modernas, por ejemplo Francia, Italia, Bélgica o Canadá. Como se subrayó al final del seminario, con ello el país no estaría renunciando o reinventando su soberanía nacional, tan entrañable para la mayoría de los mexicanos, sino que simplemente la estaría aplicando en forma acorde con la protección y promoción de los derechos humanos, en el marco actual de la integración del mundo, y tomando en cuenta la evolución histórica de nuestro Estado.

Como muchos mexicanos, no deseo que las reticencias de un país como el de los vecinos del norte, que se opone a su establecimiento para proteger a sus fuerzas armadas diseminadas por todo el orbe, y porque en consecuencia promueve un organismo de justicia penal internacional atado a las decisiones políticas del Consejo de Seguridad, en el que él tiene derecho de veto, sea óbice para que nosotros los mexicanos sí lo hagamos. Eso sería una vergüenza. Y por el contrario nos cabría la gloria de ser parte de los primeros 60 Estados fundadores de la Corte, con derecho a decidir sobre asuntos tan importantes como posibles reformas del mismo estatuto, elección de jueces, referimiento de causas y presupuesto.