SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* Denuncia ONG fraudes en privatizaciones


Temen permisividad del gobierno de El Salvador con Sertracen

Carlos Ramirez, corresponsal, San Salvador, 1o. de septiembre * La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) manifestó preocupación por la posible permisividad del gobierno salvadoreño con la empresa Sertracen, de la que el presunto torturador Ricardo Miguel Cavallo es director suplente, mientras el organismo de análisis Centro Cívico Democrático aseguró que la inversión del ex militar argentino es una muestra del fraude de las privatizaciones en El Salvador.

Para Codehuca, la concesión del gobierno a Sertracen para que maneje la información oficial del transporte ųtambién licitó el control de armasų es preocupante y denota permisividad. ''Dudamos que el gobierno salvadoreño haya actuado de buena fe al remitirle tanta confianza a la empresa Sertracen, desconociendo sus vínculos y el origen de su patrimonio, pero más grave aún es que las inversiones pueden proceder del patrimonio de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas", indicó.

En un comunicado hecho llegar a la oficina de La Jornada en San Salvador, el organismo humanitario con sede en Costa Rica recordó que el gerente general de Sertracen, Oscar Cavallo ųquien a diario afirma a la prensa que no están involucrados en transacciones ilícitasų, es hermano mayor del ex militar detenido en México, y que Sertracen está relacionada con la empresa sudamericana Talsud.

''Es claro que el gobierno de El Salvador ha concedido a esta empresa vitales atribuciones que mal utilizadas favorecen operaciones del crimen organizado y libre movimiento aparentemente legal de vehículos y personas a partir de trámites fraudulentos", agrego Codehuca. Y expresó su temor de que existan vínculos de esta naturaleza con militares de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En tanto, el Centro Cívico Democrático aseguró que con la privatización de Sertracen el gobierno quitó el modo de vida a miles de tramitadores de licencias y permisos de circulación y entregó esas ganancias a uno solo (Sertracen) ''y de paso le dio cobertura a la delincuencia argentina''.

El centro expresó su temor por que las privatizaciones como la del agua y la salud, puedan caer también en manos de personas con antecedentes criminales denunciados por España y México.