SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Los saldos del sexenio

Combate a la pobreza

Al inicio de la presente administración (1994), el presidente Ernesto Zedillo y la Secretaría de Desarrollo Social reconocían que en el país se tenía a 40 millones de personas en pobreza, de las cuales 22 millones vivían en pobreza extrema y 18 millones en pobreza moderada. Seis años después (2000), el titular de la Sedeso, Carlos Jarque, asegura que en México hay 46 millones de personas que viven en la pobreza, y de ellos 26 millones ųindígenas y campesinosų en la miseria. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Santiago Levy, en artículos publicados en la revista del PRI, Examen, señala que 65 por ciento de la población se puede considerar como pobre. Investigadores universitarios resaltan que en este sexenio la pobreza urbana se incrementó 5 por ciento, lo que representa 54 por ciento de la población total en áreas urbanas, y la pobreza rural alcanza hoy a 75 por ciento.

Salarios

En el sexenio del presidente Zedillo se registró el poder adquisitivo más bajo en los últimos 18 años. Una imparable caída que se traduce en un deterioro cercano a 50 por ciento. El gobierno privilegió el control de la inflación por encima de los aumentos a los salarios ųmínimos y contractualesų y del nivel de vida de los trabajadores. Al inicio del sexenio el precio de la canasta básica era de 130.7 pesos y a julio pasado rondaba en 403 pesos (un incremento de 497 por ciento), mientras el salario aumentó en el mismo periodo sólo 248.1 por ciento.

El desempleo abierto pasó de 7.6 a 2.0 por ciento (de 1995 a julio de este año), nivel extremadamente bajo en comparación con la población que se ubica en el sector informal de la economía, es decir, aquellos que no tienen un empleo formal o estable y que representan más de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar. Respecto al nivel de ingresos, 49.9 por ciento de los trabajadores perciben hasta dos salarios mínimos, equivalente a 75 pesos diarios.

El sexenio que culmina registró el menor número de huelgas estalladas en los últimos 25 años, aunque prevalecieron las demandas individuales, particularmente por despidos injustificados y obstáculos para ejercer el derecho de libre asociación.

Salud

En este sexenio el área de la salud ocupó un papel relevante en la política social, y aunque el balance general es positivo, persisten problemas como una elevada tasa de mortalidad materna de 4.6 por 10 mil nacidos vivos. De 1995 a la fecha se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel e incluso entre 1998 y 1999 registró un repunte al ubicarse en 5.4 por 10 mil nacidos vivos. Está pendiente de resolverse el problema de la desnutrición infantil, que afecta a casi 30 por ciento de los niños menores de 5 años. En las zonas rurales, 29 por ciento de los infantes padece desnutrición crónica. En México aún no está controlada la epidemia de VIH/sida y aun cuando el número de nuevos enfermos se estabilizó en los últimos cuatro años (aproximadamente en 4 mil), la enfermedad es la primera causa de mortalidad entre la población de 18 a 35 años. Con la instrumentación de la reforma del sector salud y la descentralización de los servicios a los estados de la República, se impulsó el Programa de Ampliación de Cobertura, pero al final de este año aún habrá 500 mil personas sin acceso a los servicios básicos de salud.

Política agropecuaria

En los últimos seis años se ahondó la crisis del campo. Los recursos destinados al sector disminuyeron, al pasar de 6.6 al 3.8 por ciento del gasto total programable; la dependencia alimentaria creció 35 por ciento y los ingresos de los productores descendieron 70 por ciento. Si bien aumentó el comercio exterior de productos agropecuarios, la balanza comercial es negativa, con un déficit promedio anual de mil 935 millones de dólares. La producción de granos básicos y oleaginosas está a niveles de principios de los 80, con un promedio anual de 30 millones de toneladas. En el periodo comprendido entre 1994 y 1999 se importaron 76.5 millones de toneladas de granos, con un valor de 13 mil 600 millones de dólares. Desapareció la Conasupo, con lo que los agricultores enfrentaron severos problemas para la comercialización de maíz y frijol, y el precio que les pagaron no cubrió los costos de producción. Manifestaciones y protestas de productores de café, frijol, maíz, azúcar y lácteos fueron la culminación de la inconformidad generada por la baja rentabilidad de la actividad, la falta de financiamiento y los problemas del mercado, derivados de altas importaciones y escasos apoyos a la producción interna.

Migración

En México el balance de la política migratoria suele resumirse en el saldo rojo que deja la migración de connacionales. Más allá de las cifras de auxilio a migrantes que ofrece la Secretaría de Gobernación, el promedio anual de fallecimientos en la frontera oscila en uno por día: 377 en 1998, una ligera reducción en 1999, con 324, y 174 muertes a junio de este año, casi el ritmo promedio diario de 1998. La constante en las muertes va más allá de las políticas migratorias nacionales y se asocia a las medidas estadunidenses para impedir el cruce ilegal de personas, que ha obligado a los indocumentados a buscar zonas más riesgosas. El número de devoluciones creció hasta ubicarse en cerca de 700 mil personas al año, en promedio. A pesar del elevado número de muertes, las autoridades hablan con frecuencia de las vidas salvadas por los Grupos Beta: 12 mil 215 indocumentados a junio de este año. Cifra opacada por la muerte filmada de dos indocumentados en ese mismo mes, que sacó a la luz las carencias de recursos, equipo y preparación de los responsables de reducir los riesgos y las muertes de connacionales.

Crímenes políticos

En su discurso de toma de posesión, el presidente Ernesto Zedillo se comprometió a esclarecer los crímenes cometidos contra destacadas figuras de la vida pública. Reconoció que las investigaciones efectuadas hasta ese momento no habían satisfecho plenamente a la sociedad, y dio instrucciones al procurador general de la República, el panista Antonio Lozano, para que intensificara con todo rigor las indagaciones e informara de sus avances hasta su conclusión. "No descansaremos hasta que se haya hecho justicia", prometió aquel 1o. de diciembre de 1994.

Seis años después continúan las dudas sobre el asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Existe un criminal confeso preso en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, pero persisten las sospechas de que Mario Aburto no actuó solo y que el asesinato del priísta fue producto de un complot. Las contradicciones en que incurrieron los diferentes encargados de la investigación contribuyeron a generar el clima de desconfianza de la sociedad.

Persisten las sospechas en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En su último informe, la Procuraduría General de la República prácticamente dio por concluidas las investigaciones al reiterar que la muerte del prelado fue producto de un hecho circunstancial durante el enfrentamiento de dos bandas de narcotraficantes en el aeropuerto de Guadalajara. Las dudas sobre el crimen continúan. La arquidiócesis de la capital tapatía asegura que el asesinato del cardenal fue producto de una acción concertada y premeditada.

Por lo que hace al asesinato del ex secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, la PGR consignó a Raúl Salinas de Gortari por la autoría intelectual del crimen. En primera instancia un juez federal lo sentenció a 50 años de prisión, pero en segunda un magistrado unitario le redujo la pena a 27 años. Queda una tercera instancia en la que podría disminuir aún más la sanción corporal en su contra. El autor material del crimen, Daniel Treviño, también fue sentenciado a 50 años de prisión. La PGR nunca aclaró el papel que jugó el entonces diputado federal Manuel Muñoz Rocha, quien continúa desaparecido.

La pacificación en Chiapas

Los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas firmados el 16 de febrero de 1996, fueron considerados en su momento como el principio de la paz en Chiapas. Al no ser respetados, su cumplimiento es ahora la principal condición para reiniciar el proceso de pacificación. Al cabo de 15 meses de negociación, desde que inició el conflicto, los comandantes David, Tacho y Zebedeo, y los enviados gubernamentales, Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle, estamparon sus firmas en cuatro documentos. Sin embargo, no hubo "foto histórica" y tras una serie de confrontaciones, el 2 de septiembre el EZLN suspendió el diálogo argumentando incumplimiento del gobierno. El 29 de noviembre la Cocopa elaboró una iniciativa de ley de derechos indígenas para reanudar las pláticas, pero fue rechazada por el gobierno al considerar que reconocer la autonomía significaría legitimar escisiones en la nación. El 11 de enero de 1997 los zapatistas rechazaron la iniciativa que el presidente Zedillo envió al Congreso a fines del 96, y a partir de entonces la situación empeoró: la Conai desapareció y, según organizaciones civiles, han muerto más de 136 personas a manos de grupos paramilitares; 15 mil indígenas se refugiaron en Polhó, huyendo de la masacre de Acteal, aumentaron en más de 40 mil los soldados en la zona, y se adoptó para Chiapas el concepto de "conflicto de baja intensidad".

La matanza de Acteal

El 22 de diciembre de 1997 en el paraje Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, un grupo paramilitar relacionado con el PRI asesinó a 45 indígenas tzotziles de la comunidad de desplazados Las Abejas y simpatizantes del EZLN, que se habían refugiado en una hondonada. Desde una montaña cercana, policías del estado observaron la agresión, sin intervenir. Después de varias horas, en Acteal quedaron muertas 45 personas ų32 eran mujeres, algunas embarazadas, y 13 hombres y niños. La matanza provocó una protesta nacional e internacional por el encubrimiento de las autoridades locales sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Esta masacre generó la renuncia del gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, y la del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quienes sostuvieron la versión de un conflicto "intracomunitario". La PGR atrajo el caso y 97 personas, la mayoría indígenas, fueron detenidas. En el barranco donde cayeron las víctimas se erigió una iglesia, en cuyas paredes se colocaron las imágenes de los masacrados.

El caso Aguas Blancas

El 28 de junio de 1995, policías estatales asesinaron a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. El fiscal asignado para realizar las investigaciones, Oscar Varela, exculpó al gobernador Rubén Figueroa y a sus colaboradores, y el Presidente solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reabriera el caso. Mientras se realizaban las pesquisas ųun video mostró que los campesinos no empezaron la agresiónų, el 11 de marzo de 1996 Figueroa Alcocer solicitó al Congreso local "licencia definitiva" para separarse de su cargo y "facilitar la investigación". El 23 de abril, la SCJN concluyó que se manipularon pruebas, se alteró la escena del crimen y los policías sembraron armas a los campesinos. Determinó que el gobernador y sus colaboradores incurrieron en conductas que podían tipificarse como delitos penales. Los diputados federales del PRI se negaron a iniciar un juicio de procedencia contra Figueroa e impidieron que se le enjuiciara penalmente. En el primer aniversario de la matanza apareció el grupo armado denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR). Fueron consignados por los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad Esteban Mendoza, ex delegado de Gobernación; Rodolfo Sotomayor Espino, ex subprocurador de Justicia; Manuel Moreno González, director operativo de Tránsito, y agentes de la Policía Motorizada.

Lucha contra el narcotráfico

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo el consumo "alguna vez en la vida" de drogas ilegales de la población urbana de entre 12 y 65 años, creció de 3.9 a 5.3 por ciento y el número de adictos a enervantes pasó de 200 mil a casi 400 mil en todo el país. Las autoridades federales reconocen que "si se analiza lo que sucede en algunas ciudades fronterizas, casi se triplica el promedio nacional". El consumo de cocaína casi se triplicó durante los últimos seis años, al pasar de una tasa de 0.5 a 1.4 por ciento, convirtiéndose en la sustancia más usada, después de la mariguana. En materia de combate al narcotráfico, la PGR asegura que se ha reducido el número de hectáreas de cultivo de mariguana (mil) y amapola (3 mil 500). Hasta agosto se aseguraron 773 mil 563 kilos de enervantes. De acuerdo con la PGR, del 1o. de enero del 2000 a la fecha fueron aseguradas más de 11 toneladas de cocaína, cerca de 930 toneladas de mariguana, 140 kilos de goma de opio, 175 kilogramos de heroína y 230 kilogramos de metanfetaminas, y se han destruido 17 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. La Policía Federal Preventiva ha desarticulado a 33 bandas criminales, incluyendo a las organizaciones de Daniel Arizmendi, Nicolás Caletri y Marcos Gancedo, El coronel. Han sido detenidas 180 personas, y la PFP brindó asesoría para la negociación y manejo de crisis en 138 casos.

Oscar Espinosa Villarreal

El 8 de agosto de este año, Oscar Espinosa Villarreal renunció definitivamente a su cargo como secretario de Turismo, horas después de que el procurador capitalino, Samuel del Villar, explicara que no podía proceder penalmente en su contra porque aún gozaba de fuero como funcionario federal. A Espinosa Villarreal la PGJDF lo acusó de peculado por 420 millones de pesos durante su gestión como regente de la ciudad de México. Desde ese día está prófugo de la justicia, aunque su abogado, Alonso Aguilar Zinser, afirmó entonces que Espinosa decidió tomar unos días de vacaciones porque "se encontraba muy cansado". Hay versiones de que huyó al extranjero. El jueves, uno de sus colaboradores cercanos, Fernando Peña Garavito, fue inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público y obligado a pagar una multa equivalente a mil 678 salarios mínimos mensuales. Peña Garavito fue acusado de fraude por aproximadamente 954 mil pesos durante su gestión como director de Servicios al Transporte. Otro de los colaboradores de Espinosa, el ex oficial mayor del gobierno de la ciudad, Manuel Merino García, fue sancionado en otro proceso por mal uso de fondos públicos.

El conflicto en la UNAM

El castigo a los presupuestos asignados a las universidades públicas tuvo su clímax en este sexenio con la huelga más larga en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que llegó a su fin tras casi 10 meses de conflicto con el ingreso de la Policía Federal y Preventiva al principal campus universitario. El movimiento estudiantil estuvo precedido por una demanda de incremento al subsidio gubernamental a la UNAM, y estalló por la decisión de la rectoría, respaldada por las autoridades educativas, de incrementar las cuotas de colegiatura en bachillerato de 20 centavos a 20 salarios mínimos por semestre, y de 20 centavos a 30 salarios mínimos en el caso de licenciatura.

La historia de la crisis universitaria fue larga y tortuosa: violencia, marchas, mítines, división de la comunidad, y frustración de jóvenes y profesores que abandonaron las aulas. Sus primeros impactos negativos: el desprestigio social que se tradujo en la caída de 40 por ciento de la demanda de ingreso a la máxima casa de estudios. (Víctor Ballinas, Fabiola Martínez, Angeles Cruz, Angélica Enciso, Georgina Saldierna, José Gil Olmos, Enrique Méndez, Gustavo Castillo, José Galán, Alonso Urrutia y Claudia Herrera )