SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* Nada, sobre el prometido esclarecimiento de crímenes políticos

Eludió Zedillo el caso Espinosa Villarreal

* El Sistema Nacional de Seguridad Pública, parte de las medidas para fortalecer a las policías, dice

José Galán y Gustavo Castillo * El presidente Ernesto Zedillo dejó fuera de su sexto y último Informe de gobierno hechos que precisamente han impactado a la opinión pública, como son los del ex secretario de Turismo Oscar Espinosa Villarreal; el del ex oficial mayor de esa dependencia, Manuel Merino García, y el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quienes están prófugos.

No hizo referencia al cumplimiento de su promesa de toma de posesión: esclarecer los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Tampoco de cómo se ha combatido la impunidad con que se han movido narcotraficantes de la talla de los hermanos Arellano Félix o las actividades del cártel de Juárez.

Cierto es que Juan García Abrego y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Jesús y Luis Amezcua; Jesús Labra Avilés, El Chuy; Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, fueron detenidos en el transcurso del sexenio que está por terminar, mientras que Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, murió en forma misteriosa. Sin embargo, y a pesar de que la Procuraduría General de la República ha ejercido de 1994 a la fecha 6 mil 266 millones 698 mil pesos en el combate al narcotráfico, el lastre perdura en el país.

Pero no hubo explicación detallada a la creación de la Policía Federal Preventiva, las reformas a diversos ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, que aumentó penas para diversos delitos y que eliminó los beneficios de la preliberación para los sentenciados por delitos graves.

Dejó fuera de su mensaje las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, por las que se ampliaron los plazos del Ministerio Público Federal para mantener bajo custodia a inculpados detenidos en flagrancia y que define los conceptos de "cuerpo del delito" y de "probable responsabilidad", así como las reformas a la Ley de Amparo, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de la Policía Federal Preventiva y Ley para la Administración de Bienes Asegurados.

Ernesto Zedillo reconoció en su último Informe de gobierno que "para muchos mexicanos un problema muy grave es la inseguridad pública" derivada de una delincuencia, tanto ordinaria como organizada, "cada vez más sofisticada y agresiva", y argumentó que la complejidad de la criminalidad ha hecho necesaria "la planeación y organización de nuevas medidas relacionadas con el fortalecimiento de los cuerpos policiales, incluyendo la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como instrumento de coordinación con los tres niveles de gobierno".

Sus propias cifras señalan que a partir de 1997, "la grave situación del deterioro de la seguridad pública en el país se intensificó". En ese año, indican los anexos del sexto Informe, se llegó a un índice máximo de 15.7 delitos por cada mil habitantes, y la delincuencia creció más rápido que la población: se denunciaron cerca de 1.5 millones de delitos, y se iniciaron un millón 330 mil averiguaciones previas. Del total de delitos cometidos en el país, 94.9 por ciento correspondían al fuero común y 5.1 por ciento al ámbito federal. Es decir, la gran mayoría de los delitos son de responsabilidad estatal o municipal.

Según el Informe presidencial, para 1999 "esta tendencia se logró revertir", cuando se denunciaron un millón 318 mil 240 delitos del fuero común, 12.1 por ciento menos que en 1997, y que representan 13.4 delitos por cada mil habitantes. Sin embargo, el Presidente señala que, "sin desconocer la gravedad de la situación existente" el índice delictivo se mantiene a la baja.

El Informe indica que el número de efectivos de las fuerzas armadas creció durante su mandato 10 por ciento, correspondiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 8 por ciento y el resto a la Secretaría de Marina.

El mismo anexo estadístico da cuenta de que durante el gobierno zedillista se redujo en casi 50 por ciento el decomiso de armas de fuego, al pasar de 16 mil 809, en 1994, a 7 mil 239 en este año. Si se toma en cuenta la cifra registrada en 1990, durante la gestión de Carlos Salinas, el número de artefactos fue mucho mayor, ya que para ese año los aseguramientos sumaron 30 mil 640.

Sobre decomisos de cartuchos, las cifras son similares: de 556 mil en 1990, para 1994 se decomisaron 213 mil 675 y para este año, 29 mil 983.

El anexo estadístico da cuenta de que a la fecha existen en la PGR 38 mil 267 averiguaciones previas en trámite; se han sancionado inhabilitaciones para 864 servidores; destituido, 991, y suspendido, mil 48 en lo que va del sexenio.