SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* Claroscuros en materia agropecuaria

Destacan la creación de Procampo y la desaparición de Conasupo

En materia de política agropecuaria el sexenio de Ernesto Zedillo muestra claroscuros. Por una parte resaltan los apoyos al agro a través de programas como la Alianza para el Campo y el Procampo, mientras por otra destaca la desaparición de Conasupo, con lo que eliminó el respaldo que recibían los productores para comercializar sus granos.

Los anexos del sexto Informe presidencial dan cuenta de que en el periodo 1996-2000, las aportaciones para la Alianza para el Campo ascendieron a 40 mil 692 millones de pesos, de los cuales 14 mil 649 millones de pesos fueron entregados por el gobierno federal, 18 mil 591 millones de pesos por los productores y 7 mil 451 millones de pesos por los gobiernos estatales.

Por lo que hace al Procampo, el texto destaca que los apoyos otorgados entre 1995 y 1999 fueron equivalentes a 4.5 por ciento del PIB agropecuario y la población beneficiada fue de casi 2.9 millones de productores, los cuales en 1999 representaron 7.4 por ciento de la población ocupada total y 35.4 de la dedicada a actividades agropecuarias. El promedio anual de superficie beneficiada fue de 13.8 millones de hectáreas. De ellas, 55 por ciento correspondió a maíz, 14 por ciento a sorgo y 11 por ciento a frijol.

El programa consiste en que el gobierno entrega al productor ųregistrado desde 1994ų una aportación monetaria por cada hectárea sembrada. En el actual ciclo primavera -verano la cuota fue de 778 pesos. Para el año dos mil, se calcula que los recursos totales del programa llegaran a 10 mil 634 millones de pesos.

Otro programa que impulsó la administración zedillista fue el de Apoyos a la Comercialización, el cual apoyó un volumen total de 27 millones de toneladas de arroz, trigo, sorgo y maíz con un monto de 6 mil 440 millones de pesos. A pesar de las demandas de los productores el frijol no fue incluido en este proyecto.

Frente al respaldo que significaron estos programas, el gobierno federal inició desde 1995 el desmantelamiento del esquema de comercialización que operaba a través de la Conasupo. En el Programa Nacional Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estableció las condiciones para la participación del sector privado y social en la compra-venta de las cosechas de maíz y frijol.

Paralelamente, se acordó que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares redujera las adquisiciones de maíz y suspendiera las de frijol. Luego de apoyar las compras de 12 alimentos básicos por varias décadas, la paraestatal se limitó a abastecer el mercado de la tortilla y de la harina de maíz.

La extinción de Conasupo ocurrió el 24 de mayo de 1999, pero su proceso de liquidación contable y operativo concluyó el 30 de junio último. Desde su desaparición, los productores de maíz y de frijol se vieron forzados a recurrir al mercado privado.

Por lo que hace a las adquisiciones de leche por parte de la paraestatal, el Informe de Zedillo refiere que Liconsa y las empresas privadas ahora se abastecen directamente del mercado internacional para cubrir la demanda interna.

Según el texto, en los últimos seis años el volumen de la producción agrícola presentó un crecimiento promedio de 2.7 por ciento al año, mientras que el de la producción pecuaria fue de 5 por ciento. Respecto de los 10 cultivos básicos, el promedio anual fue de 30.3 millones de toneladas, 12.6 por ciento más alto en relación con el sexenio anterior. Se prevé que para el presente año agrícola, se cosechen 31 millones de toneladas y que la producción de maíz sea la más alta de la historia con 18.5 millones de toneladas.

Zedillo reconoce que la balanza agroalimentaria registró un déficit de mil 10 millones de dólares en 1999, lo cual representó tres veces menos que el registrado en 1994 cuando alcanzó los 2 mil 823 millones de dólares. Respecto a la balanza agropecuaria, el déficit llegó a los 634 millones de dólares, 100 millones menos que en 1994.

Sobre la tenencia de la tierra, el presidente subraya que la política aplicada estuvo dirigida a otorgar certidumbre jurídica sobre los derechos de propiedad. De esta manera se beneficiaron 3.6 millones de familias de ejidatarios y comuneros, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), que permitió la regularización de 44.2 millones de hectáreas en 15 mil 600 ejidos y comunidades. En total se entregaron títulos de propiedad en 24 mil 923 núcleos agrarios.

Aunque el reparto agrario legalmente concluyó en 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional, la Secretaría de la Reforma Agraria tenía la obligación de desahogar y turnar al Tribunal Superior Agrario los expedientes que quedaban pendientes. Así en los últimos ocho años, esa instancia recibió 14 mil 394 expedientes de rezago agrario, de los cuales ha resuelto 14 mil 40, es decir, 97.5 por ciento.

Entre 1917 y 1992, se entregaron 103 millones de hectáreas a 3.5 millones de ejidatarios y comuneros. A esta cantidad se sumaron 2.2 millones de hectáreas derivadas de sentencias emitidas por los tribunales agrarios en los últimos ocho años, con lo que el reparto agrario llegó a 105 millones de hectáreas, 53 por ciento del territorio nacional.

Para superar las limitaciones del minifundio ų50 por ciento de los ejidatarios tiene predios de cinco hectáreas o menosų y el fraccionamiento de la tierra, resalta que se apoyó la formación de 9 mil 681 asociaciones.