VIERNES 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2000

* Luis Javier Garrido *

El ovillo

Ernesto Zedillo concluye su gestión en medio de un descrédito casi absoluto por sus políticas antinacionales y la magnitud de la corrupción en la que se respaldó, y ahora el "caso Cavallo" parece aportar nuevas evidencias sobre la vinculación de quienes han estado gobernando a México en los últimos años con el crimen organizado.

1. El gobierno de Ernesto Zedillo, impuesto a los mexicanos por el salinismo, está terminándose en medio de una intensa campaña propagandística, orquestada desde Los Pinos, que culmina con el sexto y último Informe al Congreso, y por la cual se pretende que México está ya en la senda del desarrollo y viviendo en una "normalidad democrática", y se busca hacer pasar a Zedillo como un eficiente administrador e incluso como un "democratizador", siendo que los hechos demuestran lo contrario, y que no se puede ocultar que el país se halla en un desastre institucional sin precedente y que el nuevo siglo se abrirá en medio de un sombrío panorama.

2. Ernesto Zedillo podrá afirmar que en México se vive ya en "una democracia" (debido a que el voto popular y las presiones internacionales le impidieron imponer a Francisco Labastida en la Presidencia) o sostener igualmente que hay "una economía blindada" (porque con extrema docilidad al extranjero ha logrado aplicar varios de los programas del Banco Mundial), pero la desastrosa realidad nacional es muy distinta de la evaluación que hace en sus cuentas alegres.

3. El balance de seis años de esta administración no puede ser ocultado por la retórica, como tampoco lo puede ser la corrupción, que ha sido otro de sus rasgos distintivos, tal y como se puso de manifiesto con el caso del Renave. Los hechos están a la vista: una violación continua de los derechos de los más desposeídos (documentada en todos los organismos internacionales), una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, matanzas amparadas y encubiertas desde la cúspide del poder, como las de Aguas Blancas y Acteal, decenas de luchadores sociales encarcelados y decenas de delincuentes de Estado que se hicieron propietarios de muchas de las principales empresas.

4. La impunidad que prevaleció durante seis años es escandalosa, pues no hubo una fuerza institucional capaz de someter al gobierno al orden legal y de proceder contra quienes se empeñaron en defraudar a la nación. Zedillo extendió su impunidad a sus amigos, colaboradores y socios Oscar Espinosa, Herminio Blanco, Guillermo Ortiz, Arturo Montiel, José Angel Gurría, Rubén Figueroa, Roberto Albores y Emilio Chuayffet, que nunca han sido investigados.

5. El saldo personal de Zedillo no podría ser a su vez más desfavorable, pues más allá de la imagen que buscó proyectar de un hombre simple y amanerado que se hacía el gracioso, se encuentran los hechos. Un gobernante electo con dineros del narco, sometido a la mafia narcofinanciera del grupo salinista, que participó y encubrió con particular empeño el fraude del Fobaproa, carente de palabra al negarse a cumplir los acuerdos que suscribieran sus emisarios con el EZLN en San Andrés Sankanchén de los Pobres en 1996 y que, como ahora se sabe, está vinculado también a otro de los más turbios negocios del continente: el que maneja un grupo de ex militares argentinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), responsables de una serie de atrocidades cometidas durante la guerra sucia que libraron contra el pueblo argentino, según lo informó Reforma desde el 24 de agosto.

6. El "caso Cavallo" está poniendo de relieve no la subordinación de Zedillo a la lógica privatista de las trasnacionales o el grado de cinismo de su gobierno, lo que ya se conocía, sino las dimensiones del carácter criminal de su administración. Ni Zedillo ni el secretario de Comercio, Herminio Blanco, podrían convencer a nadie de que fue por ineptitud que el registro federal de vehículos, que es una institución del Estado, y que nunca debió privatizarse, fue concesionado a una empresa formada por el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo (alias Sérpico o Marcelo), quien también se hacía llamar "Miguel Angel Cavallo", acusado no sólo de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cometidos durante los años del régimen militar en la Argentina (1976-1982), sino de ser también integrante de una vasta red criminal de ladrones de automóviles que se dedicaba a concentrar información confidencial en varios países latinoamericanos, como lo ha documentado Miguel Bonasso en Página 12 (27 de agosto), todo ello con propósitos oscuros de índole delictiva.

7. La pregunta no es por lo tanto si Ernesto Zedillo y Herminio Blanco, haciéndose pasar por irresponsables, pueden ocultar su complicidad en este proyecto delictivo, sino otra muy distinta, que es la de si van a investigarse a fondo las complicidades existentes. Zedillo no sólo ha ocultado al Congreso los datos sobre el Banco Unión y el financiamiento ilegal a su campaña en 1994 o la información sobre los fraudes cometidos al amparo del Fobaproa, sino también todo lo relativo a los asesores chilenos y argentinos, que fueron cómplices en las dictaduras militares de sus países, y que asumieron cargos de responsabilidad en "su gobierno" decidiendo políticas de Estado.

8. El hilo del ovillo puede a todas luces llevar muy lejos, como lo muestran las investigaciones que se inician en varios países, y que no son sino colaterales al expediente del juez español Baltasar Garzón, que está reclamando a Cavallo. Los acontecimientos son de una extrema gravedad pues la empresa Talsud, constituida por ese grupo de ex militares argentinos con el botín de la guerra sucia, y que se halla asociada a funcionarios de los gobiernos de Argentina, México, El Salvador y otros países, había penetrado en asuntos de seguridad nacional. Los funcionarios mexicanos sabían sin duda quiénes eran Cavallo y sus socios, ex miembros del Grupo Tareas 33/2 de la Esma, y fue precisamente por eso que obtuvieron la licitación del Registro Nacional de Vehículos o Renave.

9. El discurso de Zedillo sobre "la normalidad democrática" que según él existe en México carece de sustento tanto como sus consideraciones en materia económica y social. Ante los abusos de poder y la corrupción que prevaleció en su gobierno y las continuas violaciones a la Constitución no hubo una fuerza institucional que pudiese detener esas políticas, y hoy el único freno ante las arbitrariedades y los crímenes de Estado sigue siendo como en los últimos años la movilización de la sociedad.

10. La transición política que requiere México con urgencia no puede ser por lo mismo más que una responsabilidad de esa sociedad, a la que, como se ve claro con el "caso Cavallo", le siguen acechando proyectos muy oscuros.