VIERNES 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Silvia Gómez Tagle *
Lo secreto y lo público: controversia entre poderes
Desde muchos ángulos merece celebrarse la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el acceso a la información sobre los fideicomisos de Banco Unión que se presume sirvieron para desviar fondos para las campañas del PRI.
En febrero de 1998 la Cámara de Diputados solicitó información sobre los recursos bancarios cuando los diputados del PAN y del PRD descubrieron que las iniciativas legislativas que el presidente Zedillo estaba enviando para ese año incluían la de "reconocer como deuda pública los pasivos del rescate bancario". Los diputados se dirigieron primero a la Comisión Nacional Bancaria, luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente al propio presidente Zedillo, quien sistemáticamente negó la información con el pretexto de "proteger el secreto bancario". Incluso hace muy poco tiempo, en un debate entre los candidatos a la Presidencia, el tema de las "listas del Fobaproa" dio lugar a una agria controversia porque de nueva cuenta los priístas argumentaron que "romper el secreto bancario" representa una amenaza contra el estado de derecho.
Los recursos de Banco Unión se destinaron al apoyo de varias campañas, tanto la de gobernador de Tabasco como la presidencial de 1994. El PRD también solicitó la investigación del financiamiento de la campaña presidencial de 1994 el 10 de septiembre de 1998. Cuando el Consejo General del IFE decidió examinar el asunto, la indignación del PRI llegó al extremo de abandonarlo por varios meses. Finalmente en mayo de 1999 la decisión del consejo fue adversa al PRD, pero el fondo del problema ha quedado sin resolver. El uso de recursos ilícitos en las campañas políticas lesiona gravemente la credibilidad y la equidad de procesos electorales, por ello involucra mucho más que el secreto bancario o la pertinencia de los programas de rescate financiero. A pesar de que estas dos cuestiones, por sí mismas, son de enorme importancia para el futuro del país y para los ciudadanos, quienes finalmente "pagarán los platos rotos" de la mala administración pública.
De ahí que el argumento del secreto bancario esgrimido por la Presidencia sea trivial, porque como bien dictaminó la Suprema Corte, el problema de fondo es de interés público. Pero sobre todo, esta decisión supone que el Poder Legislativo y el Poder Judicial fijan límites a las facultades del Poder Ejecutivo. Y eso significa un cambio muy importante en el funcionamiento del régimen político. El exigir al presidente Zedillo la información requerida por la Cámara de Diputados, significa la culminación de un lento proceso que se fue dando a lo largo del sexenio 1994-2000, primero con las reformas al Poder Judicial que impulsó el propio Zedillo en 1995, y luego con la reforma electoral de 1996. En la primera se admitió la injerencia de la SCJN en las controversias entre los poderes de la Unión (federación, municipios, estados, legislaturas) ofreciendo un recurso jurídico para "reclamarse entre sí" por arbitrariedades cometidas. En la reforma electoral se garantizó un mínimo de transparencia electoral que ha permitido cambios en la composición de la Cámara de Diputados en 1997 y, en las elecciones del 2 de julio, el arribo de un partido distinto a la Presidencia de la República.
Ahora, cuando se disolverán muchos intereses creados alrededor de la Presidencia y del PRI, la Suprema Corte de Justicia da un fallo de trascendencia histórica, en el que por primera vez hace valer su autoridad frente al Ejecutivo.
Esta resolución también dignifica el papel de la Cámara de Diputados frente al Poder Ejecutivo, en su función de cuerpo legislativo y supervisor de la administración pública como un instrumento para prevenir y sancionar la corrupción y la impunidad.