VIERNES 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2000

* En otras ocasiones Zedillo evitó hablar de Chiapas y asesinatos políticos


Genera expectación y morbo el 6o. Informe presidencial

Rosa Elvira Vargas * Esperado con verdadera expectación, y en no pocos casos con auténtico morbo, el sexto Informe de gobierno de Ernesto Zedillo representa la última oportunidad para que el mandatario rinda cuentas sobre un sinnúmero de temas y conflictos que ha omitido deliberadamente en sus comparecencias de los días 1o. de septiembre ante el Congreso de la Unión, muchos de los cuales continúan y quedarán sin resolverse.

Nadie descarta que el Presidente elaborará una amplia reflexión sobre los recientes resultados electorales que llevaron a su partido, el PRI, a perder la Presidencia de la República por primera vez en 71 años. Pero no es sólo eso lo que interesa a la población.

Además de las "asignaturas pendientes", para un gran sector de la población el interés en el contenido del mensaje presidencial está puesto en sucesos recientes que caen en la esfera de responsabilidad del jefe del Ejecutivo federal. Muchas voces subrayan que mientras Zedillo podrá certificar como cumplida su promesa de que México llegaría a la transición sexenal sin crisis económica, los embrollos al término de su gestión se ubican en el ámbito político y de manera más específica al interior de su propio equipo de trabajo y su partido.

Así, cabe esperar que el mandatario deponga su tradicional modo de referirse a temas cruciales y sensibles, sólo de manera general o indirecta, o de plano omitirlos, y ahora sí se refiera por su nombre a casos como la fuga de Oscar Espinosa Villarreal; al affaire Renave, que involucra al secretario de Comercio, Herminio Blanco, y al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al Ejecutivo a entregar información sobre el estado financiero de Banco Unión, entre otros asuntos.

Desde su primera comparecencia, el 1o. de septiembre de 1995, el Presidente fue censurado porque, estallado meses antes el conflicto de las carteras vencidas de los deudores de la banca, en su Informe estuvo ausente cualquier "anuncio importante" sobre el problema.

Esta omisión llevó a las organizaciones creadas a la luz de esa problemática a anunciar que continuarían las movilizaciones en defensa de su causa, entre las cuales estaban ųy sigue estandoų el pago justo de sus créditos y la disminución de los exorbitantes intereses que se les habían acumulado, amenazaban su patrimonio y, en casos extremos, podían llevarlos a la cárcel.

Ese mismo año, Ernesto Zedillo se refirió, así fuera de manera tangencial, a los asesinatos que conmocionaron a la opinión pública: los de Luis Donaldo Colosio, Juan Jesús Posadas Ocampo y Abraham Polo Uscanga, y dijo que la mejor manera de cumplir su responsabilidad en el esclarecimiento de esos hechos consistía en promover la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial.

Al año siguiente, 1996, la oposición de plano calificó el mensaje presidencial como un "típico ejemplo de no informe", ya que el tema de los asesinatos políticos apenas mereció una línea, que se refería al nombramiento del nuevo fiscal que investigaría el caso Colosio, y acerca del señalamiento de Raúl Salinas de Gortari como asesino intelectual de José Francisco Ruiz Massieu, sólo destacó que "sigue la sustentación del proceso penal" en su contra.

Fue en esa ocasión ųy reciente la irrupción del EPR en la escena públicaų cuando el mandatario deslindó: "Toda la fuerza del Estado" para combatir "intentonas cruentas y caducas que pretenden cerrar el paso a la democracia e imponer su voluntad intolerante a los demás". En contraste, al referirse al conflicto armado en Chiapas se comprometió "a mantener el diálogo".

Para 1997, Zedillo ya hablaba de la recuperación económica lograda merced a las políticas de ajuste aplicadas, y convocaba ųsin éxito, como se vería casi de inmediatoų a elaborar una política económica de consenso a la que, sin embargo, ahí mismo ponía precondiciones: mantener invariable la disciplina fiscal y monetaria; no descuidar la lucha contra la inflación, promover el ahorro interno, y continuar el cambio estructural de la economía.

En esa ocasión los permanentes temas irresueltos desaparecieron del discurso. En 1998 fue más evidente que no tenía interés de incluir en el documento ciertos temas. Así, el cronista Jaime Avilés comenzó su nota del 1o. de septiembre de esta manera: "ƑY Chiapas? ƑY el Fobaproa? ƑY la nueva Ley Federal del Trabajo? ƑY la devaluación?''

Cierto, la problemática de Chiapas sólo recibió entonces una breve mención, al indicar que su gobierno mantendría "la estrategia" de procurar pacientemente el diálogo y la negociación, porque sólo en el marco de la ley y la democracia pueden y deben resolverse los problemas "muy dolorosos que nos recuerdan que en su raíz están los rezagos, la injusticia y el abandono de muchos años".

Ese día, un indignado Pablo Salazar Mendiguchía, todavía senador del PRI y hoy candidato triunfante al gobierno de Chiapas, declaraba: "El desprecio que el tema de Chiapas le merece al Presidente es el mismo desprecio que el estado le merece al país desde 1824."

Y así llegó el 1o. de septiembre de 1999. Al día siguiente, la cabeza principal de este diario rezaba: "En el mensaje de Zedillo, ausentes Chiapas y UNAM", y entre los subtítulos se incluían otras omisiones: "Tampoco hizo referencia al sistema bancario ni al caso Fobaproa".

Esto último resultó para muchos insólito e inexplicable, no sólo por el escandaloso costo fiscal del Fobaproa, luego transformado en IPAB, sino porque el propio Presidente había hecho, un año antes, una amplia justificación de las medidas dictadas por su gobierno para evitar la quiebra del sistema bancario e incluso calificó de "significativa" la propuesta de acotar la facultad del Poder Ejecutivo federal para otorgar avales y otras garantías conducentes a la constitución de deuda pública contingente.

Incluso en 1998 calificaba de "indignante" que "una parte sustancial" del quebranto bancario obedeciera en algunos casos a la negligencia y en otros a actos fraudulentos de algunos administradores ejecutivos y accionistas bancarios, y se quejaba de que el marco jurídico fuera "absurdamente generoso" con los "delincuentes de cuello blanco". Bien, ya en 1999, ni una sola línea dedicó al tema.

Sus razones tendría, pero lo cierto es que en estos seis años, conflictos como la matanza de Acteal, los asesinatos de Aguas Blancas, las razones de la cada vez más creciente migración hacia Estados Unidos (tema que eludió cuando visitó California, el estado que recibe el mayor flujo de indocumentados), la prolongada crisis de la UNAM y otros problemas importantes fueron obviados por el mandatario o, en el mejor de los casos, apenas mencionados.