Santafé de Bogotá. La visita del presidente estadunidense, Bill Clinton, a Colombia contó con la simpatía de la gran mayoría de la población, y para que así resultara ayudó la imagen de prosperidad y un discurso de factura impecable que invoca la protección de la democracia, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y del desarrollo y el combate al flagelo del tráfico de droga.

La palabra guerra no apareció ni en los mensajes ni en las conversaciones y apenas se insinuó tras la justificación de apoyar el Plan Colombia en tanto en este país "la democracia está bajo ataque" pues "las ganancias del tráfico de la droga financian el conflicto civil".

Todo el énfasis del presidente estadunidense estuvo destinado a mostrar un esfuerzo bipartidista, supraelectoral, para ayudar a recuperar la gobernabilidad en un país amigo que está defendiendo la solución negociada para la paz y combatiendo la droga.

En el terreno formal este viaje de 10 horas de duración, tal vez el último que realice Clinton como presidente, parecería alejado de los ajetreos de la campaña por la presidencia en Estados Unidos y sólo tangencialmente relacionado con la confrontación armada que envuelve a Colombia.

Sin embargo no dejaron de pesar otros discursos contruidos más con hechos que con palabras: el gobernante más poderoso de la Tierra decide no llegar a la capital del país visitado sino a la caribeña y cercana Cartagena de Indias, donde es custodiado por más de 3 mil miembros de la seguridad estadunidense, además de un portaviones y varios batallones colombianos.

El mismo día se anuncia que el general que encabeza el Comando Sur del ejercito de Estados Unidos se traslada permanentemente a Colombia a monito- rear las operaciones, y en su misión ya cuenta con más de 500 asesores, según estiman los entendidos, y se espera que para fin de año no sólo éste funcionando el equipo autorizado en el plan aprobado por el Congreso de Estados Unidos, sino que se haya avanzado en la contratación de expertos militares privados con experiencia en otras guerras.

El presidente estadunidense se mostró sensible a las críticas que desde Estados Unidos han advertido sobre el escalamiento de la injerencia militar en el conflicto interno colombiano; por ello, circunscribió el apoyo castrense de su país a la asesoría y equipamiento de batallones antinarcóticos de protección a la policía antinarcóticos.

En el papel eso suena lejano a la confrontación con la guerrilla o con los paramilitares. Pero en el terreno, que no es desconocido sobre todo para la inteligencia militar estadunidense, la fumigación de cultivos de coca o la presión sobre los campesinos cultivadores choca desde el primer momento con las fuerzas armadas irregulares.

Es bien sabido en Colombia que de las 120 mil hectáreas sembradas de coca, sólo 30 por ciento se registra en áreas de economía campesina donde no hay presencia de guerrilla o paramilitares, o tiene la modalidad de cultivo comercial promovido por narcotraficantes, y que el otro 70 por ciento es realizado sobre todo por campesinos que son "protegidos" o "sometidos" por algún actor armado irregular.

La lógica inevitable de la "guerra contra la droga" que se anuncia a gran escala desde el Putumayo en la frontera con el Ecuador, es la confrontación de la policía con las diferentes guerrillas, seguida del apoyo del ejército a la policía y del soporte tecnológico en ascenso de los centenares de asesores enviados desde Estados Unidos.

La salvedad en este escalamiento de la guerra es que existe la determinación del presidente Clinton de dejar como legado no sólo la continuidad del plan sino también el compromiso de una injerencia humanitaria, y también negar cualquier asistencia a quienes muestren conexión con abusos cometidos por fuer- zas paramilitares.

El Plan Colombia puede ser presentado como un apoyo a la solución negociada dentro de la idea de que con la lucha contra los cultivos ilícitos y el comercio de coca y de pasta básica se debilita al mismo tiempo la economía de la guerrilla, y por esta vía se le presiona a una negociación más fácil para el gobierno y el poder tradicional.

Por esto, la primera fase del plan se dirige a una operación a gran escala en el sur del país, donde son fuertes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sesenta por ciento de los cultivos de coca están allí en el Putumayo y lo realizan menos de 15 mil familias.

Los estrategas del plan piensan que pueden disuadir o presionar a una parte considerable de esos cultivadores a salir hacia otras regiones y han provisto recursos para atender a unos 150 mil desplazados; los helicópteros y las fumigaciones se encargarían del resto y por lo menos de desorganizar la retaguardia económica de la guerrilla.

La visita del presidente Clinton y de todo el equipo pesado de su administración ha dado la largada a ese plan que comienza por el sur y que logró por 10 horas desdibujar su contenido guerrero con las emotivas imágenes que se emitieron desde la ciudad amurallada.

Desafortunadamente puede pasar demasiado tiempo antes de que se vea que la guerra del sur es una dramática ilusión, que al fortalecimiento táctico de las fuerzas armadas y el desalojo de los cultivadores seguirá el reforzamiento de las fuerzas irregulares. Por este camino se llegara primero a la guerra civil generalizada que al desarrollo o a la democracia tan proclamada.