JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2000
* Orlando Delgado *
El VI Informe: balance de un desastre
Mañana el doctor Zedillo presentará su último Informe de gobierno; probablemente sea el último informe de un gobierno priísta. En él se hará un balance de seis años de gestión y, seguramente, se propondrá una visión en la que, como ya se ha dicho, se celebrará un hecho central: no se entrega un país en crisis; se afirmará que se heredan problemas, pero que no hay en este momento crisis, ni se piensa que pueda haberla en el corto plazo.
Desde el punto de vista económico, los argumentos serán los del desempeño macro: se resolvió con relativa rapidez la crisis de 1994-95; luego ha habido un crecimiento sostenido del producto de más de 5 por ciento; la inflación ha descendido a niveles menores a 9 por ciento anual; las finanzas públicas se han mantenido "sanas"; el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido manejable, dado el impresionante crecimiento de las exportaciones; la deuda externa ha disminuido; la tasa de desempleo abierto es cercana a 2 por ciento.
Zedillo entregará buenas cuentas al próximo gobierno que, como ha sido señalado, piensa que no sólo es cierto, sino que constituye un logro casi histórico. Sin embargo, para las mexicanas y mexicanos comunes, que no revisan la información sobre los agregados económicos para saber si la situación ha mejorado, las cosas en este sexenio no han funcionado bien y si hiciese falta caracterizar a un gobierno que ofreció bienestar, la palabra adecuada sería desastroso. Demostrar este desastre puede hacerse a partir de criterios que son universalmente aceptados y que publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe sobre el Desarrollo Humano.
En la primera página de este informe se señalan los propósitos fundamentales de los derechos humanos y el desarrollo humano; "libertad de la discriminación, ya sea en razón del género, la raza...; libertad de la necesidad, para disfrutar de un nivel decente de vida; libertad para desarrollarse y hacer realidad la potencialidad humana de cada uno; libertad del temor, de las amenazas contra la seguridad personal...; libertad de la injusticia y de las violaciones al imperio de la ley; libertad para participar en la adopción de decisiones, expresar las opiniones y formar asociaciones; libertad para tener un trabajo decente, sin explotación". La sola enunciación resulta abrumadora, dado que evidencia nuestras enormes carencias, pero igualmente permite apreciar lo que hemos avanzado.
Si atendemos a dos de las libertades anotadas, es posible ponderar los logros macroeconómicos: la libertad de la necesidad y la libertad para tener un trabajo decente. Tres indicadores de las remuneraciones reales recibidas por los trabajadores, ilustran si este sexenio permitió recuperar lo perdido o si, por el contrario, el deterioro continúo: tomando como base 1994 = 100 (OCDE, México julio 2000, p. 36-37), los salarios mínimos en junio de 1999 eran iguales a 77, es decir, perdieron casi la cuarta parte de su capacidad de satisfacer las necesidades elementales de una familia trabajadora; por lo que hace a los ingresos promedio en la manufactura, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, llegan a 84 por ciento de lo ganado en 1994; los ingresos promedio en las maquiladoras, por su parte, se encuentran en un nivel muy cercano al que tenían cuando se iniciaba el gobierno actual.
Es cierto que en los últimos tres años se registraron incrementos reales, pero no han sido suficientes para alcanzar lo percibido en 1994; además, aunque los aumentos mayores se han dado en las maquiladoras, los salarios en ese sector son apenas 60 por ciento de los manufactureros. De este modo, los asalariados están muy lejos de liberarse de la necesidad; lo han hecho, sin la menor duda, unas cuantas decenas de mexicanos: los beneficiarios de la liberalización emprendida desde hace 18 años.
El trabajo decente parece una meta que pocos han alcanzado: el dato recientemente publicado por el INEGI que estima que hay 9.3 millones de personas en la informalidad, lo que representa 28.5 por ciento de la población ocupada, resulta extraordinariamente bajo en relación con los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE y de la propia Secretaría del Trabajo, que han estimado la ocupación informal en niveles entre 45 y 52 por ciento de la Población Económicamente Activa, lo que involucra a alrededor de 19 millones de mexicano(a)s, de cualquier modo da cuenta de una enorme proporción de los ocupados que carece de las prestaciones legales, de seguridad social y que, en consecuencia, cuando llegue el tiempo de su retiro no percibirán un centavo de pensión, con todo y las Afore.
Por esto, y por otras cosas más, el balance del sexenio zedillista, pese a tener el mérito de haber reconocido su derrota electoral, debe calificarse no con 9, como lo ha hecho inopinadamente la Coparmex, sino como deficiente, reprobado.