JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2000

* En 1977, en Mendoza, fue testigo del secuestro de su padre y su abuelo

Castigo para Cavallo, pide víctima de la Esma

* Con lo robado a 30 mil desaparecidos los militares crearon una red de negocios de seguridad

Elizabeth Velasco C. * Mariana Masera Cerutti, víctima de la dictadura de 1976 a 1983 en Argentina, durante la cual fue testigo presencial del secuestro y desaparición de su padre, Omar Masera Pincolini, y de su abuelo, Victorio Cerutti, asegura que con los bienes robados a su familia y a más de 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar, los integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), Ricardo Miguel (o Miguel Angel) Cavallo, Jorge Carlos Radice, Jorge Tigre Acosta y otros conformaron una vasta red de negocios de ''seguridad'' que como Talsud, Unión Transitoria de Empresas (UTE) y Seal Lock hoy operan desde Mendoza, Argentina, hasta El Salvador y México.

''La empresa Talsud, que dirigía Cavallo en México y con importantes operaciones en Mendoza ųdonde radicaba la familia de Marianaų, presuntamente utilizó el dinero de los bienes inmuebles que los militares se apropiaron ilegalmente en el caso Cerutti-Masera''. Es decir, de su familia, y cuyo valor superaba en 1976 los 10 millones de dólares, así como más de 800 mil dólares en joyas, cuentas bancarias, automóviles y toda clase de bienes muebles que les fueron robados.

Hoy, a 24 años del inicio de la dictadura argentina, Manuel Andrés Campoy, testaferro de Emilio Massera (quien comandaba la Esma, convertida en un centro clandestino de tortura y exterminio y por donde pasaron como ''botín de guerra'' no menos de 70 millones de dólares a manos de más de 120 hombres de la Armada), todavía habita en lo que fue la morada en los años de infancia de Mariana y su familia ųque ocupaba una parte de la finca de 25 hectáreas de su abueloų, en el cruce de las calles que los militares renombraron como ''Justicia'' y ''Bondad''.

A raíz de la detención en México de Ricardo Miguel Cavallo, Mariana, con residencia en nuestro país desde 1978, hace un recuento de su caso, convencida de que tiene que hacerse efectivo el proceso de extradición del ex director del Renave.

El horror que vivió Mariana hace 23 años todavía produce escalofrío. Su caso es uno de los más documentados de la dictadura militar. Aparece con el expediente 175 en la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep), en la página 289 del Nunca Más, y ha sido denunciado ante todos los organismos internacionales de derechos humanos.

Recuerdo imborrable

''Fue la madrugada del 11 de enero de 1977 ųrecuerda Marianaų, cuando unas 20 personas con pasamontañas irrumpen en forma violenta en nuestro domicilio de la Grande Coria, Mendoza. Mis abuelos vivían en la casa grande de la finca y nosotros en una casa interior. A patadas y golpes rompen la puerta. Cuando yo despierto ųtenía entonces 11 añosų me encuentro una metralleta que me está apuntando en la cabeza. A mi padre lo golpean salvajemente por tratar de defendernos; hubo un intento de querer abusar de mi madre. Simultáneamente entraron a la habitación de mis hermanos, Omar y Diego ųentonces de 15 y 12 añosų, a los cuales también golpearon. Nos tiran al piso, nos atan y amordazan. A mi padre se lo llevan... mi madre es la última que lo ve, con la cabeza sangrando... Después de llevarse a mi padre nos empiezan a preguntar: 'šDónde está el dinero, las joyas!'. Y nos empiezan a robar... desde la radio de la cocina, la televisión, cuadros y todo lo que haya de valor y medio valor. Como viles rateros empiezan a saquearnos y se llevan también dos automóviles.

''El mismo operativo que realizan en mi casa se lleva de manera simultánea en la de mi abuelo. Amordazan a mi abuela y la golpean, y cuando se llevan a mi abuelo, de más de 70 años, y a mi padre, nos dicen con amenazas que si nos movemos, en menos de una hora los matan''.

También ese día secuestraron a Horacio Palma y Conrado Gómez, socios de su abuelo Victorio Cerutti, y con quienes había constituido la empresa Cerro Largo, SA, a través de la cual planeaban hacer un fraccionamiento residencial en buena parte de las 25 hectáreas de la finca.

Después de los secuestros, ''aparecen cheques con las supuestas firmas de mi abuelo y mi padre, y con los cuales sacaron el dinero de las cuentas bancarias, toda una vida de ahorros. Posteriormente, llegan a la casa a decirnos que esa propiedad ya no era de mi abuelo y que éste la había cedido a la empresa Will-Ri, cuyos representantes fantasmas fueron Federico Williams y Juan Héctor Ríos. Con firmas falsificadas de mi abuelo, mi padre y demás representantes de la empresa Cerro Largo, obligan a mi madre ųa quien intimidan, de negarse a firmar, con la amenaza de asesinar a mi padre y a mi abueloų a traspasarles la casa donde vivíamos. El contrato de compra-venta se hace en p apel común y 'legaliza' la operación Manuel Andrés Campoy''.

Este último ''compra'' después la vivienda que era de Mariana y su familia, de unos 2 mil metros dentro de las 25 hectáreas de la finca, ''operación que rubricó Manuel Andrónico Campoy Serpa, padre del abogado''.

Después de que echan a Mariana y su familia, ''Will-Ri organiza el loteo de las 25 hectáreas, que se convierte en uno de los fraccionamientos de mayor estatuto en la provincia de Mendoza. Hasta el momento, siguen vendiendo lotes en el lugar''. En 1981, las propiedades son traspasadas a la inmobiliaria Misa Chico, propiedad de los hijos del almirante Emilio Massera, Eduardo y Carlos. A raíz de los juicios que empiezan a realizarse en esa década en Argentina contra ex militares de la dictadura ųy para evitar que sean demandados en un juicioų, nuevamente son traspasadas las propiedades a ''recién constituidas y dudosas sociedades como Huetel, SA, en 1984, y ENORI y A&B Consultores, en 1986".

Quien se encargó de negociar los bienes de los desaparecidos, y ''en específico las tierras de Chacras de Coria ųcomo también se conocían las viñedos de las tierras del abuelo de Marianaų, fue Jorge Carlos Radice, quien en 1995, en Mendoza, se asocia con Ricardo Miguel Cavallo y Víctor Talaroid, para constituir la sociedad Unión Transitoria de Empresas (UTE)''.

A la fecha, Jorge Carlos Radice maneja la empresa Seal Lock, que provee el plástico para la confección de los documentos de registros de conductor en Buenos Aires, luego de que ganó la licitación, junto con la empresa Polaroid, en 1999. Después de formar la UTE, ''se teje desde Mendoza toda una red de negocios para el blanqueado del dinero'' y crean Talsud, ''que opera desde El Salvador hasta México''.

Es obvio ųdice Marianaų ''que el dinero y los bienes pasaron de una mano a otra entre los mismos integrantes del Grupo de Tareas de la Esma, que comandaba Massera. Y ese dinero que fue obtenido a través del secuestro, el saqueo de miles de casas y el genocidio, además de utilizarlo en operaciones financieras, lo usaron para comprar armas y para la campaña política de Massera''.

Con la voz entrecortada, después de recordar el horror que vivió durante un año, en que además de despojarlos de sus bienes sufrieron tortura psicológica su madre, ella y sus hermanos por parte de los integrantes de la Esma ųquienes continuamente los extorsionaban bajo la amenaza de asesinar a su padre y a su abueloų, Mariana recuerda que antes de abandonar su país ųun 11 de enero de 1978ų se enteran que ambos ya habían sido ''asesinados: todo indica que fueron tirados al mar vivos desde aviones, en los famosos vuelos de la muerte...''

Para la hoy doctora en Letras e investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y sus hermanos Omar y Diego, también doctores en Física y Artes, respectivamente, e investigadores de la máxima casa de estudios, ''el recuento del caso del que somos víctimas y testigos presenciales, ilustra la forma en que los militares, comandados por Massera, y con acólitos como Cavallo, asesinaban a personas a fin de quedarse con todos sus bienes''.

Después de varios minutos de silencio, exclama Mariana:

''Es hora de empezar a hacer justicia; es hora de señalar claramente que hechos como los que efectuaron no pueden dejarse de lado, ni sepultarse en el olvido por la amnistía que otorgan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida...

''Es hora de decir, šbasta!, a todos los genocidas que aún están impunes. Exigimos que Ricardo Miguel Cavallo sea extraditado y juzgado en España para que finalmente pague por sus crímenes y sea el comienzo para conocer el paradero de nuestros familiares''.