JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2000
* Intentaba ganar licitación para emitir cédulas de identidad en el país andino
El ex director del Renave tenía intereses en Bolivia
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 30 de agosto * La repercusión alcanzada por la detención en México de Ricardo Miguel o Miguel Angel Cavallo continúa llevando los pasos hacia países como Bolivia, donde intentaba ganar la licitación para emitir documentos de identidad, para lo cual debía declarar un capital no menor a 100 millones de dólares.
Varios medios bolivianos publicaron en las últimas horas la historia de este personaje, que mantenía lazos estrechos con las dictaduras bolivianas y en los años ochenta incluso vivió en ese país.
En un envío desde Bolivia para Página 12, Oscar Guisoni menciona que Cavallo colaboró con la dictadura del general Luis García Meza y que habría sido la mano derecha del ministro del Interior de éste, el coronel Luis Arce Gómez, detenido en Estados Unidos, adonde fue extraditado después de la acusación de utilizar su cargo para el tráfico de droga.
Según fuentes policiales, Arce Gómez habría agradecido la colaboración de los grupos de tarea argentinos involucrados en la Operación Cóndor para asesinar, en Buenos Aires, al general Juan José Torres, cuyo cadáver fue encontrado el 2 de junio de 1976 en San Andrés de Giles, al noreste de la capital argentina, donde había sido secuestrado un día antes.
Cavallo habría salido de Bolivia en 1981 para regresar después de la caída de García Meza, en 1982, cuando se instaló en Santa Cruz de la Sierra, donde tejió varios negocios. Esa ciudad ha sido considerada como un paraíso para los traficantes de autos robados, entre otras cosas.
Los propietarios de la empresa argentina Talsud, una de las firmas que se asociaron con Cavallo para controlar el Registro Nacional de Vehículos (Renave) en México, mantienen amistad con autoridades de seguridad, lo que les permitiría modificar la legislación vigente, que prevé que la licitación quede en manos de un organismo civil, mientras la policía continúa manejando la documentación de identidad de los ciudadanos bolivianos.
Las actividades de militares argentinos en Bolivia ligadas al narcotráfico y denunciadas ante la DEA habrían permitido financiar la compra de armas para la posible "batalla del Beagle" y para la posterior guerra de las Malvinas, en 1982, y lavar el dinero sustraído a los desaparecidos. El trabajo de Cavallo en los centros pilotos de París, donde trabajó con el ex capitán Alfredo Astiz, otro acusado de graves crímenes, fue detectado por la policía francesa cuando el último de los nombrados se había infiltrado entre exiliados originarios de la ciudad de Bahía Blanca, a los que la Marina siempre dedicó una atención especial.
"Miguel Angel dirigió operaciones de secuestros y asesinatos de activistas en Bahía Blanca. Una de sus prácticas preferidas era la denominada lancheo (término naval derivado de lancha), que significaba el traslado a Bahía Blanca de presos colaboradores de la Esma que detectaban, infiltraban y entregaban.
"El fiscal Strassera tenía preparada la acusación de los oficiales de Marina en el momento del desprocesamiento de todos los militares por los efectos de la Ley de Punto Final. Acusaba a Miguel Angel de 226 asesinatos. Estamos, por lo tanto, ante un auténtico autor de crímenes contra la humanidad y un especialista en campos de concentración, destrucción de la personalidad y exterminio", concluye el informe documental del equipo español Nizkor, que trabaja ampliamente en el tema de los derechos humanos desde Madrid.
Esta fuente da cuenta del historial de Cavallo y señala que si éste fuera extraditado a España sería, junto con Adolfo Scilingo, el segundo torturador argentino detenido y podría prosperar un juicio oral. Las declaraciones de Scilingo ante el juez Baltasar Garzón suman unos 500 folios y aportan una larga lista de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) implicados en diversos crímenes.
Nizkor señala que Cavallo es "un oficial especializado en lo que la Marina argentina denomina contrainteligencia y que en la práctica significó infiltración en lugares como universidades, partidos políticos, movimientos sociales y de derechos humanos y de exiliados".
La inteligencia naval también participó "en operaciones de mantenimiento de las comunicaciones durante el golpe militar contra Salvador Allende (1973) y de apoyo logístico al golpe militar chileno, para lo cual creó una unidad especializada de comunicaciones y de enlace con la Marina estadunidense". Otro dato importante del informe está referido a la participación de Cavallo y otros oficiales de la Armada en la infiltración de movimientos políticos fuera de Argentina, especialmente en Bolivia y Uruguay.