MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000
Ť Juan Moreno Pérez Ť
El desacato presidencial
En vísperas de su último Informe de gobierno, el presidente Zedillo se niega de manera explícita a acatar un mandato de los diputados incluido en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (DAPEF). Este desacato pretende invalidar las decisiones adoptadas por los legisladores en diciembre pasado, las cuales buscaban poner límites a la discrecionalidad presidencial en el manejo del gasto público.
Como se puede recordar, a fines del año pasado se logró una alianza de los diputados de todos los partidos de oposición. Esa alianza alcanzó la mayoría y permitió modificar, por primera vez en décadas, los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos enviados por el Ejecutivo. Aunque lo que más se difundió fue la decisión de aumentar 15 mil millones de pesos a algunos rubros del gasto social, el cambio más importante consistió en limitar las facultades del presidente en el uso de los recursos públicos.
La Constitución señala que los legisladores deberán decidir de qué fuentes se obtienen los ingresos públicos (Ley de Ingresos), y cómo serán gastados (Presupuesto de Egresos), quedando el Ejecutivo como responsable de aplicar esas decisiones, sujetándose estrictamente a lo señalado en esos dos documentos que tienen carácter de leyes. Pero, como sucede con frecuencia en México, una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que se practica de hecho.
Durante los últimos años, el presidente Zedillo utilizó un truco para eludir las decisiones de los legisladores y asignar de manera discrecional una parte importante del gasto público. Ese mecanismo consistió en subestimar los ingresos, en especial los petroleros, que se incluían en la Ley de Ingresos. Como las decisiones de gasto definidas en el Presupuesto de Egresos estaban amarradas a los recursos subestimados en la Ley de Ingresos, la recaudación excedente terminaba siendo asignada de manera discrecional por el presidente.
Como señalé en mi artículo ''La gran trampa del paquete económico' (La Jornada, 2-12-99), la subestimación de los ingresos petroleros permitía al Ejecutivo limitar los recursos que podía utilizar Pemex; reducir las participaciones que debía transferir a los estados y municipios, y aumentar los fondos que podía asignar libremente. Mediante ese mecanismo, el presidente utilizó una gran cantidad de recursos para el rescate bancario, sin que hubieran sido presupuestados para ese fin (ver mi artículo ''El petróleo y el Fobaproa'', La Jornada, 12-4-00). La gran decisión de los legisladores, en el pasado diciembre, fue eliminar este mecanismo, quedando definido de antemano el destino de todos los ingresos públicos que resultaran mayores a los incluidos en la Ley de Ingresos (artículo 35 del DAPEF).
Los cambios al paquete económico para el año 2000, decidido de manera soberana por los legisladores, se pueden sintetizar así: los recursos estimados en la Ley de Ingresos se aumentaron en 7.5 mil millones de pesos, como resultado de incrementar el supuesto de precio del petróleo de 15.5 a 16 dólares el barril; varios renglones de gasto social se aumentaron en 15 mil millones de pesos; ese mayor gasto se financiaría, una mitad con los mayores ingresos estimados, y la otra mitad con un ajuste provisional en otros renglones no prioritarios que serían escogidos por el Ejecutivo; los ingresos que resultaran excedentes se utilizarían en primer lugar para compensar los renglones ajustados provisionalmente, y lo demás para crear un fondo de estabilización petrolera y amortizar deuda.
A principios de año, la Secretaría de Hacienda anunció el recorte provisional, concentrándolo en aspectos prioritarios como Educación, SCT, Pemex y CFE, pretendiendo invalidar parcialmente los aumentos de gasto decididos por los legisladores. Ese ajuste debió ser compensado durante el primer trimestre con los enormes ingresos excedentes que se recibieron debido al incremento en el precio del petróleo. Pero el ajuste no se dio, ya que el Ejecutivo puso como pretexto un calendario de ingresos esperados, exageradamente inflado para los primeros meses.
Al cerrar el primer semestre del presente año, el Ejecutivo se negó de nuevo a compensar ese gasto incluido en el presupuesto decidido por los legisladores, y sólo ajustado de manera provisional, mientras se obtenían ingresos mayores a los subestimados en la Ley de Ingresos. Además, en el informe sobre las finanzas públicas para el segundo trimestre de 2000, el presidente afirmó textualmente que no acatará esa decisión de los diputados durante lo que resta del año (página 40).
El presidente Zedillo pretende justificar este auténtico desacato a una decisión del Poder Legislativo, afirmando que un aumento del gasto público podría atentar contra el mantenimiento de los equilibrios básicos de la economía, incrementando el déficit fiscal. Sin embargo, ese argumento es totalmente falaz, ya que nadie está proponiendo un aumento del gasto por encima de lo presupuestado, sino que los recursos públicos, ahora incrementados por los mayores ingresos petroleros, se utilicen estrictamente como lo decidieron los legisladores.