MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000

Ť Bernardo Bátiz Vázquez Ť

Funciones del Estado y Renave

Cuando se aprobó el registro de automóviles en la Cámara de Diputados, los representantes del PRI y del PAN votaron a favor todo el proyecto, que incluía la dudosa entrega del control del registro a la iniciativa privada; los diputados del grupo parlamentario del PRD votamos a favor del registro, pero discutimos en tribuna y luego votamos en contra de que dicho registro quedara en manos de empresas particulares.

En el fondo de este incidente, que tiene diversas aristas y lecturas, está el debate sobre el papel del Estado en la economía y la vida social. Por una parte, están los que piensan que todo está regido por las leyes del dinero y las ganancias y que, por tanto, la mayor cantidad de actividades posibles debe dejarse en manos de empresarios particulares. Por otra, quienes pensamos que el Estado tiene una función rectora de la sociedad y la economía, que de ninguna manera puede estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, y que hay áreas de las actividades sociales y económicas que deben estar a su cargo.

En ambas posiciones hay extremos que se manifiestan intransigentes con las posturas equilibradas; durante el debate en la Cámara de Diputados se expresó claramente que la administración de un registro público de vehículos no podía dejarse a la actividad distinta del gobierno y sus agentes, porque esa función correspondía a un servicio público relacionado con la seguridad y la impartición de justicia; los extremistas de la vuelta al liberalismo arrastraron a diputados del PRI y del PAN a votar en contra de esa postura.

En las discusiones en comisiones y en los corrillos y cabildeos que forman parte del trabajo legislativo, se dijo que el registro quedaría en manos de los mismos comerciantes de automóviles, que eran los más interesados en que se volviera a tener un control que si no impediría, sí dificultaría el comercio ilícito de vehículos robados; se dijo también que eran quienes podrían llevarlo a la práctica; al final, también esos posibles interesados quedaron a un lado y se dio la concesión a una empresa extranjera, que quizás ya tenían en mente quienes desde diversas oficinas públicas promovían el proyecto.

Siendo el llamado Renave un registro público, por serlo precisamente por su naturaleza de público, no puede quedar en manos de personas particulares y mucho menos si se trata de grupos interesados en el asunto que no garantizan la imparcialidad del mismo ni la confidencialidad de los datos.

El Estado, que no es otra cosa que la misma sociedad organizada políticamente, es quien debe atender las cuestiones públicas y vigilar que los particulares no violen las leyes, cumplan con sus obligaciones y cargas sociales; esas funciones no pueden ni deben quedar en manos de comerciantes.

Ciertamente, algunos años críticos de nuestra historia reciente (la famosa docena trágica) hicieron ver que las áreas que pretendió atender y controlar el Estado fueron tantas y tan diversas, que el experimento fracasó estrepitosamente y, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, las cosas empezaron a cambiar y se abandonaron muchas actividades que, en efecto, no tenían que estar a cargo de la actividad pública, como negocios de hotelería, fabricación de bicicletas, de afeites para la cara y otros igual o más desorbitados.

Sin embargo, las cosas se llevaron al otro extremo y se ha pensado por los neoliberales que hasta la justicia se debería de impartir por particulares, y esto no es posible.

El Estado existe y justifica su existencia precisamente porque es la organización que por encima de los intereses de cada persona o cada grupo o sector social en particular, busca fines y bienes de carácter general.

Como acertada y oportunamente lo dijo el procurador Samuel del Villar, un registro de automóviles, que es una medida de seguridad y de prevención del delito, que será sin duda un instrumento auxiliar en la administración de justicia, es una función claramente propia de las autoridades y precisamente de las encargadas de la seguridad y la persecución de los delitos.

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