MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000
Ť Se agudiza la política de contrainsurgencia
Aumentan efectivos militares en comunidades zapatistas: PAN
Ť Despliegan vigilancia castrense disimulada en Oventic
Hermann Bellinghausen, enviado, Oventic, Chis., 29 de agosto Ť Al aproximarse el fin del régimen priísta en la entidad, las políticas de militarización, y sobre todo de contrainsurgencia, han entrado en un periodo de agudización y aceleración que contradice en los hechos las declaraciones, hoy tan frecuentes, en el sentido de que ya se acabó el problema y con el arribo de la democracia pierde razón de ser el conflicto. Por lo pronto, la columna de 25 vehículos que hoy atravesó el municipio autónomo San Juan de la Libertad parecía ignorar tan buenas noticias. En las comunidades autónomas el movimiento de tropas entre Simojovel y Bochil creó tensión y preocupación, según informa el vocero de esta comunidad zapatista.
La coordinadora de la fracción panista en el Congreso estatal, Victoria Rincón Carrillo, denunció hoy en Tuxtla Gutiérrez que se han incrementado los efectivos militares ''en municipios de la zona zapatista'', sobre todo desde los días previos al 20 de agosto, ''con el argumento de las elecciones estatales''. La legisladora dijo que esto se comprobó en los municipios de San Andrés Larraínzar, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.
Mientras los grupos paramilitares --hasta hace poco oficialmente inexistentes-- salen a la luz en diversos operativos, el todavía gobernador interino Roberto Albores Guillén apresura la creación de ''sus'' municipios en la zona de conflicto, y pretende agregar otros siete a los siete municipios que ya operan, sin autorización federal, pero en ''cumplimiento'' sui generis de los acuerdos de San Andrés. Financiados mediante un fideicomiso de los empresarios gasolineros, los municipios alboristas corresponden a la geografía de los grupos paramilitares de filiación priísta.
Paradójicamente, la tensión y la violencia que esto genera ha afectado en primera instancia a las propias bases priístas, en lo que pareciera el ''efecto Chimalhuacán'', cuando los grupos armados progubernamentales se salen del huacal.
En Tila y Ocosingo las organizaciones civiles Paz y Justicia y OPDDIC se han deslindado de las bandas armadas surgidas de sus filas, a raíz de sus apariciones en Peña Limonar y Tierra y Libertad-El Paraíso. Un descontento similar recorre a las familias de Maravilla Tenejapa, uno de los primeros municipios alboristas. En su descontento, mucha gente votó por el candidato opositor a la gubernatura, y no quiere saber nada de paramilitares.
En lo que se mantienen los patrullajes diarios sobre Polhó, La Realidad, Roberto Barrios y decenas de comunidades circundantes, Oventic experimenta una vigilancia militar más disimulada: ahora los militares pasan vestidos de civil en vehículos también civiles, sin que por eso disminuyan los movimientos castrenses en la vecina base de operaciones de San Cayetano.
A pesar de las promesas de los nuevos gobernantes, tanto del país como de Chiapas, de que habrá una distensión militar, los cuarteles se asientan y construyen con intenciones definitivas y con tanta prisa como se crean nuevos municipios. Todo indica que la intención es ''heredar'' al nuevo régimen una situación ''dada'' y permanente. Sólo así se explica que a partir de las elecciones se hayan apresurado obras en los cuarteles de Guadalupe Tepeyac, Euseba, Amador Hernández y Roberto Barrios, que tienen en común dos cosas: se encuentran enclavados en zonas densamente zapatistas, y se ubican en predios enajenados ilegalmente a los municipios autónomos.
Muros de roca y cemento se erigen por igual, calles asfaltadas, edificios de oficinas y departamentos, tiendas de autoservicio, arsenales e instalaciones deportivas, en los distintos confines selváticos. Además, como denuncia nada menos que el PAN, los efectivos siguen aumentando.
El legislador perredista José Juan Ulloa declaró que la presencia de las fuerzas militares en la región ''ha significado un grave retroceso económico y social para Chiapas, pues la permanencia de los militares se ha logrado con severos recortes a la inversión y el gasto social''. También aseguró que para el reinicio del diálogo con el EZLN, se requiere ''la disminución de las tropas en las comunidades y la desarticulación de los grupos paramilitares''.
En sentido similar se manifestó La Voz de Cerro Hueco, que representa a los indígenas zapatistas presos en diversos penales chiapanecos. Su vocero, Abelardo Méndez Arcos, declaró que el triunfo de la oposición no significa que estén dadas las condiciones para un diálogo, pues ''no se han cumplido las exigencias del EZLN, como son la desmilitarización de las comunidades, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y la liberación de los presos políticos''.