MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000

Ť Es compatible con la vocación de México en pro de los derechos humanos

Propone Soberanes suscribir el Estatuto de Roma

Triunfo Elizalde Ť José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se manifestó ayer porque México firme el Estatuto de Roma; hizo notar que es una decisión política y que la comisión espera que las autoridades expresen su voluntad por incorporarse a este órgano internacional antes del 31 de diciembre próximo.

Durante la clausura del seminario La Corte Penal Internacional, Soberanes señaló que para la firma de este documento se debe considerar que el derecho es un instrumento y no un fin en sí mismo, y la discusión acerca de suscribir el Estatuto de Roma, como cualquier otro instrumento internacional, debe responder al objetivo de juzgar y castigar crímenes de la magnitud y gravedad que son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que es plenamente compatible con la vocación de México por promover y proteger los derechos humanos a través de los instrumentos jurídicos, sentimientos que han inspirado nuestro orden constitucional.

Por otra parte, Sergio García Ramírez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Miguel González Félix, embajador y consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expusieron en el seminario diferentes posturas en torno a ese tema.

García Ramírez consideró que México, una vez que haya revisado y modificado su sistema penal, pudiera encontrarse dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en un lapso de 25 a 30 años. Nuestro país debe realizar un ajuste de su jurisdicción penal, tomando en cuenta que la CPI tiene la ventaja de ser de carácter permanente; que se refiere únicamente a ventilar delitos como genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos de administración de justicia y otro delito que pudiera ser la agresión.

Dijo que no debemos permanecer aislados de los cambios en los códigos penales que ocurren en todo el mundo, y señaló que el derecho penal mexicano no está al día con los Tratados de Ginebra, por lo que debe darse primero ese paso para después profundizar en la CPI.

Hizo notar que aun en la Corte no están desarrollados los elementos del crimen, o sea, los datos y las experiencias para tener puntos de referencia en cada caso a seguir; y opinó que de no clarificarse lo anterior nos estaríamos comprometiendo con un sistema penal sin conocer sus alcances.

Al hablar de casos juzgados por las leyes de un país, dijo que cuando se ingresa en la CPI ésta tiene autoridad para solicitar que se abra un nuevo proceso, lo cual se opone a las garantías constitucionales porque no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, pero como la Corte no acepta reservas en estos aspectos, cuando se está en la CPI ésta tiene toda la autoridad para reiniciar juicios, sobre todo si se toma en cuenta que en algunas ocasiones los juicios locales buscan proteger o penalizar ligeramente a quienes cometieron delitos graves, desde el punto de vista de la CPI.

En otro orden de ideas, García Ramírez ratificó una vez más que todas las fallas y errores personales o de grupos de priístas están manchando la imagen de ese partido, y dijo que él no está de acuerdo con ellos, no los secunda ni mucho menos los protege.

En su intervención, Miguel Angel González manifestó que el adherirse a la CPI es un tema muy difícil de tratar en el ámbito jurídico penal mexicano, que tiene muchos aspectos problemáticos en relación con la Constitución y con el Código Penal, sin que esto signifique una oposición a que el país llegue a firmar antes del 31 de diciembre el Tratado de Roma.

Precisó que todo lo que se refiere a la CPI lo está viendo un equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sus funciones terminan el próximo 30 de noviembre. Explicó que él supone que el equipo de transición del presidente electo, Vicente Fox, está trabajando arduamente en todos los temas de carácter internacional, en especial en materia de relaciones exteriores, y el firmar la carta constitutiva de la Corte Penal Internacional será decisión del gobierno que entra en funciones el 1o. de diciembre.

Señaló que nuestro país, en materia de derechos humanos, figura en más de 50 convenios internacionales de protección, y no se han asumido tratados acerca de otros 17 convenios porque contienen aspectos que ya están cubiertos por las leyes mexicanas. Luego de reconocer que la CPI es un tribunal supranacional que está por encima de las constituciones de los países miembros, dijo que su aceptación en el caso mexicano requiere de modificaciones constitucionales, tomando en cuenta que en aquel tribunal no se aceptan las reservas que hagan los países en sus leyes.

Luego de dos días de trabajos, en que participaron funcionarios públicos, investigadores, doctos en derecho constitucional e internacional, los resultados arrojaron la percepción de un consenso sobre la idea de pertenecer a la Corte Penal Internacional, e incluso se manifestó el deseo de que el presidente Ernesto Zedillo, durante su próxima visita a Nueva York, firme el Estatuto de Roma, y corresponderá al próximo gobierno llevar adelante la revisión del sistema penal mexicano para adecuarlo al estatuto.

También como resultado de los trabajos se dijo que se distinguió el tipo de violaciones graves a la dignidad humana sujetas a la competencia de la CPI, como son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión; se reconoció el carácter complementario de la CPI y la existencia de varias normas en el Estatuto de Roma, cuyas disposiciones no son del todo compatibles con la Constitución mexicana y las leyes secundarias.