MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000
Ť Vinculan al ex marino
Investigan contratos y sociedades en varias naciones
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 29 de agosto Ť Mientras se informaba aquí sobre la intervención del Renave en México, la defensora del pueblo de Buenos Aires, Alicia Oliveira, solicitó informes al Ejecutivo sobre un contrato firmado por el gobierno de la ciudad con la empresa Seal Lock, a la que está vinculado Ricardo Miguel Cavallo, junto al ex capitán Jorge Radice, otro de los acusados por los crímenes cometidos en la Esma.
Radice actuaba bajo el seudónimo de Rugger y, al igual que Jorge Tigre Acosta, fue uno de los mas temidos hombres del GT.3.32 y responsable de secuestros, asesinatos, desapariciones y robo de bienes de detenidos. La defensoría del Pueblo envió un oficio urgente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de esta ciudad solicitando el contrato firmado con Seal Lock para confeccionar las licencias de conducir.
Otro tema que se investiga son las sociedades que proliferaron con gente extranjera y los suministros de plásticos especiales. Pero no sólo en Argentina, también en Uruguay se investiga a algunas de las empresas vinculadas, especialmente porque se menciona a Radice en el tema del tráfico ilegal de armas y de recursos que se mueven a través de empresas fantasmas de Uruguay.
En Bolivia también hay pedido de informes, ya que una empresa de Cavallo había pretendido participar en la licitación del registro de identificación en Bolivia. El periódico La Razón informa extensamente sobre la compra del pliego por Setracen -Servicios de Tránsito Centroamericano, nombre con el cual operan en El Salvador- y Talsud, con la cual llegó a México.
Ambas empresas participan en este momento en procesos de licitación, lo cual ha producido una estampida de solicitudes de informes. Así, el radio de operaciones de estos empresarios puede llegar a destapar una inmensa red y se cree que se está viendo apenas la "punta del iceberg".
De hecho, un estudio jurídico local revisa todas las sociedades en torno a la documentación de los (pasaportes y DNI) argentinos, que han quedado en mano de empresas privadas varias veces mencionadas en escandalosos casos de corrupción. Pero además fueron denunciados los contactos y presencias de los asociados ex represores de la pasada dictadura en estos negocios tan sensibles y estratégicos como la documentación.
Desde hace tiempo los organismos de derechos humanos cuestionan la posibilidad de que los nuevos documentos, que están sometidos a normas de seguridad de convenios bilaterales que el argentino medio desconoce, puedan estar "marcados" en caso de dirigentes políticos , sindicales, o estudiantiles, entre otros.