MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000

Ť La vida no depende de leyes, advierte el obispo Godínez


El veto en Guanajuato, triunfo de la sociedad: ONG y académicos

Ť Fracasaron presiones de la Iglesia y grupos conservadores, dicen

Ť Plantea GIRE convocar a un debate nacional sobre el aborto

Angeles Cruz, Karina Avilés y Carolina Gómez Ť Mientras organizaciones civiles y académicos afirmaron que la decisión del gobernador de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, de vetar la reforma al Código Penal de esa entidad demuestra que las presiones del clero y los sectores conservadores no pueden imponerse a la sociedad, el obispo Ramón Godínez Flores rechazó que la Iglesia haya sido derrotada porque el aborto, con o sin ley que lo castigue, ''seguirá siendo un crimen''.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) consideró que con lo ocurrido en Guanajuato se abre una nueva oportunidad para convocar a un debate nacional sobre la despenalización del aborto. Las encuestas sobre el tema reflejaron que la sociedad no es conservadora y exige el respeto a su derecho de decidir sobre cuestiones personales, apuntó.

La mujer tiene la libertad de decidir

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la noticia de dar marcha atrás a la ley que sancionaba a las mujeres que interrumpieran un embarazo resultado de violación, fue considerada como un triunfo de la sociedad. Fernando Martínez Cortés, investigador de la Facultad de Medicina y autor de una obra sobre el respeto a la persona humana, consideró el veto del gobernador de Guanajuato como un ''triunfo para los humanistas'' porque la mujer tiene la libertad de decidir ''qué hace con su cuerpo y qué hace con los productos de su cuerpo''.

Por encima de todo, dijo, está el respeto a la persona humana, a su dignidad y a su intimidad. Entonces, la mujer puede hacer lo que ella quiera, de acuerdo con determinados lineamientos. ''Lo que se hace brutal y absurdo es que a la mujer agredida por una violación todavía se le agreda más con el sentimiento del pecado''. La verdadera religión, subrayó, es la del respeto al ser humano.

En este punto coincidió con Consuelo Mejía, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, para quien el veto de Martín Huerta es una manera de distanciarse del mandato de la jerarquía católica. Está demostrado, dijo, que no se puede legislar sobre temas tan sensibles sin tomar en cuenta la opinión y los derechos de las personas, en particular de la mujer.

Se congratuló por el hecho de que las opiniones de la Iglesia no tuvieron eco en la decisión del gobernador. En tanto, Ana María Hernández, coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señaló que quedó demostrado que en el acto de gobernar se pueden cometer errores, escuchar a la gente y rectificar. Una actitud similar, agregó, esperamos de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) para que en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso local modifiquen su postura y por lo menos mantengan el Código Penal como está actualmente.

Lo ideal sería que se ampliaran las causales de no punibilidad para la interrupción del embarazo, tal como lo propone el Partido del Trabajo, señaló.

El director de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), Carlos Arteaga, opinó que de no haberse vetado estas reformas, las consecuencias sociales para el país hubieran sido muy graves, pues el problema del aborto tiene una vinculación directa con la desintegración familiar, los niños abandonados y de la calle y la drogadicción juvenil, entre otros.

Posible influencia del presidente electo

El veto obedeció a que el presidente electo, Vicente Fox Quesada, dio ''línea'' porque no podía empezar su mandato con una problemática social que amenazaba con profundizarse y, por otro lado, la presión de la sociedad lo forzó a tomar esa decisión. ''Lo anterior no significa que vaya a encabezar un gobierno democrático y abierto'', acotó Arteaga.

Para Carola García Calderón, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), esta coyuntura puede servir ''para contener a la Iglesia y a los grupos más radicales que se aprovecharon de la situación para intervenir.

''Ojalá que se iniciara una discusión seria sobre la problemática de salud pública que representa el aborto y sobre la doble moral, pues la Iglesia no se va a hacer cargo de todos los niños no deseados ni tiene que obligar a una mujer a tener un hijo que no planea'', enfatizó.

Por su parte, el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, señaló que la vida no depende de las leyes, sino de la moral y las costumbres, ''pero sobre todo de la ley de Dios inspirada en los diez mandamientos'', y reiteró que aquella que interrumpa un embarazo se hace acreedora a la excomunión.

En entrevista, el prelado opinó que a las reformas penales de Guanajuato les falta establecer sanciones para los violadores, y resaltó que las víctimas de violación necesitan apoyo, no castigo. Sostuvo que la mayoría de los abortos ocurren por ignorancia porque ''las mujeres consideran que el niño que llevan en su vientre es una especie de tumor, en lugar de un ser humano''.

Decisión saludable, consideran evangélicos

En contraste, Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), calificó de saludable el veto al Código Penal guanajuatense, ya que demuestra que hasta los partidos más conservadores deben tener en cuenta que no gobiernan sólo para una comunidad, sino para una sociedad plural.

Farela señaló que las reformas aprobadas por los legisladores panistas de Guanajuato revelaban un fundamentalismo persecutorio en contra de las verdaderas víctimas: las mujeres.

Dijo que las convicciones morales y espirituales jamás deben imponerse a una sociedad plural, en la que hay muchas personas sin religión o que profesan un culto diferente al católico. En Confraternice ''estamos a favor de la vida, pero en contra de que se imponga a la sociedad criterios de la fe católica''.

Los evangélicos ''lucharemos porque se respete la pluralidad en todos los ámbitos de la vida, aunque vayan contra nuestros principios cristianos'', porque la sociedad ha evolucionado y no acepta ningún tipo de imposiciones tiránicas, concluyó.

El PRD, ignorante de la ley, señala Nuevo Criterio

Pretender demandar ante la Secretaría de Gobernación al cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, por permitir el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa a María del Consuelo Hidalgo y Mondragón, articulista de la Arquidiócesis de México, manifiesta ''ignorancia de la ley, intolerancia antidemocrática, violación de los derechos humanos y atenta contra las libertades consagradas en la Constitución''.

Lo anterior fue señalado por José de Jesús Castellanos, director del semanario católico Nuevo Criterio, en relación con las declaraciones hechas por Jesús Zambrano Grijalva, secretario general del PRD, quien sostuvo que Rivera Carrera ''se excede en sus funciones'' al llamar a sus fieles a pedir perdón por haber dado el poder a un partido político (al PRD) que en su plataforma habló del aborto como algo que debe permitirse'', y porque los representantes perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hayan reformado el Código Penal local para ampliar las causales de aborto.

En un comunicado, Castellanos aclara que en la publicación se recibió con ''sorpresa la extraña y desatinada reacción'' de Zambrano Grijalva, el cual -establece Castellanos- probablemente jamás leyó el artículo firmado por Hidalgo y Mondragón, y no por el cardenal Rivera.

Sostiene que la reacción de Jesús Zambrano es explicable, pues si los perredistas ''no toleran la vida en el seno de la madre'', es entendible que ''alienten actos de represión contra quienes disienten de sus puntos de vista''.

Por su parte, Hidalgo y Mondragón señala, mediante un escrito, que quien es responsable de un artículo es el autor, por lo que deslindó de cualquier responsabilidad al cardenal.

Finalmente, el directivo de Nuevo Criterio estimó que culpar al arzobispo primado de México de lo publicado en la revista es un acto de ''naturaleza política más que de seriedad jurídica'', y dejó en claro que el semanario católico no es una publicación oficial del Arzobispado, sino de laicos pertenecientes a éste, por lo que de ahora en adelante se modificará la leyenda ''publicación de la Arquidiócesis de México''.