SOLIDARIDAD I: RIESGOS DE LA DEPENDENCIA
El fallo ocurrido a bordo del satélite Solidaridad I -que, de acuerdo con la información disponible, puede haberse perdido de manera definitiva- ha causado trastornos de consideración en las telecomunicaciones del país y aun del extranjero y se prevé que origine pérdidas monetarias de consideración a múltiples empresas que han venido utilizando dicho aparato para sus comunicaciones, así como a la concesionaria, Satmex, la cual podría dejar de percibir unos 20 millones de dólares.
La existencia de sistemas de redundancia (vías alternativas de comunicación) entre los usuarios más poderosos del servicio satelital -bancos y empresas de telefonía, radiolocalización, televisión y radio- ha permitido minimizar, en esos sectores, los efectos del percance. De esa manera, los más afectados han sido -como suele suceder- los estratos de población de más bajos recursos, a los cuales está dedicado el sistema de educación a distancia Edusat, el cual ha perdido 50 por ciento de su capacidad de difusión. Concretamente, casi 12 mil telesecundarias en diversos puntos del país se encuentran incapacitadas para operar con normalidad.
Por lo demás, la casi segura pérdida del Solidaridad I pone de manifiesto la vulnerabilidad de las telecomunicaciones del país, las cuales dependen en medida creciente de costosos sistemas satelitales. Se trata, ciertamente, de una tendencia mundial que debe su razón a la competitividad económica y a la eficiencia de tales artefactos, cuya utilización permite ahorros significativos en cableado e instalaciones de tierra. Sin desconocer ese hecho, es cuestionable el grado de dependencia en que el empleo de esa tecnología coloca al país, el cual carece de tecnología propia en materia de fabricación y control de satélites, por no hablar de vectores de puesta en órbita, los cuales se encuentran en manos de un puñado de naciones y corporaciones multinacionales: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China y, de manera cada vez más precaria e incierta, Rusia.
La privatización y desnacionalización parcial de la entidad responsable de operar los satélites mexicanos agrava los riesgos referidos. Si el desarrollo de las telecomunicaciones nacionales dependerá en grado creciente -como ocurrirá- de tecnología satelital, y si los efectos de una descompostura -como ha sido posible avizorar en esta circunstancia- pueden provocar la parálisis de grandes sectores de la vida nacional, parece pertinente y necesario revisar el esquema vigente de utilización de satélites, y esa tarea debiera merecer la prioridad de un asunto de seguridad nacional.
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